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Lunes 27 de enero de 2003 | |
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Prisioneros |
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Por Hugo Alonso |
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| La fragilidad del sistema público de seguridad en Río Negro contabiliza entre sus orígenes a deficiencias edilicias, carencia de recursos humanos y ausencia de fondos para la movilidad de la Policía. Lo que ya no puede ocultarse a la opinión pública es que las grietas generadas por falta de profesionalismo entre los uniformados se encuentran en niveles similares a las demás acciones negativas que involucran a la fuerza. Durante la última semana quedó a la vista una vez más que los roquenses no sólo deben preocuparse por los delincuentes que caminan libres por las calles sino que también pueden ser víctimas de personas con "permisos especiales" para abandonar su lugar de detención. Que haya sido el ex titular de la UOCRA, Daniel Parón, el protagonista de la insólita historia ocurrida el miércoles es apenas un condimento dentro del grave escenario evidenciado por la salida "autorizada" de tres presos para quemar una camioneta en una vivienda particular, chocar un auto con policías y luego perderse entre frutales. El periplo de estos tres detenidos dice mucho más. Habla de los borrosos límites con los que se administran las unidades de detención y sus anexos en la provincia. Habla de la inexistencia de una política seria desde el gobierno provincial para corregir las desviaciones de los principales actores en el sistema creado para reformular conductas enfrentadas con la ley. Porque la concreción de delitos a partir de las concesiones que brindan policías -rasos y no tanto- a los presos no es una novedad para la ciudad. Poco antes de que termine 2002 un menor discapacitado fue abusado sexualmente por un detenido de la alcaidía que permanecía alojado en el taller, con el portón abierto durante varias horas y la posibilidad de llegar al exterior de la cárcel cuantas veces quisiera. Engañar a su víctima fue tan fácil que el interno salió hasta la vereda, lo mandó a comprar jugo y pan, para invitarlo luego a pasar adentro de la alcaidía a tomar un refresco. Cuando un policía advirtió que algo raro pasaba ya era tarde para evitar que ambos se encontraran con los pantalones bajos. El estado público que tomó el caso llevó a conocer también -de voces policiales- que los ingresos a esa zona de la cárcel de encausados eran irrestrictos y anteriormente habían afectado a otros menores. Sin embargo, una vez más, nadie atinó a iniciar una investigación rigurosa para determinar la veracidad de esos dichos. Y si los presos pueden salir a la calle para cometer delitos, poco puede esperarse hacia adentro de los pabellones y celdas. Los derechos no existen. El caso Enzo Pérez permanece impune. Es en esa indiferencia de las autoridades ejecutivas y judiciales donde puede buscarse buena parte de la responsabilidad para que encargados de vigilar terminen siendo aliados de los detenidos. Ante las sucesivas pruebas que traspasan las puertas de la alcaidía roquense y la chacra de Emeta lo único visto fueron parches para calmar la herida provocada por la difusión mediática de la irregularidad. Claro está que en la Policía de Río Negro -y en especial dentro de la alcaidía de Roca- son mayoría los efectivos que trabajan a favor de la seguridad y el respeto a las normas. Ocurre que sólo un efectivo que transgreda las reglas puede desencadenar un grave riesgo para la comunidad. La debilidad demostrada hasta ahora ante cada falta interna no habla del tránsito por el camino de las soluciones. Si nadie toma decisiones trascendentales las voces de alarma se transformarán en un sonido cotidiano. Y esa naturalización significará una nueva batalla perdida, algo que esta anémica sociedad rionegrina no se puede dar el lujo de tolerar. Hugo Alonso |
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