Domingo 5 de enero de 2003
 

Ayuda política

 
  Por entender que el gobierno del presidente interino Eduardo Duhalde no ha tomado las medidas necesarias para que la economía pueda levantarse después de la caída brutal que experimentó el año pasado, el FMI sigue siendo reacio a firmar cualquier acuerdo que supondría declararse satisfecho con lo que ha hecho. En vista de que el organismo ha sido blanco de fuertes críticas por haberse dejado engañar por una larga serie de gobiernos anteriores, su cautela es lógica. Asimismo, sus directivos han tenido que tomar en cuenta el que los funcionarios más influyentes de Estados Unidos hayan supuesto que a menos que los gobernantes considerados irresponsables de sociedades notoriamente corruptas aprendan de una vez que no pueden vivir para siempre de préstamos cada vez mayores que no se proponen devolver, países como la Argentina nunca lograrán salir de las crisis en las que se han metido.
Sin embargo, parecería que el G-7, o sea los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón, quiere que el Fondo le dé su sello de aprobación, sin duda por motivos que tienen más que ver con la voluntad de impedir que un nuevo colapso afecte negativamente un panorama internacional nada promisorio, que con su confianza en la gestión de Roberto Lavagna. Huelga decir que los voceros del gobierno han celebrado las versiones en tal sentido. Según el canciller Carlos Ruckauf, se trata de "una prueba de amistad de Estados Unidos hacia la Argentina", mientras que Duhalde ha atribuido las dudas del FMI a que Lavagna haya defendido los intereses nacionales con firmeza. Puesto que tantos creen que el FMI ha sido sumamente "duro" con el país, la mayoría compartirá tal forma de interpretar el fracaso de un año de negociaciones, dando por descontado que mientras que el G-7 quiere ayudarnos, el FMI sólo quiere hacernos sufrir. Sin embargo, muchos de los que piensan de esta manera también suponen que una causa del desplome de nuestra economía fue la actitud demasiado permisiva del FMI antes de optar por no entregar más dinero al gobierno encabezado por Fernando de la Rúa.
Aunque es comprensible que por motivos políticos los gobiernos del G-7 prefieran que la Argentina siga durmiendo una siesta duhaldiana algunos meses más, en los que podría estallar una guerra contra Irak, con consecuencias imprevisibles para el precio del petróleo, e intensificarse los problemas de Alemania y Japón, no es necesariamente de nuestro interés que se prolongue el "veranito". Tampoco es indiscutible que por negarse a tomar ciertas medidas pedidas por el FMI Lavagna haya estado defendiendo los intereses del país, a menos que uno acepte que las prioridades del gobierno coinciden perfectamente con aquéllas de la Argentina misma. Al fin y al cabo, las discrepancias con el FMI no se han debido a los esfuerzos de Duhalde y Lavagna por construir el "nuevo modelo" al cual el presidente suele aludir, sino a su resistencia a dar cualquier paso que podría suponerles algunos costos políticos. Lo que ha frustrado al FMI ha sido la pasividad exasperante del gobierno frente a la crisis, no su presunto compromiso con recetas heterodoxas porque, la retórica oficial no obstante, no hay señales de que se haya convencido de los méritos de alguna que otra teoría económica alternativa.
Así las cosas, la complacencia aparente del G-7 con la gestión de Duhalde no es una buena noticia. Por sus razones propias -no quieren que haya problemas-, los países más ricos del mundo habrán decidido que les convendría presionar al FMI para que alcance un acuerdo a pesar de estar convencido de que no serviría para que la Argentina lograra ordenar sus finanzas para después emprender un proceso de crecimiento sustentable. Por lo tanto, su intervención "amistosa" ayudaría a quienes temen que, de ponerse la economía en marcha, ellos mismos pudieran quedar atrás. Este no sería el caso si hubiera algunos motivos para creer que el "veranito" no es sino la fase inicial de una recuperación vigorosa, pero la estabilidad relativa actual puede imputarse a que el país ya haya "tocado fondo" y el gobierno, sorprendido por un clima social a su juicio tranquilo, sea reacio a correr el riesgo que le supondría intentar producir algunos cambios.
     
     
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