Lunes 16 de diciembre de 2002
		Automotrices de la muerte
		Por Martín Lozada
		Corría el año 1976 cuando trece obreros de la firma Mercedes-Benz fueron secuestrados de la planta automotriz ubicada en González Catán y luego desaparecidos. Dos acciones judiciales intentan probar, veintiséis años después, la complicidad de la empresa y su connivencia criminal con miembros de la ex dictadura militar. Una se sustancia en Alemania y la restante en la Argentina. Las presentaciones judiciales señalan que en 1974 se creó en la filial de Mercedes-Benz una comisión sindical, independiente del SMATA, el sindicato oficial. Que cuando se produjo el golpe de Estado fueron prohibidas las huelgas y el solo hecho de negarse a realizar horas extras, tal como hacían algunos trabajadores, equivalía a una abierta rebelión, detrás de la cual los militares veían una organización dirigida por el comunismo internacional. Frente a las fábricas de automóviles se apostaron soldados armados con fusiles y provistos con listas de nombres de los sindicalistas. En la empresa Ford los militares secuestraron a delegados sindicales, llevándolos más tarde en vehículos de esa marca a diversos centros de torturas. Pero en tanto esos delegados sobrevivieron a los tratos inhumanos y a la prisión, casi todos los trabajadores de Mercedes fueron asesinados. La firma alemana Mercedes-Benz, hoy Daimler Chrysler, a pedido de un sector de sus accionistas y de su propio sindicato de trabajadores en Alemania, ha decidido crear una comisión independiente de investigación que se ocupará de esclarecer las denuncias sobre la presunta cooperación de su departamento ejecutivo con la dictadura militar argentina. La comisión tiene el respaldo de la Fiscalía de Nuremberg, que desde 1999 viene investigando a Juan Tasselkraut, un ex funcionario de la empresa, que según la acusación presentada por el abogado berlinés Wolfgang Kaleck, durante 1976 y 1977 cooperó con los militares argentinos en la desaparición de los trece sindicalistas. La Fiscalía reconoció el derecho de los familiares de las víctimas a litigar en Alemania, aunque ellos no cuenten con la nacionalidad alemana. En este caso, la Fiscalía justifica sus investigaciones en razón de la nacionalidad alemana del acusado Tasselkraut, quien recientemente declaró en condición de inculpado en la sede de la embajada alemana en Buenos Aires. Las audiencias en el caso de Mercedes-Benz vienen desarrollándose desde hace cuatro años, impulsadas fundamentalmente por una periodista alemana, Gabriele Weber, que publicó el resultado de sus investigaciones en un libro titulado: "Los desaparecidos de la Mercedes-Benz". En nuestro país, por su parte, el fiscal federal Félix Crous denunció en noviembre pasado que la compañía automotriz Ford Motors Argentina tuvo vinculaciones con el Ejército durante la dictadura, en el capítulo referido a la lucha contra la subversión, y que en su planta habrían sido secuestrados varios operarios que aún hoy están desaparecidos. La denuncia fue publicada por el diario The New York Times, en un artículo que refleja la experiencia sufrida por Pedro Troiani, delegado sindical de la planta automotriz en abril de 1976, quien estuvo detenido clandestinamente durante un año en tres prisiones diferentes. Troiani indicó que fue retenido por hombres fuertemente armados que irrumpieron en la fábrica mencionada y señaló, asimismo, que en el quincho y el campo de deportes de la planta automotriz se había instalado una suerte de cuartel militar donde los efectivos se movilizaban a bordo de automóviles Ford. Basándose en su relato, el fiscal federal Crous solicitó se llevara a cabo una investigación de la conducta de la compañía durante la junta militar que gobernó la Argentina entre los años 1976 y 1983. En su presentación denunció que la Ford y sus ejecutivos más altos "arreglaron, participaron o encubrieron la detención ilegal" de Troiani y cerca de dos docenas de otros empleados de la compañía. También sostuvo que ambas automotrices cooperaron con los militares en ocasión de la represión ilegal y se beneficiaron cuando la campaña de secuestros y asesinatos de la dictadura tomó como blanco a los trabajadores y líderes sindicales. Además de Mercedes-Benz y de la Ford, se encuentran sospechados el grupo azucarero Ledesma y grandes astilleros del país. Inclusive la industria del acero -Acindar- ha sido objeto de una reciente investigación. En una de sus plantas, en la provincia de Santa Fe, antes del golpe militar se instaló un centro de detención clandestina en el que habrían muerto unas 15 personas. Aproximadamente 500 de sus empleados fueron entonces despedidos y obligados a abandonar la ciudad. Estas investigaciones judiciales van desentrañando los rostros menos conocidos de la dictadura militar que irrumpió en el poder del Estado en aquellos días de 1976. Y sirven además para poner en evidencia los intereses económicos que alentaron la comisión de crímenes tan siniestros y se beneficiaron con el terrorismo de Estado en la Argentina.
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