Lunes 16 de diciembre de 2002
 

Fuerte operativo anti-saqueos en Neuquén

 

Ya hay alrededor de 3.000 policías recorriendo las calles en tareas preventivas. El viernes se cumplirá un año de la caída de De la Rúa y se temen saqueos como en diciembre del 2001. En Neuquén capital se desplegarán acciones coordinadas con Gendarmería. Los hipermercados, el microcentro y despensas barriales son los puntos clave. "Los controles se incrementarán progresivamente", dijo el comisario Lezcano. Las empresas están en alerta máxima.

 
Lezcano anunció que la Policía reforzará desde hoy las tareas de prevención para evitar que se repita el caos de diciembre del 2001.
NEUQUEN (AN) - La amenaza de saqueos disparó el alerta y la respuesta ya está en marcha. Desde hace unos días la Policía despliega un mega-operativo que incluye desde saturar la vía pública con alrededor de 3.000 hombres, uniformados y de civil, pasando por acciones conjuntas con Gendarmería Nacional y un minucioso control de personas y vehículos en todo el radio de la ciudad. La verificación del tránsito es la corriente, pero además a los peatones les piden documentos y, según los casos, horarios y zonas, también los "cachean".
"Hemos diagramado operativos para esta capital y para todas las ciudades importantes de la provincia. Se trata de tareas prevencionales que ya se vienen ejecutando y que iremos acentuando progresivamente, a partir de la semana que viene. La fechas claves son Navidad y Año Nuevo y los sectores, los que concentran mayor cantidad de gente y de comercios", dijo el jefe de la Policía de Neuquén, comisario general Juan Carlos Lezcano.
La denuncia sobre probables saqueos a comercios, super e hipermercados surgió de las propias filas policiales, semanas atrás. Los datos que se manejaban tenían en la mira a grupos de activistas y movimientos que han venido protagonizando este tipo de episodios, según se reveló en la ocasión. Por otro lado, las versiones atan la amenaza de reclamos y desmanes a los hechos de diciembre del año pasado, que desembocaron en la renuncia del ex presidente Fernando De la Rúa.
Por su parte las cadenas de supermercados, si bien han intentado bajar los decibeles de los rumores sobre saqueos, han reconocido que implementaron estrategias para afrontarlos, "si los hubiere". En ese sentido los directivos de Topsy-Bomba admitieron que, entre los mecanismos a poner en práctica figura el drástico "derecho de admisión".
"Se ha logrado coordinar tareas de prevención con Gendarmería Nacional, que colaborará con operativos de controles en las rutas", dijo Lezcano. Efectivamente, personal de esa institución llevó a cabo el fin de semanas tareas en la zona, puntualmente sobre las rutas 22 y 237.
Aún cuando no dio precisiones sobre el número de efectivos que llevarán a cabo la tarea de prevención, Lezcano admitió que podrían ser alrededor de 3.000. "Se ha focalizado todo el esfuerzo en el trabajo preventivo. Para ello se resolvió suspender todas las licencias y francos, a fin de contar con la totalidad de efectivos disponibles", señaló el jefe policial.
A los efectivos que habitualmente desarrollan trabajos de vigilancia en la calle y edificios públicos y privados, para estos días se dispuso afectar a agentes que cumplen tareas administrativas. En todos los casos, siempre que reúnan las condiciones de alistamiento este tipo de operativos.
Ante la consulta Lezcano se abstuvo de ofrecer mayores datos de los operativos, pero trascendió que tiene como centros de cobertura el sector del microcentro, las zonas donde están los super e hipermercados y algunos barrios, particularmente los del sector oeste de la ciudad.
En los locales de Topsy y de Bomba, tal como se informó en la edición del sábado, se implementaron sistemas de controles especiales, entre otros aplicar el derecho de admisión.
"No queremos que nos ocurra lo del año pasado, no queremos ser sorprendidos", dijo un directivo de la firma.

De la Rúa sigue eludiendo su citación a indagatoria por los crímenes

BUENOS AIRES (Télam)- A un año de su renuncia a la Presidencia de la Nación, Fernando de la Rúa confía aún en evitar que la Justicia lo acuse de "homicidio culposo", por los cinco crímenes de manifestantes del 20 de diciembre del 2001 durante las protestas que precedieron a la caída de su gobierno.
La sala I de la Cámara Federal ordenó a la jueza federal María Servini de Cubría que cite a De la Rúa a declaración indagatoria, imputado por los cinco homicidios culposos del día de su renuncia. Pero sigue sin resolverse un recurso extraordinario que sus abogados presentaron en un intento por evitar este trámite.
Los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo ya tienen en su poder la postura de todos los involucrados en el caso y ahora estudian si concederán el recurso que permitirá a De la Rúa llegar a la Corte Suprema de Justicia o si, en cambio, ratificarán su propia directiva de indagarlo.
Tanto los fiscales federales del caso, Horacio Comparatore y Patricio Evers, como los abogados de las víctimas, presentaron ya escritos oponiéndose a la intención del ex Presidente de eludir el llamado a indagatoria.
De concretarse la declaración, algo que ya se descuenta ocurriría el año próximo, De la Rúa sería el primer ex presidente democrático en la historia argentina imputado por homicidio.
"Sobran elementos para imputarlo y los argumentos que usa para intentar evitarlo son los que debería usar durante una indagatoria", explicó la abogada María del Carmen Verdú, patrocinante de la familia de una de las víctimas.
Desde la fiscalía, se insiste en que De la Rúa debe ser escuchado como acusado porque ese día pudo evitar la represión.
"No hubo ningún policía herido de bala, no se secuestraron armas entre los manifestantes y no hay nada que haga pensar que las tenían", advirtieron los investigadores.
Tampoco respondió todavía por los homicidios culposos y las detenciones ilegales -pese a que fue incluído en la orden de los camaristas- el ex ministro del Interior de la Alianza Ramón Mestre, quien recurrió a Casación, el máximo tribunal penal del país, para que se revea esa acusación.
Así, a un año de abiertas todas las investigaciones judiciales por los sucesos del 20 de diciembre del 2001, sólo están por ser elevadas a juicio oral dos causas: la de los crímenes de los manifestantes Gustavo Benedetto y Alberto Márquez.
Por el crimen de Benedetto, baleado en avenida de Mayo al 700, irán a juicio oral los custodios del banco HSBC Omar Bellante y Jorge Varando. Al joven se le disparó desde el interior de esa entidad.
En el caso de Márquez, están con prisión preventiva cuatro policías que para esa época trabajaban en la división Asuntos Internos de la Policía Federal, acusados de dispararle en una plazoleta.

   
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