Sábado 25 de enero de 2003
 

Sistema disfuncional

 
  Ya estamos a menos de cien días de las elecciones presidenciales, pero hasta ahora ningún aspirante a suceder a Eduardo Duhalde ha logrado mantenerse por encima del "techo" supuesto por una intención de voto del veinte por ciento, cifra que en otras latitudes presagiaría una derrota humillante. Según las encuestas más recientes, cinco políticos -Néstor Kirchner, Carlos Menem, Elisa Carrió, Adolfo Rodríguez Saá y Ricardo López Murphy- se han separado de los demás contrincantes y, de cambiar las opiniones de una franja estrecha de la ciudadanía, cualquiera podría erigirse en favorito, pero el país se ha habituado tanto al virtual empate múltiple actual que pocos creen que esto pueda ocurrir en las próximas semanas. Se trata de una situación que sin duda es exasperante pero que en cierto modo es también un síntoma de recuperación, por significar que si bien la mayoría desconfía de los liderazgos tradicionales, no se ha propuesto dejarse engañar por otros presuntamente nuevos como los representados por Carrió y López Murphy, dos ex radicales que podrían plantear una alternativa al populismo largamente hegemónico.
En el siglo XX, el electorado nacional se destacó por su credulidad, respaldando, a menudo con entusiasmo desbordante, a personajes que conjuntamente se las arreglaron para arruinarlo. Por lo tanto, no extraña que el siglo XXI se haya iniciado bajo el signo del escepticismo. Sin embargo, mientras que la credulidad excesiva es propicia para políticos que están más interesados en tratar a la gente con desprecio feudal, un país en el que el escepticismo es ubicuo resulta sencillamente ingobernable, razón por la que muchos prevén que el próximo presidente será demasiado débil como para hacer más que Duhalde por sentirse obligado a apoyarse en una clase política resuelta a subordinar todo a la defensa de sus aparatos clientelistas.
Por desgracia, el sistema presidencialista existente depende casi por completo del "carisma" del mandatario de turno: en cuanto éste comience a perder autoridad, el sistema no tardará en desmoronarse, tal y como sucedió en el transcurso de la gestión desafortunada de Fernando de la Rúa. Pero, claro está, una consecuencia natural del presidencialismo exagerado es la degradación del Poder Legislativo, institución que en períodos determinados hace las veces de un sello de goma en manos del líder y en otros se desquita obstaculizando los intentos por gobernar de un presidente juzgado débil.
Luego de celebrarse hace casi diez años el "pacto de Olivos" peronista-radical, hubo iniciativas encaminadas a modificar el sistema político para que fuera más parlamentarista, con el resultado de que el país terminó disfrutando de las desventajas de ambas modalidades y los beneficios de ninguna. De más está decir que a la luz de la actuación reciente del Congreso, en la actualidad a muy pocos les tentaría la idea de que al país le iría mejor ser gobernado directamente por un primer ministro constreñido a colaborar estrechamente con los diputados y senadores nacionales.
Con todo, a menos que se consolide pronto una candidatura presidencial que pueda aglutinar en torno de ella un "movimiento" que sea lo bastante fuerte y coherente como para gobernar al país, nos esperarán más años de ir a la deriva sin un Poder Ejecutivo capaz de impulsar las reformas "estructurales" que serían necesarias para que la Argentina saliera del marasmo colectivo en el que cayó exhausta a fines del 2001. Si una sola persona no puede cumplir tal función, tendría que hacerlo un equipo, pero por motivos tácticos o por vanidad personal a nuestros políticos no les gusta para nada brindar la impresión de que precisan de la ayuda ajena. Tal actitud pudo haber sido comprensible a mediados del año pasado cuando, es de suponer, todos los candidatos creían que andando el tiempo una proporción cada vez mayor de la ciudadanía se encolumnaría detrás de su bandera particular, pero el que ninguno haya conseguido distanciarse mucho de sus rivales debería servir para persuadir a algunos de que les convendría presentarse como los jefes de un gobierno completo, rompiendo de esta manera con la costumbre poco democrática de negarse a difundir los nombres de los ministros y secretarios del futuro gobierno hasta que todos los votos hayan sido debidamente contados y confirmados.
     
     
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