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Jueves 23 de enero de 2003 | ||
El Ejecutivo autorizó aumento de tarifas |
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El incremento oscila entre 1, 5 y 2, pesos por mes. |
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La medida será llevada a la justicia por las Asociaciones de Consumidores y la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires, quienes la consideran anticonstitucional. Así lo anunció su vocero, Luis Verdi, quien indicó, no obstante, que aún "no hay fecha" para aumentar las tarifas, ya que los incrementos deberán ser fijados a través de otro mecanismo - probablemente una resolución del Ministerio de Economía- una vez que el decreto firmado quede vigente mediante su publicación en el Boletín Oficial. La medida había sido adelantada extraoficialmente el martes y confirmada ayer por el propio Duhalde, quien ratificó que el decreto dispone incrementos en los servicios de "1,5 a 2 pesos por mes" y contempla una tarifa de carácter social que hará que "el 40 por ciento de los consumidores" no sufran ningún aumento. El presidente, en diálogo con radio Mitre, precisó que el texto del decreto "es el mismo que planteamos hace algunos meses y que implicaba una tarifa social y una suba de dos pesos máximo para el usuario, no es nada que se pueda calificar de tarifazo". Se trata de ajustes del orden del 9 % en el caso de la electricidad y de 7% en el gas, excluyendo del ajuste a los consumos menores de 300 Kilovatios mensuales y de 500 metros cúbicos de gas anuales. Duhalde recordó que con esa iniciativa "tuvimos dificultades con la Justicia y ahora estamos viendo cómo atender el argumento legal porque si no se hace algo con las tarifas será como dejar al próximo gobierno un campo minado en esta cuestión". La Justicia suspendió en diciembre la aplicación de los ajustes tarifarios en electricidad y gas, haciendo lugar a un reclamo formulado por entidades de consumidores y por la ombudsman de la Ciudad. El nuevo decreto modifica el artículo 9 de la ley de emergencia 25.561 que impedía al Gobierno determinar aumentos sin una renegociación de los contratos. "Medida transitoria" Verdi señaló que se trata de "una medida transitoria" hasta tanto pueda retomarse el sistema de audiencias públicas suspendido por la Justicia. El vocero explicó que a través de este nuevo decreto "el Ejecutivo recupera la atribución de poder regular el cuadro tarifario hasta tanto finalicen los procesos de renegociación de los contratos en audiencias públicas". El funcionario dejó en claro que el jefe del Estado "no firmó ningún decreto de aumento de tarifas" y por lo tanto "tampoco hay fecha de aumentos hasta tanto quede verdaderamente en poder del PEN la atribución" de disponer esos ajustes. Asimismo, remarcó que la idea del Gobierno es, una vez que quede firme el decreto, "insistir" con los aumentos que fueron establecidos en noviembre, pero que fueron impugnados por la Justicia. Verdi recordó que esas subas rondaban en el caso de la tarifa eléctrica los 2,50 pesos mensuales y para el gas 1,37 pesos. El funcionario aclaró también que gracias a la tarifa social las subas no tendrán ningún impacto en un "46% de los usuarios de luz y un 36% de los del gas". (DyN, Télam) "La suba es ilegal e inconstitucional" Las entidades de consumidores advirtieron ayer que "es ilegal e inconstitucional" la decisión adoptada por el gobierno del presidente Duhalde de concederse atribuciones para disponer aumentos en las tarifas de gas y electricidad por vía de un decreto. Desde estos sectores, como también desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se adelantó que la medida será objetada ante la Justicia, tal como se hizo meses atrás con acciones similares. El representante de los usuarios en la Comisión Renegociadora de los Contratos de Servicios Públicos, Ariel Caplán, dijo que aumentar las tarifas a través de un decreto "es ilegal, inconstitucional e inconveniente" para el proceso de readecuación de las pautas contractuales firmadas con las empresas privatizadas. Caplán adelantó también que las asociaciones de defensa del consumidor pedirán al ministro de Economía, Roberto Lavagna, la renuncia al subsecretario de Energía, Darío Arrué, por desautorizar ante empresas del sector energético la labor de la Comisión Renegociadora. La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, calificó como "un dislate jurídico" el intento que persigue el gobierno y ratificó que volverá a recurrir a la Justicia si prosperara esa iniciativa, porque generaría un "efecto dominó en otros precios". Oliveira acusó a Lavagna de "hacer siempre las cosas así, como todos los tecnócratas económicos" y consideró que la medida adoptada "tienen que tener un fundamento de gravedad institucional muy grande para que puedan hacerse, y después tienen que pasar al Congreso". El planteo de quienes frenaron oportunamente los aumentos por la vía judicial es que cualquier ajuste de las tarifas de estos servicios debe discutirse en el marco de una renegociación global de los contratos de concesión entre Estado y empresas privadas. Este planteo surge de lo establecido por la Ley de Emergencia 25.561 dictada hace un año y es similar a lo que está aconteciendo con las tarifas del agua y peajes. Sandra González, titular de ADECUA, dijo que "la mitad del monto total de las facturas del gas y la luz representa impuestos de todo tipo que van a parar a las arcas del Estado, de allí tanto afán desmedido por ajustar las tarifas". Añadió que "en el caso del gas, a un usuario que gasta hasta 125 centímetros cúbicos (en esta época de escaso uso) le llega una boleta de 45 pesos, de manera que para que el ajuste sea de un 10 % como aspira el Ejecutivo, el aumento sería de 4,50 pesos, y no de 1 a 1,50 peso". "Insisto, Duhalde jamás vio una factura de gas. Los números no cierran", expresó. (DyN) |
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