Río Negro Online / Opinión

Lunes 20 de enero de 2003

Tragamonedas

Por Graciela Di Biase (*)

Una misma mecánica perversa parece ser la clave que caracteriza y explica la gestión otoñal del gobernador Pablo Verani, quien se presenta en estos días más preocupado por perpetuar a sus acólitos que por la provincia, jugando entre otras cosas a la baraja con el cronograma electoral, que arrastra tras de sí la vida institucional que es un bien democrático de más de medio millón de rionegrinos.
Dos ejemplos de este dispositivo emergen a la luz pública en los últimos días: el manejo de los medios de elevación más 70 hectáreas de tierras fiscales en el cerro Catedral, y la adjudicación directa de las salas de juego que hasta aquí manejaba Varsa SA bajo el nombre de Casinos de Río Negro SA al grupo Crown, que ya tiene a su cargo la explotación del casino en San Carlos de Bariloche.
Contratos de concesión que invitan a la sospecha, evasión del canon, evasión de impuestos, incumplimiento de contratos, multas y sanciones que jamás fueron efectivas, hermanan ambas circunstancias.
Sólo los incautos y por un breve lapso dudan acerca del rol de cómplice o de víctima que el Estado provincial tiene en esta dañina comedia.
Ya en 1999 Varsa SA, que manejaba las máquinas y los juegos electrónicos, recogía ganancias que superaban 1.300.000 pesos y adeudaba a Rentas de la provincia 500.000 pesos en concepto de canon e impuestos.
Ese mismo año los juegos de azar movilizaron en la provincia 75 millones de pesos, la mitad de lo que Río Negro recaudó en impuestos provinciales durante todo el año. De ese total, 20 millones provinieron de las apuestas en los distintos casinos de la provincia.
El canon mensual que debían abonar las empresas era entonces de 238.000 pesos por mes.
Varsa SA, por la concesión de los juegos electrónicos en Viedma, General Roca, Choele Choel, Jacobacci y San Antonio, recaudó ese año 6 millones de pesos, de los cuales Loterías y Casinos debía recibir el 40% del importe bruto y coparticiparlo -por ley- a Educación y Salud de la provincia.
En marzo de 1999 el gobierno trabó un embargo preventivo sobre las salas de El Cóndor y Las Grutas, a raíz de la deuda de Casinos de Río Negro por Ingresos Brutos. Unica acción: virtud sin mérito del gobierno provincial, que abortó rápidamente la potestad de llevar a fondo la cuestión.
De hecho Casinos de Río Negro, cuyo principal accionista es Carlos Ferrari, a través de Varsa, concesionaria también de máquinas y juegos en la provincia, adeuda hoy al erario provincial 2.400.000 pesos por Casinos y 600.000 por Varsa.
Más aún, Ferrari en el 2001 saldó el canon, que ya entonces acumulaba tres meses de atraso y era causal de rescisión, con cheques sin fondos (diario "Río Negro", 5/3/2001).
En San Carlos de Bariloche, Casinos del Sur, bajo la estrábica mirada del gobierno provincial, hizo todo lo posible por empatar ese estilo de "gestión".
Por la vía de los incumplimientos, la deuda por canon y la ausencia de inversión, el casino de Bariloche aún funciona en el garaje del Hotel Panamericano.
Hoy el grupo Crown está a punto de quedarse, vía la adjudicación directa -y la cesión veloz de los derechos por parte de Casinos del Sur- con el monopolio de las casas de juego durante los próximos 14 años; esto es, un canon mensual estimado de 350.000 pesos.
La rescisión irreversible del contrato con la empresa de Carlos Ferrari, comunicada hace algunos días por el gobierno provincial, llega mal y tarde y, de acuerdo con la investigación publicada por el diario "Río Negro" el 12 de abril del 2002, es producto de un acuerdo, una "salida de emergencia a Casinos de Río Negro SA que fuera conveniente a funcionarios y empresarios" (sic).
