Lunes 13 de enero de 2003
		La publicidad oficial
		Por Jorge Carlos Brinsek (*)
		La controversia desatada por el abrupto retiro, por parte de la provincia del Neuquén, de la publicidad oficial de la que habitualmente es destinatario el prestigioso matutino "Río Negro", de General Roca, desnuda una vez más cuán arbitrarios suelen ser los gobernantes, sean éstos nacionales, provinciales o municipales, en el manejo de los dineros públicos hacia aquellos medios de prensa que no reflejan lo que a ellos les agradaría leer, ver o escuchar. De acuerdo con lo informado por el diario rionegrino, las autoridades neuquinas decidieron abruptamente interrumpir el flujo de publicidad oficial, luego de que el rotativo hiciera pública una denuncia sobre presuntas maniobras de soborno en el Ejecutivo provincial. La arbitraria decisión mereció la condena unánime de las organizaciones que agrupan a las entidades y profesionales de prensa, tanto en el país como en el exterior, condena a la que también se suma Edición Nacional. Antes de seguir es necesario precisar a los lectores qué significa la publicidad oficial, que en modo alguno puede confundirse con la propaganda partidaria, aunque la mayoría de los políticos no necesariamente lo entienda así. La Constitución Nacional, como la de las provincias o la de las municipalidades, exige "la publicidad de los actos de gobierno". Cada ciudadano tiene que saber, al detalle, en qué se gastan sus impuestos, o sea adónde va a parar el dinero que tanto le cuesta ganar y que debe tributar para mantener esa siempre onerosa y nada cristalina maquinaria burocrática que se denomina comúnmente administración pública. Si no existieran los medios masivos de comunicación, un presidente, gobernador o intendente, tendrían que verse obligados a enviar, periódicamente, millones de cartas a sus gobernados rindiendo cuentas del dinero que utilizan. Eso costaría fortunas. Gracias a la prensa, el trámite se puede simplificar a valores más que razonables y de gran llegada a la población. Es lo mismo que si alguien quiere vender su automóvil. Tiene varias opciones: pararse en una plaza con un megáfono en la mano ofreciendo las bondades de su vehículo; gastarse un dineral enviando por correo ofertas a potenciales interesados; recorrer días enteros el pueblo o ciudad con el rodado cubierto de carteles con el rótulo "se vende" y el número de teléfono adjunto... o poner un aviso en el diario, donde, con seguridad, a las pocas horas miles y miles lo leerán y seguramente tendrá alguna respuesta. Por cierto que para que ese aviso o publicidad tenga un real efecto, el hombre de nuestra historia recurrirá a los medios de prensa de mayor penetración en la opinión pública de su área de influencia, le guste o no le guste la cara de quienes sean sus periodistas. Con los gobiernos pasa lo mismo. Un llamado a licitación pública tiene que hacerse, por citar un mero ejemplo, en los medios masivos de la zona en cuestión, aunque, como se dijo precedentemente, su línea editorial sea adversa a una determinada gestión. En ese plano los gobernantes suelen discriminar las partidas presupuestarias de publicidad oficial entre medios "amigos" (aunque éstos sean pasquines de mala muerte) y la prensa independiente que no se deja amilanar por ningún tipo de prebenda. Eso, lisa y llanamente, es un delito. Se llama malversación de fondos públicos, aunque a no pocos les cueste entenderlo. Los medios de comunicación privados, aún con sus imperfecciones, aún con eventuales conductas cuestionables o incluso reprochables, tienen un solo dueño: sus lectores en lo que hace a la prensa escrita o bien oyentes o televidentes, en el caso de la radio y la televisión. Si a una persona no le gusta lo que dice tal o cual diario, simplemente no lo compra; o bien cambia de dial en la radio o tevé o directamente apaga el aparato. Ese voto, esa elección, por la que tanto trabajan los políticos cada dos o cuatro años y luego se olvidan de lo que prometen, los medios independientes lo tienen sobre sus espaldas todos los días, a cada hora y a cada minuto. Es de esperar que este insólito procedimiento de las autoridades neuquinas sea rápidamente corregido. Pero hay algo más: una denuncia de corrupción no se apaga quitando la publicidad oficial al medio que la difundió. Por el contrario, exige el más pronto esclarecimiento porque así lo exige la sociedad y lo marcan las leyes. (*) Director de "Edición Nacional". La nota se incluyó en el insert que se distribuye en diversos diarios del país.
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