Domingo 12 de enero de 2003
		La responsabilidad de gobernar
		Por Alicia Miller
		Para el gobernador Pablo Verani parece fácil justificar excepciones a la ley, y sentir que las normas en la administración pública no son más que obstáculos molestos. Tal parece, porque esta semana su gobierno anunció que, después de rescindir con Casinos Río Negro el contrato por las salas de juego de Las Grutas, Cipolletti, El Cóndor y Viedma, las entregará por concesión directa a un grupo internacional, en lugar de llamar a una nueva licitación pública donde compulsaran todos los interesados. Sobre todo, considerando que sólo de canon el negocio implica 25 millones de pesos en el lapso de la concesión. El tema tiene varias implicancias. La más grave de ellas es que la rescisión no será ni con castigo ni con punitorios hacia la empresa de Carlos Isidoro "Cacho" Ferrari, el empresario que amasó una fortuna durante casi siete años de concesión, sin cumplir ni con el canon, ni con la construcción de dos hoteles, ni con los impuestos provinciales y ni siquiera con los pagos salariales a su personal, que presentó cheques sin fondos, desvió dinero a empresas "sello" de su propio grupo y que alardeó de pagar una coima a funcionarios rionegrinos, tema que investiga la Justicia Penal. La segunda implicancia es que la rescisión llega tarde. En cualquier país razonable, ese empresario nunca hubiera llegado a tener deudas tan grandes, porque el Estado lo hubiera puesto de patitas en la calle mucho antes. Acá, no sólo no ha sucedido eso, sino que el gobernador lo transportó a Buenos Aires en un avión contratado por la Gobernación para ahorrarle la molestia y el gasto de ir hasta Bahía Blanca a tomar un avión de línea, que no es más que lo que hacen los viedmenses que eligen la vía aérea. Para el gobernador, nada malo hay en esto. Pero tildó de "canalla" al periodista que lo publicó y hasta le auguró un castigo divino. La tercera cuestión es que -lejísimo del concepto republicano de la publicidad de los actos de gobierno- el contrato original de concesión todavía sigue encerrando sorpresas, aun a punto de ser rescindido. -Recién ahora se conoce, por ejemplo, que los edificios de los casinos que construyó la empresa de Ferrari quedarán en su propiedad. Pero, casualmente, los hoteles que debía construir y no hizo, hubieran quedado en manos del Estado. Nada razonable parece que el Estado haya diseñado un plan para, al fin del contrato, quedarse con hoteles pero sin casinos, cuando -en todo caso- debió ser al revés. -En una nota a un matutino porteño, un representante del grupo Crown Casinos señaló que esa firma deberá gastar en principio 10 millones para hacerse cargo de las empresas de Ferrari, pero la provincia ha manifestado que la deuda por todo concepto no llega a la mitad de esa cifra. -El mismo empresario de Crown dijo que el canon a pagar será de 350.000 pesos, cuando hasta el momento en la provincia se supone que no es más que la mitad. -Si el edificio de alguno de los casinos es de Ferrari, Rentas haría bien en embargarlo cuanto antes para cobrarse parte de los 2.400.000 que le debe de impuestos Casinos Río Negro y los 600.000 que adeuda Varsa por las tragamonedas, empresa también de Ferrari, pasivos por los cuales ni siquiera se presentó en la moratoria. El tema, en definitiva, sigue presentando muchos puntos confusos. Y la Legislatura, que aprobó la creación de una comisión investigadora, todavía no la ha conformado, pese a lo decisivo de la hora. Servicios y Estado Al caducar la ley que impedía el corte de los servicios públicos a amplios sectores de la población, vuelve a plantearse un tema en el que están implicados lo social, lo político y lo económico en una difícil trama de responsabilidades cruzadas. Resulta claro que la ley alivió la tensión para miles de personas. Pero también que este tipo de "remedios" nada cura y es necesario que el Estado dé otro tipo de respuestas, más responsables y dentro de un marco de derecho. En definitiva, la ley que impide los cortes no implica regalar la energía eléctrica a las personas sin recursos. Sólo es prorrogar el pago de una deuda que sigue creciendo. En el caso de los estatales, como el pago de los salarios se normalizó, se estima que hoy podrían pagar sus servicios. Por eso la renovación de la ley no los incluye. Y, para los indigentes, lo que correspondería es que el Estado -si deseara beneficiarlos- fijara una tarifa social y la subsidiara con recursos del presupuesto. Como esto, en un Estado devastado por la sucesión de varias pésimas administraciones, carece de recursos para hacerlo, los legisladores y el Ejecutivo optaron por trasladar la carga hacia las empresas prestadoras. Hasta el momento, éstas han mostrado la buena voluntad de aceptarlo, pero sin duda que si llevaran el caso a la Justicia las cosas no le irían bien al gobierno, por cuanto es generoso, pero con dinero ajeno. La responsabilidad es un requisito esencial de la acción de gobierno, aunque muchos prefieran los golpes de efecto. Alicia Miller amiller@rionegro.com.ar
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