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Lunes 23 de diciembre de 2002 | |
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Audiencia privada |
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| Cuando el viernes se cerraron las puertas de la Secretaría del Concejo Deliberante, apenas seis nombres aparecían en el registro de inscriptos para la audiencia pública que hoy dará la oportunidad de opinar sobre el proyecto de presupuesto 2003 en Roca. Algo así como el 0,0119 del padrón de la ciudad. Hace dos años fueron 40 los que tomaron el micrófono y se expresaron. No es un dato menor. Muestra de cuerpo entero cómo se comporta hoy la sociedad ante normas que abren paso al monitoreo de las acciones de gobierno. Y el reflejo va en dos direcciones, porque evidencia la apatía de los vecinos pero también las escasas intenciones de los órganos estatales por dar explicaciones a la comunidad. En una "ciudad ordenada" -parafraseando el término que llenó la boca de muchos funcionarios a partir de que la Fundación Grupo Innova ubicó quinto a Roca en el ranking nacional- una audiencia pública no se concretaría un 23 de diciembre. En una ciudad ordenada el proyecto presupuesto sería girado desde la Secretaría de Hacienda al Concejo Deliberante antes del 1 de septiembre, como lo establece la Carta Orgánica, los ediles convocarían a opinar en octubre, responderían a las propuestas dentro de los 15 días posteriores (como también lo fijan las normas) y tras unos días más de análisis y debate el período ordinario de sesiones terminaría con el presupuesto aprobado para el próximo ejercicio. ¿A quién se le ocurre que en un país con mínima aplicación de los derechos cívicos como el nuestro una importante cantidad de vecinos puede verse tentado de asistir a una audiencia pública dos días antes de Navidad? Lamentablemente la pregunta tiene respuesta y es "a la Presidencia del Concejo y al Poder Ejecutivo de Roca". Hay responsabilidades compartidas: uno no exigió que se cumpla con la Carta Orgánica y el otro envió el proyecto cuando el calendario decía diciembre. El problema es que no se trata de decisiones nacidas en el desorden institucional, sino que el ánimo de desalentar la participación ciudadana es una constante aquí. Prueba irrefutable de esto fue la última sesión ordinaria del Concejo del año. Llevándose por delante las reglamentaciones que hablan de la previa difusión de las reuniones, los ediles sesionaron a escondidas el miércoles, cuando los pocos pero constantes asistentes pensaban que lo harían el jueves. ¿El fundamento? Temor a que haya incidentes por el aniversario de la caída de Fernando De la Rúa. Lamentable excusa. El cuerpo debe hacer su sesión pública y de prever dificultades durante el desarrollo obrar en consecuencia. Hoy puede advertirse la falla. Nada pasó durante 19 y 20 y los pocos interesados en las reuniones se quedaron con las manos vacías. Se trató de una debilidad más de este Concejo amante de las decisiones extremas. Tan extremas como pasar de pagarle 1.000 pesos a la moderadora de la audiencia pública del 2000 a asignar ahora esa función a la secretaria del Concejo, que además tiene que armar el orden de oradores, recibir propuestas por escrito, registrar quién se lleva una copia del presupuesto y desde mañana transcribir todo lo dicho en el recinto. En fin, es lunes y la audiencia pública tiene horario de inicio a las 18. Si usted es un simple vecino roquense piense que está a tiempo al menos de escuchar cuál es la previsión que el gobierno local hizo para utilizar los recursos el año próximo. Eso le servirá para sacar conclusiones y en el futuro defender su postura con fundamento si cree que algo está fuera de lugar. De otro modo seguirá cultivando el espíritu de muchos funcionarios que consideran una intromisión al derecho ciudadano de controlar el accionar de sus gobernantes. Hugo Alonso |
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