Martes 21 de enero de 2003

 

Lanzan un plan de reinserción laboral

 

El gobierno estimulará a empresas para que tomen a beneficiarios de Jefes y Jefas.

 
El gobierno dará hoy más detalles sobre el funcionamiento del sistema.
BUENOS AIRES (DyN/Télam) - El presidente Eduardo Duhalde y la ministro de Trabajo, Graciela Camaño, anunciarán hoy la implementación del programa que permite a los beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar ser incorporados como trabajadores formales por empresas privadas.
El plan denominado "Componente Solidario de Reinserción Laboral" hará posible la reinserción de unos 400 mil beneficiarios el empleo formal, informó el Ministerio de Trabajo.
El anuncio será realizado hoy al mediodía, por el presidente Duhalde y Camaño, tras la reunión de Gabinete Nacional en la residencia de Olivos.
La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, indicó que el plan de empleo "es un complemento solidario de reinserción laboral del plan jefas y jefas de hogar desocupados y actualmente está vigente, pero se le están dando las puntadas finales para proporcionar un mecanismo más ágil de empleo, que dé mayor certeza a los empresarios y los trabajadores que se incorporen al plan".
Señaló que la intención del Ministerio con el nuevo programa es que los beneficiarios empleados "sean nuevos trabajadores que puedan quedar en las empresas como empleados plenos".
Puntualizó que "lo que estamos advirtiendo es que hay un movimiento de toma de personal por parte de las empresas tanto en el sector formal como informal y lo que pretendemos es incentivar a que la toma de trabajadores se haga en el sector formal".
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, anunció hoy que "se están analizando algunas decisiones para convertir esta red de contención social -en referencia plan jefes de hogar desocupados- ya no sólo en una cuestión de ayuda a excluidos sino también para que pueda ser el vehículo más apropiado para lograr la reinserción laboral".

Cómo funcionará el nuevo sistema

El plan contempla que las empresas que ocupen a Jefes y Jefas de hogar desocupados recibirían por 6 meses de parte del Gobierno 150 pesos por trabajador, para incluirlos en el salario.
Así, el Estado continuará otorgando los 150 pesos de ayuda a través de los planes, mientras que la empresa podrá incorporar al trabajador pagando el resto del salario de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, más las cargas sociales.
La etapa inicial del programa de reinserción se fija en seis meses. Al séptimo mes el trabajador puede adquirir la calidad de "trabajador pleno".
Por caso, una empresa que tome a diez beneficiarios del plan, si al séptimo mes los efectiviza, el Estado le da la posibilidad de seguir incorporando gente, de lo contrario no puede disponer de más personal bajo esa modalidad.
En ese contexto se plantean como alternativas, primero, un mes de entrenamiento y capacitación del beneficiario durante 4 horas diarias, donde el empleador solo abonará seguro (ART) y viáticos, comenzando con su labor al segundo mes.
O bien sin entrenamiento ni capacitación, y empezando con sus tareas desde el primer día. Según lo informado por la cartera laboral, las empresas interesadas deben inscribirse en el registro de empleadores, en las agencias que el Ministerio de Trabajo posee en todo el país.
Hasta ahora, las empresas registradas son 1055. (DyN)

Pese a la recesión, menos conflictos laborales

BUENOS AIRES (ABA).- La crisis económica de 2002 tuvo una inesperada derivación en el ámbito laboral: en plena recesión, los conflictos de trabajo disminuyeron con respecto al último año y bajaron de 358 casos durante la gestión de Fernando De la Rúa a 285 en el primer año de Eduardo Duhalde en el poder.
Así lo revela un estudio de la consultora Nueva Mayoría, que conduce el sociólogo Rosendo Fraga. El trabajo pretende analizar la evolución que la conflictividad laboral siguió en el país desde 1980 hasta la actualidad.
Sin embargo, el fenómeno por el cual se produjo una merma en la proliferación de los reclamos laborales responde, según la investigación, al temor de los asalariados a ser despedidos.
"El aumento del desempleo tiende a disminuir la conflictividad laboral, ante el temor de perder los puestos de trabajo", dice en una de sus conclusiones el análisis.
Cuando se evalúan los conflictos por sector, sale a la luz que la mayor cantidad de fricciones ocurren en el ámbito público. De acuerdo con el estudio, la razón de esto es que en esa área de la economía "la fuente de trabajo no se pone en riesgo con las medidas de fuerza".
Los datos consignados indican que más de la mitad, el 51% (es decir 4.729) de los 9.337 conflictos de este tipo que hubo a partir de 1980 correspondió a los gremios del sector público. El 25% (2.170) restante ha tenido lugar en los enclaves industriales, el 23% (2.326) en los de servicios y el 1% final fueron medidas de tipo regional o general, con el impulso de las grandes centrales obreras nacionales o locales.
La investigación muestra que los conflictos en los sindicatos del sector público fueron el 45% del total en la década del 80, crecieron al 58% en los años noventa y en lo que va de la primera decena del siglo XXI llegaron al 60%.
"Cabe destacar que en 2002, los conflictos en el sector público fueron el 72%, lo que puede explicarse por la disminución de la conflictividad que el desempleo impone en el sector privado", sostiene el estudio.
Cuando se analiza la conflictividad laboral en función del desempleo, el paper pone en evidencia que el mayor nivel de casos tuvo lugar entre 1986 y 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
El récord se registró puntualmente en 1988, el último año completo de la gestión alfonsinista, cuando se alcanzaron los 949 episodios. Le siguen 1987, con 736, y 1986, con 725.
Desde entonces, la tendencia fue decayendo hasta llegar a los 125 en 1997, la cifra más baja desde 1980, momento de base adoptado para realizar el estudio.
El crecimiento sostenido de los conflictos se verificó en 1988 (165), 1999 (209) y 2000 (238), y se sostuvo hasta 2001, hasta que se interrumpió en los últimos 12 meses.
Las tasas de desocupación del 5,2 y el 6,1% registradas entre 1986 y 1987 sirven para entender el fenómeno. A la inversa, después de 1995, cuando el desempleo se mantuvo cerca del 20% y llegó al 21,5% en 2002, no se superaron los 450 casos.
La inflación también influye en la variación de los reclamos. Según el informe, se registraron elevados índices de conflictividad en los años de mayor inflación, como 989 (751 casos) y 1990 (864 casos).
   
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