En medio del affaire Altec, Tecno Acción, Casinos, el matutino denunció el acuerdo secreto alcanzado con la concesionaria en un hotel porteño. La reacción del gobierno no se hizo esperar, e intentó castigar al medio levantándole la publicidad de Lotería, en un acto de totalitarismo que antes intenta asfixiar a la prensa independiente que aplicar la ley. Actitud hermana de la adoptada por el gobernador Jorge Sobisch cuando el mismo medio destapó el escándalo por los sobornos y el manejo discrecional para el nombramiento de los jueces en Neuquén.
Pero lo que ha de trascender es el mecanismo de manipulación de los bienes públicos, de la que siempre los mismos parecen sacar provecho.
El caso Catedral, abstracción hecha de sus particularidades, prosigue punto por punto el sospechoso anecdotario de los casinos de la provincia.
La misma historia de incumplimientos de parte de los concesionarios se repite: primero Ski World, luego Catedral Alta Patagonia y Robles Catedral incumplieron el plan de manejo del área, dieron al olvido el proyecto comprometido para la modernización de los medios de elevación y se autoeximieron del pago del canon por explotación.
Según explicó el secretario de Turismo de la provincia, Sergio Rodríguez, a mediados de noviembre ante el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, Catedral Alta Patagonia adeuda a la provincia 1.700.000 pesos y Robles cerca de 2 millones, sin que las sanciones por incumplimiento aplicadas a las empresas se hayan hecho efectivas, ni se avanzara en un nuevo llamado a licitación con las concesiones ya de facto caídas.
Escudado en la anti lógica, el funcionario argumentó en la oportunidad que si bien la acumulación de cuatro sanciones a las concesionarias es causal de rescisión, "no avanzamos este año por la cercanía de la temporada, y ante el riesgo de paralizar la actividad en el cerro", vale decir que no se penalizan las persistentes infracciones para que las empresas no abandonen la prestación. Luego éstas han seguido con los incumplimientos y por la misma razón se las ha vuelto a perdonar.
Un sofisma que sería cómico si no fuera grave.
Tras cartón el gobierno provincial hace ingresar ahora por la ventana un acuerdo con las mismas empresas y pone además sobre la mesa la alternativa de un manejo -no del todo esclarecido- de las tierras fiscales en el área, soslayando la opinión de la Comisión para la Municipalización del Cerro Catedral que integran en Bariloche autoridades municipales, provinciales, organizaciones no gubernamentales y empresarios.
El rosario de excusas presentado por algunos legisladores provinciales a la hora de explicar la siesta eterna de los proyectos de ley presentados para el traspaso del área es como un Triángulo de las Bermudas al revés, que hace emerger problemas de sustento apenas retórico donde antes no los había.
La obstinación del gobierno de la provincia en retener en el puño cerrado recursos naturales y bienes del Estado y la huelga perenne de los organismos de control a la hora de aplicar las normas, desnudan un mecanismo recurrente que ya merece la consideración judicial.
Peor todavía: cuanto más se acerca la fecha de las elecciones provinciales, mayor es el apuro por cerrar acuerdos sotto voce en los rincones del palacio, y en la agitación, verdugo de la estética, comienzan a notarse las gruesas costuras de un poder obsoleto en este nuevo siglo en el que la transparencia y la gestión eficaz debieran imponerse, por imprescindibles, como el aire que se respira, a la avidez insaciable de vieja clase dirigente.

