Martes 21 de enero de 2003
		Ley de lemas sin ballottage: un presidencialismo de dudosa legitimidad
		Por Gabriel Rafart (*)
		odos dan por seguro que el próximo presidente saldrá de las filas justicialistas. Pero falta el candidato. Los herederos del partido de Perón no han sabido hallar el mecanismo adecuado para decidirse por una única fórmula. De hecho la conducción partidaria optó por archivar el expediente de las internas. Hoy quieren servirse de una ingeniería electoral utilizada en la vecina República Oriental del Uruguay que, a pesar de haber demostrado cierta eficacia, fue discutida para ser revisada en la reforma constitucional de 1996, dejando sin efecto el "doble voto simultáneo" e introduciendo el ballottage. La posible aplicación de una "ley de lemas" en la Argentina para las presidenciales de este año no surge de una abordaje serio y responsable acerca del mejor régimen electoral capaz de atender la actual crisis de legitimidad de nuestra dirigencia política. Porque se la piensa como recurso de última instancia tendiente a resolver el conflicto originado por el liderazgo dentro del peronismo. No menos preocupación deberíamos tener si el escenario electoral previsto posibilitara la elección de un presidente bajo esa fórmula en una primera vuelta, sin que se active el mecanismo de ballottage estipulado por la Constitución Nacional reformada en 1994. Las proyecciones de un escenario electoral semejante tienen asidero frente al grado de fragmentación existente en los partidos mayoritarios y las exigencias especiales para acceder a una segunda vuelta. Consideramos que el resultado de esta alquimia sería el peor de todos los posibles para restablecer la autoridad y la legitimidad democrática en un escenario cargado de incertidumbre y frustraciones sobre el desempeño de nuestra vida política. Es que el presidente elegido surgiría de una facción minoritaria del electorado de un partido quebrado en su identidad y liderazgo. Atendamos inicialmente a las particularidades de la ley de Lemas, seguidamente del ballottage no tradicional vigente en nuestro país y las consecuencias de la aplicación de la primera sin el segundo. Una "ley de lemas" adopta la idea del "doble voto simultáneo como un mecanismo en el que las tensiones internas de cada estructura partidaria se juegan públicamente en las elecciones, posibilitando que las distintas fracciones expresadas en cada lema midan sus fuerzas abiertamente, pero a la vez acumulen votos, compitiendo entre sí y con los adversarios, en el mismo acto. En síntesis se trata de un régimen donde se permite al elector votar por el partido y por distintas candidaturas dentro de su partido de preferencia haciendo que las identidades diversas adquieran todo su visibilidad y poderío. Con el ballottage o segunda ronda electoral se procura establecer un claro piso de legitimidad popular al presidente. Para ello se acepta el criterio mayoritario, si no se obtiene la mayoría de la mitad más uno en el primer turno electoral, se accede a una segunda instancia competitiva entre las dos formulas más votadas. Nuestro país se incluyó en la ola de reformas constitucionales en América Latina de los noventa, donde se introdujo el doble turno electoral a la francesa con el propósito de asegurar apoyo mayoritario al presidente. La Constitución de "Olivos" incorporó un ballottage que se considera no tradicional, aunque inspirado en el esquema constitucional de Costa Rica. Su particularidad reside en que puede ser ganador el candidato que en la primera vuelta electoral obtenga el 45% o el 40% de los sufragios y una diferencia de 10 puntos con su inmediato seguidor en caudal electoral. Ni con la reelección de Menem de 1995, ni con el triunfo de De la Rúa-Alvarez en 1999 fue necesario activar la segunda vuelta electoral. En el primer momento, el Partido Justicialista logró retener la presidencia porque supo desprenderse a tiempo de quienes contribuyeron a la candidatura de José Octavio Bordón, incorporando a su vez elementos extrapartidarios de la derecha liberal histórica. La fragmentación de la oposición al menemismo y el bajo rendimiento de la UCR como efecto indeseado del pacto de Olivos impidieron forzar una segunda vuelta. En octubre de 1999, la elección que tuvo por triunfadora a la Alianza puso en evidencia que la eventualidad del ballotta-ge es un buen incentivo para conformar acuerdos electorales. Pero también dejó en claro que un partido con minorías "intensas" que se bloquean mutuamente puede quedarse en el primer turno electoral. La disputa Duhalde-Menem de aquellos años, revivida hoy con nuevos actores, fue parte de aquel fracaso. La ingeniería electoral de una ley de lemas para dirimir simultáneamente el liderazgo partidario y la Presidencia de la República puede transformarse en una nueva fuente de ilegitimidad engendrada por nuestra clase política. La competencia entre por lo menos tres candidatos dentro del Partido Justicialista que sumando sus votos obtengan el piso del 40% y una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo, le aseguraría la presidencia. De allí que no sería imprescindible activar la segunda ronda electoral. La fórmula presidencial ganadora podría ser aquella que obtuviera menos votos que los candidatos que siguen en orden de preferencia. A todo ello debemos agregar la expectativa creciente, ya cristalizada en las pasadas elecciones, de un contundente abstencionismo cuando no de expresiones donde se impugna el voto o se decide por el votoblanquismo. La Argentina tendría entonces un presidente expresión ya no de un partido sino de una facción que se haría más intensa y excluyente en el poder después de una fuerte competencia electoral, no hacia las candidaturas por fuera de su partido, sino con aquellas que provienen de su mismo riñón. El peronismo cuando de competencia se trata (pacífica o armada) no siempre aceptó la máxima de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. El futuro de un liderazgo semejante dejaría abierta la puerta a una construcción para nada plebiscitaria tal la experiencia personalizada y decisionista de nuestro presidencialismo para pasar a un esquema de neto corte autoritario y excluyente. Pensando en el mediano plazo es muy difícil que la sociedad argentina y nuestra democracia se sobrepongan de semejante resultado, cuando la mayor parte de los analistas responsables considera que las próximas elecciones no despiertan ni el suficiente interés y menos expectativas por una auténtica refundación de nuestro sistema político. Quienes sostienen que los sistemas políticos democráticos pueden sufrir una muerte lenta pero efectiva tendrán posiblemente el primer caso para su laboratorio de estudio. (*) Profesor de Derecho Político – UNC
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