Martes 3 de diciembre de 2002 | ||
Amenazas globales |
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Por Aleardo F. Laría |
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Hace algunos años, el sociólogo alemán Ulrich Beck publicó un ensayo que tituló "La sociedad del riesgo". Tomaba como objeto de consideración la transformación en amenazas sociales, económicas y políticas del sistema de sociedad mundial superindustrializada. Argumentaba acerca del fin de la sociedad industrial clásica con sus nociones de soberanía del Estado nacional, de automatismo del progreso, etc. En el centro de la nueva sociedad aparecen los riesgos y consecuencias de la modernización que se plasman en amenazas irreversibles para la vida de las plantas, de los animales y de los seres humanos. Las nuevas tendencias de la globalización no respetan las fronteras de los Estados naciones, con lo cual surgen amenazas globales que son supranacionales y poseen una dinámica social y política nueva. Estos nuevos riesgos deben ser objeto de procesos sociales de definición, donde la opinión pública y la política comienzan a mandar en ámbitos que antes estaban reservados al management empresarial. La tragedia ecológica desatada por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas, con sus 77.000 toneladas de fuel en sus bodegas, ha puesto nuevamente de actualidad las opiniones de Beck. El Prestige era un petrolero construido en Japón, propiedad de una empresa fantasma con base en Liberia (Mare Shipping) registrado en Bahamas, con armador (Universe Maritime) con base en Grecia. El fletador es una filial del poderoso grupo industrial y financiero ruso Alfa, con base en Suiza; y una organización de EE. UU., el American Bureau of Shipping, clasificó al petrolero como apto para navegar. ¿Sobre quién recae ahora la responsabilidad por el desastre? Es muy difícil saberlo. Cada barco pertenece a una sociedad que lo inscribe bajo una bandera de conveniencia. El propietario no explota directamente el petrolero, sino que lo alquila a un armador que es el encargado de equipar el barco y contratar una tripulación. Finalmente, la carga pertenece a un tercero, el fletador. Cuando el petrolero lanzó el pedido de auxilio, varios remolcadores se lanzaron a su rescate. Pero como la tarifa por salvar a un buque de un naufragio suele ser un porcentaje importante del valor del mismo y de la carga, mientras el barco andaba a la deriva, derramando su carga, el armador negociaba con los propietarios de los remolcadores las condiciones del contrato de salvamento. Finalmente, ¿fue correcta la decisión del gobierno español de alejarlo de sus costas? ¿El impacto de la contaminación provocada por el naufragio no habría sido menor si las autoridades españolas hubieran acogido al buque en una zona abrigada, en un puerto? Cuando aún flotan los restos de fuel en las playas gallegas, sorprende una noticia venida de los Estados Unidos que informa que el presidente George W. Bush relajará los controles sobre la contaminación de las empresas y permitirá que emitan más sustancias tóxicas a la atmósfera. La noticia añade que la supresión de los controles de contaminación era un objetivo declarado de las corporaciones eléctricas, petroleras y del carbón, que han sido generosas contribuyentes en la campaña presidencial de Bush en el 2000 y de la del Partido Republicano en las pasadas elecciones del día 5. La industria petrolera se ha convertido en el principal sostén financiero de Bush y su vicepresidente Dick Cheney, ambos ex ejecutivos de empresas del petróleo, y es la que junto con el Pentágono alienta los planes belicistas para invadir Irak, otro desastre ecológico y humano en ciernes. Es indudable que existen ciertos bienes públicos que tienen un carácter global. En la preservación de la riqueza ictícola de los océanos, en el cuidado de la atmósfera, en la preservación de las especies, en los flujos de agua transfronterizos, existen intereses compartidos que requieren la institucionalización de mecanismos de colaboración entre los Estados. Sin embargo hasta ahora la sociedad internacional se ha mostrado impotente para abordarlos con eficacia. Para ello es necesario introducir una nueva lógica en la acción de gobierno, donde se superen viejas antinomias entre lo público y lo privado, lo nacional y lo internacional, la propiedad irrestricta y su uso con fines sociales. La expansión de los riesgos rompe con la lógica del desarrollo capitalista o al menos lo eleva a un nuevo nivel de exigencia. La sociedad internacional deberá ahora aprender a controlar su propio destino. |
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