(*) Presidenta del Concejo Municipal de Bariloche. Candidata a vicegobernadora por Encuentro de los Rionegrinos.

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Sólo los incautos y por un breve lapso dudan acerca del rol de cómplice o de víctima que el Estado provincial tiene en esta dañina comedia. Ya en 1999 Varsa SA, que manejaba las máquinas y los juegos electrónicos, recogía ganancias que superaban 1.300.000 pesos y adeudaba a Rentas de la provincia 500.000 pesos en concepto de canon e impuestos. Ese mismo año los juegos de azar movilizaron en la provincia 75 millones de pesos, la mitad de lo que Río Negro recaudó en impuestos provinciales durante todo el año. De ese total, 20 millones provinieron de las apuestas en los distintos casinos de la provincia. El canon mensual que debían abonar las empresas era entonces de 238.000 pesos por mes. Varsa SA, por la concesión de los juegos electrónicos en Viedma, General Roca, Choele Choel, Jacobacci y San Antonio, recaudó ese año 6 millones de pesos, de los cuales Loterías y Casinos debía recibir el 40% del importe bruto y coparticiparlo -por ley- a Educación y Salud de la provincia. En marzo de 1999 el gobierno trabó un embargo preventivo sobre las salas de El Cóndor y Las Grutas, a raíz de la deuda de Casinos de Río Negro por Ingresos Brutos. Unica acción: virtud sin mérito del gobierno provincial, que abortó rápidamente la potestad de llevar a fondo la cuestión. De hecho Casinos de Río Negro, cuyo principal accionista es Carlos Ferrari, a través de Varsa, concesionaria también de máquinas y juegos en la provincia, adeuda hoy al erario provincial 2.400.000 pesos por Casinos y 600.000 por Varsa. Más aún, Ferrari en el 2001 saldó el canon, que ya entonces acumulaba tres meses de atraso y era causal de rescisión, con cheques sin fondos (diario "Río Negro", 5/3/2001). En San Carlos de Bariloche, Casinos del Sur, bajo la estrábica mirada del gobierno provincial, hizo todo lo posible por empatar ese estilo de "gestión". Por la vía de los incumplimientos, la deuda por canon y la ausencia de inversión, el casino de Bariloche aún funciona en el garaje del Hotel Panamericano. Hoy el grupo Crown está a punto de quedarse, vía la adjudicación directa -y la cesión veloz de los derechos por parte de Casinos del Sur- con el monopolio de las casas de juego durante los próximos 14 años; esto es, un canon mensual estimado de 350.000 pesos. La rescisión irreversible del contrato con la empresa de Carlos Ferrari, comunicada hace algunos días por el gobierno provincial, llega mal y tarde y, de acuerdo con la investigación publicada por el diario "Río Negro" el 12 de abril del 2002, es producto de un acuerdo, una "salida de emergencia a Casinos de Río Negro SA que fuera conveniente a funcionarios y empresarios" (sic). En medio del affaire Altec, Tecno Acción, Casinos, el matutino denunció el acuerdo secreto alcanzado con la concesionaria en un hotel porteño. La reacción del gobierno no se hizo esperar, e intentó castigar al medio levantándole la publicidad de Lotería, en un acto de totalitarismo que antes intenta asfixiar a la prensa independiente que aplicar la ley. Actitud hermana de la adoptada por el gobernador Jorge Sobisch cuando el mismo medio destapó el escándalo por los sobornos y el manejo discrecional para el nombramiento de los jueces en Neuquén. Pero lo que ha de trascender es el mecanismo de manipulación de los bienes públicos, de la que siempre los mismos parecen sacar provecho. El caso Catedral, abstracción hecha de sus particularidades, prosigue punto por punto el sospechoso anecdotario de los casinos de la provincia. La misma historia de incumplimientos de parte de los concesionarios se repite: primero Ski World, luego Catedral Alta Patagonia y Robles Catedral incumplieron el plan de manejo del área, dieron al olvido el proyecto comprometido para la modernización de los medios de elevación y se autoeximieron del pago del canon por explotación. Según explicó el secretario de Turismo de la provincia, Sergio Rodríguez, a mediados de noviembre ante el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, Catedral Alta Patagonia adeuda a la provincia 1.700.000 pesos y Robles cerca de 2 millones, sin que las sanciones por incumplimiento aplicadas a las empresas se hayan hecho efectivas, ni se avanzara en un nuevo llamado a licitación con las concesiones ya de facto caídas. Escudado en la anti lógica, el funcionario argumentó en la oportunidad que si bien la acumulación de cuatro sanciones a las concesionarias es causal de rescisión, "no avanzamos este año por la cercanía de la temporada, y ante el riesgo de paralizar la actividad en el cerro", vale decir que no se penalizan las persistentes infracciones para que las empresas no abandonen la prestación. Luego éstas han seguido con los incumplimientos y por la misma razón se las ha vuelto a perdonar. Un sofisma que sería cómico si no fuera grave. Tras cartón el gobierno provincial hace ingresar ahora por la ventana un acuerdo con las mismas empresas y pone además sobre la mesa la alternativa de un manejo -no del todo esclarecido- de las tierras fiscales en el área, soslayando la opinión de la Comisión para la Municipalización del Cerro Catedral que integran en Bariloche autoridades municipales, provinciales, organizaciones no gubernamentales y empresarios. El rosario de excusas presentado por algunos legisladores provinciales a la hora de explicar la siesta eterna de los proyectos de ley presentados para el traspaso del área es como un Triángulo de las Bermudas al revés, que hace emerger problemas de sustento apenas retórico donde antes no los había. La obstinación del gobierno de la provincia en retener en el puño cerrado recursos naturales y bienes del Estado y la huelga perenne de los organismos de control a la hora de aplicar las normas, desnudan un mecanismo recurrente que ya merece la consideración judicial. Peor todavía: cuanto más se acerca la fecha de las elecciones provinciales, mayor es el apuro por cerrar acuerdos sotto voce en los rincones del palacio, y en la agitación, verdugo de la estética, comienzan a notarse las gruesas costuras de un poder obsoleto en este nuevo siglo en el que la transparencia y la gestión eficaz debieran imponerse, por imprescindibles, como el aire que se respira, a la avidez insaciable de vieja clase dirigente. (*) Presidenta del Concejo Municipal de Bariloche. Candidata a vicegobernadora por Encuentro de los Rionegrinos.


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