Lunes 2 de diciembre de 2002
 

Sigue la "poda" a estatales rionegrinos

 

La misma Cámara Laboral que hace más de un mes resolvió que el Estado pague sin descuento a 170 agentes públicos, ahora retrocedió ante la apelación que interpuso la Fiscalía de Estado. En el caso intervienen conjueces. Los magistrados naturales se apartaron del caso porque ellos también tienen reclamos.

  VIEDMA (AV).- El Estado rionegrino seguirá pagando salarios con descuentos a los agentes estatales.
Hace algo más de un mes la Cámara Laboral de esta capital conformada por conjueces y presidida por el abogado viedmense Ricardo Montanari ordenó al Estado rionegrino que no se efectivicen los descuentos a unos 170 estatales que formularon el pedido.
La Fiscalía de Estado apeló esa resolución fundamentando razones presupuestarias y por el efecto cascada que una orden de estas características puede causar.
Además se basó en el principio de jurisprudencia obligatoria dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), es decir, que los tribunales inferiores no pueden tomar una decisión diferente al del máximo tribunal en temas sobre los que éste se haya expedido.
Y en las cuestiones referidas a los descuentos salariales, el STJ se ha manifestado a favor frente a la crisis que afecta a la provincia.
Ante estas fundamentaciones de la Fiscalía de Estado el mismo conjuez que ordenó que no se pagaran los salarios con descuentos, ahora revocó esa resolución.
El ministro de Coordinación, Gustavo Martínez, señaló que en esta nueva medida el conjuez "argumentó la obligación de acatar doctrina del Superior Tribunal de Justicia, supeditando en consecuencia los descuentos a lo que se resuelva en relación a los recursos interpuestos, recordándose desde la Fiscalía que ya el máximo tribunal fijó doctrina considerando constitucionales las normas que disponen los descuentos".
La información oficial agregó que a fines de octubre cuando se conoció la anulación de los descuentos fijados por el artículo 7 de la Ley NÂș 2.989 y decreto ley 5/97 a través de conjueces, el fiscal de Estado, Sergio Ceci, anticipó que el Ejecutivo presentaría las respectivas apelaciones considerando que esa medida se había dictado "en exceso", contrariando el aval del Superior Tribunal de Justicia.
Este cambio de planes tuvo como principal antecedente cuando el conjuez Montanari aceptó inicialmente un planteo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consiguiendo su anulación a través de conjueces y el inmediato cese desde los sueldos de octubre pasado. En su momento, los dirigentes del gremio interpretaron que si bien la inconstitucionalidad puede ser apelada desde el Poder Ejecutivo "no puede ocurrir lo mismo con la medida cautelar porque los oficios (de comunicación) ya fueron librados".
Montanari había declarado en principio la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 2.989 y del artículo 5 de la 2.990 condenando a la provincia a devolver las sumas adeudadas desde que comenzaron las podas, unos cinco años atrás, y que en promedio les representaba casi 200 pesos a los 170 trabajadores que presentaron la demanda.
En este tipo de discusiones judiciales, actúan jueces sustitutos debido a que los magistrados naturales renunciaron a fallar debido a que tienen sus propios reclamos.
   
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