Martes 3 de diciembre de 2002

 

Chile decide investigar el crimen del general Prats

 
  SANTIAGO (Reuters) - La Corte Suprema de justicia chilena ordenó ayer enjuiciar a cinco ex agentes de inteligencia acusados del asesinato del general Carlos Prats, antecesor del ex dictador Augusto Pinochet como jefe del ejército, ocurrido en Buenos Aires en 1974.
Pese a que el máximo tribunal acogió un pedido de extradición de una juez argentina contra los ex colaboradores de Pinochet, decidió que permanezcan en Chile para enfrentar otros procesos que podrían quedar inconclusos si son enviados a Argentina. De este modo la autoridad judicial optó por abrir un juicio en su contra en el país, lo que había sido rechazado anteriormente en varias ocasiones por la misma corte. "En atención a que todos los requeridos (...) tienen nacionalidad chilena y que varios de ellos tienen en Chile la calidad de procesados en causas criminales con tramitación pendiente (...) su entrega a las autoridades de (Argentina) debe quedar diferida", dijo el fallo.
"Se hará aplicación, en este caso, de lo previsto en la convención de extradición de Montevideo para no proceder a dicha entrega a fin de que sea el tribunal ordinario chileno el que juzgue a dichos inculpados", agregó la resolución.
La jueza argentina María Servini de Cubría ha investigado por varios años el atentado explosivo del 30 de septiembre de 1974 que mató a Prats y a su esposa en el barrio bonaerense de Palermo y sólo ha condenado a una persona por el crimen, el ex agente chileno Roberto Arancibia Clavel. Servini pidió a Chile la extradición de los superiores de Arancibia —los ex oficiales del ejército Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga y José Zara—, y del civil Jorge Iturriaga, los más altos miembros de la policía política de la dictadura, la temida DINA
La jueza también pidió interrogar a Pinochet por su responsabilidad de mando, pero la Corte Suprema se lo negó.

Satisfacción de la querella

Aunque sin estar en completo acuerdo con la resolución, pues prefería que los acusados hubiesen sido enviados a Argentina, la abogada querellante Pamela Pereira reconoció que en Chile está comenzando a atisbar una luz de justicia en el homicidio, después de casi 30 años de cometido.
"En lo personal, me hubiese gustado que estas personas hubiesen sido extraditadas a Argentina, pero quedo absolutamente conforme en la medida que se va a hacer, definitivamente, un juicio en Chile", comentó.
   
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