Lunes 2 de diciembre de 2002
 

Multó por años en las rutas, pero no da el ejemplo en el tránsito de Roca

 

Carlos Muscarsel, responsable de la firma que detectaba a los que viajaban a alta velocidad y dueño del estudio que cobra las multas, fue demandado por el municipio porque nunca pagó sus faltas a las normas vigentes para circular en la vía pública. La causa fue a la Justicia y días atrás dictaron el embargo de sus bienes.

 
Carlos Muscarsel durante una entrevista concedida años atrás. Dice que pagará lo que debe.
ROCA (AR).- En el cambalache argentino de todos los días, hacer una competencia de paradojas podría derivar en más de un problema para que el jurado decida cuál es la situación más increíble. Y en esta virtual disputa por el primer puesto, en Roca hay un caso digno de participar: la misma persona que durante años tuvo a su cargo el sistema de control con radar en las rutas rionegrinas, además de ser dueño del estudio jurídico que facturó miles de pesos por cobrar las multas, fue ejecutado y embargado por la justicia provincial porque jamás canceló una deuda con el municipio de Roca originada en reiteradas infracciones de tránsito cometidas sobre las calles de esta ciudad.
El protagonista de esta historia es el abogado Carlos Muscarsel. Desde que a mediados de agosto de 1998 el radar fotográfico se instaló sobre las rutas de Río Negro cientos de conductores tuvieron que "visitar" sus oficinas para pagar con pesos las desatenciones con las leyes de tránsito vigentes en la provincia y el país. Es que la empresa "Control Sur" -de la que siempre apareció como titular- y el estudio jurídico "Carlos Muscarsel y Asociados" fueron quienes primero por contratación y luego por licitación manejaron el sistema de vigilancia y sanción a los que hacían marchar sus vehículos a más velocidad que la permitida.
Sin embargo, "en casa de herrero cuchillo de palo" reza el dicho popular. El 25 de setiembre pasado el Juzgado Civil 9 de Roca, a cargo de José Luis Rodríguez, libró en contra de Muscarsel el mandamiento de ejecución y embargo por las sumas de 4.286,48 y 1.286 pesos. La medida es producto de una demanda iniciada por la municipalidad el 9 de setiembre, luego de que el abogado no respondiera a sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal de Faltas local.
Según la denuncia, el abogado fue hallado por los inspectores de tránsito sin carnet de conductor en varias oportunidades, además de otras veces comprobarle la falta de seguro contra terceros, no querer exhibir la licencia de conductor, estar mal estacionado (doble fila), girar a la izquierda en vía doble mano y no respetar el semáforo en dos ocasiones.
Incluso la comuna fue por más y el 20 de noviembre pasado -ya con el fallo que una semana antes había ratificado sus pretensiones- se presentó en el juzgado de Rodríguez para denunciar como bienes de embargo "la totalidad de muebles e inmuebles que Muscarsel posea inscriptos en el Registro de la Propiedad Automotor y/o en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro".
El escrito que la Asesoría Legal de la comuna entregó en sede judicial también incluyó a cualquier bien que Muscarsel tenga registrado en los bancos que hay en la ciudad. "Denuncio a embargo las sumas de todo tipo (dinero, cedros, boden) que el demandado posea en cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, cuentas reprogramadas, etc", especifica el pedido de oficio que fue aceptado por el magistrado el martes pasado.
"Río Negro" consultó a Muscarsel el viernes pasado, luego de que se retirara de su estudio, en la calle Rohde. Reconoció que tenía un compromiso impago con el municipio, "sólo por tres multas" y dijo que las iba a cancelar.
Segundos después se mostró molesto con el diario, por investigar "boludeces" y con cara seria se subió a su Peugeot 405, puso primera, las ruedas chillaron un poco y partió velozmente en medio un tránsito roquense que cada día está más complicado.

El radar y sus beneficios

La primera vez que "Control Sur", la empresa por la que Carlos Muscarsel siempre dio la cara, salió con sus radares fotográficos a las rutas rionegrinas fue a partir de un convenio firmado con la Policía de Río Negro.
El negocio de ser la misma persona a cargo del cobro de las multas, esta vez a través del estudio jurídico "Carlos Muscarsel y Asociados" había reportado a la empresa del abogado roquense a mediados de 1998 un total de 270.000 pesos percibidos y otro 1,1 millón por recibir. A esa altura se llevaban 18 meses de vigilancia y sanción a los infractores, según información suministrada por fuentes confiables a este diario en esa oportunidad.
Ya en 1998 el convenio entre la Policía y "Control Sur" generaba objeciones, que fueron planteadas por los entonces defensor del pueblo, Juan Kugler y legislador, Carlos Larreguy.
La voracidad en las multas fue el principal punto de críticas, algo que se ratificaba públicamente por la innumerable cantidad de cartas de lectores que la prensa recibía.
La presentación de Larreguy incluso derivó en una multa para el ex jefe policial, Rubén Elosegui, interpretando el acuerdo como desfavorable para la institución. Ocurre que de los ingresos, sólo el 40 % quedaba para el Estado.
Más allá de esto, "Control Sur" se quedó con la licitación que en diciembre 1999 puso en juego el suministro de material técnico en las rutas y recursos humanos para el envío de las multas a domicilio.
Las críticas al sistema se multiplicaron. Las ganancias de la firma privada también. Todo hasta agosto pasado, cuando la Legislatura de Río Negro prohibió el uso del radar fotográfico en las vías terrestres que atraviesan la provincia. El principal argumento: no persigue el fin de prevenir los accidentes de tránsito. Para esto ya habían pasado más de cuatro años.
Una fuente policial confirmó que "Control Sur" ya no está más en las rutas. La única actividad vigente es la del estudio de Muscarsel, que continúa con el cobro de multas labradas antes de la sanción de la ley.
La fuente policial también confirmó que el control a la velocidad en las rutas hoy es nulo. Estaba previsto que el radar siguiera, pero con la modalidad de detención al infractor. La tristemente célebre "falta de recursos" hace imposible que la Policía compre el equipamiento necesario.
En síntesis, pasaron cuatro años, hoy las rutas están sin control como al principio y no se evidencia un beneficio para la enorme mayoría de la población porque los índices de mortalidad no arrojan una caída notoria. El único beneficio que se evidencia es privilegio de unos pocos.

   
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