Domingo 1 de diciembre de 2002 | ||
El ejemplo de Atocha |
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Por Carlos Torrengo |
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Fue el 24 de febrero del "77. Barrio de Atocha, Madrid. Una banda de pistoleros fascistas ingresó a un estudio de abogados laboralistas del Partido Comunista Español. Luego, ráfagas de pistolas y ametralladoras. Matan a cinco. La sangría sembró estupor y conmoción en España. En noviembre del "75 murió Francisco Franco. Fin para cuatro décadas de dictadura. Era la libertad. Al momento de Atocha, el país estaba inmerso en una emotiva y compleja búsqueda de la transición hacia la democracia. Un tiempo con presagios de sorpresivo retorno al autoritarismo. Nada fue fácil. Mucho más tras una guerra civil que sembró 600.000 muertos. Atocha fue un disparo a la transición. Entonces, la política reaccionó. La derecha lúcida que se despegó del franquismo, liderada por Manuel Fraga Iribarne y los todavía semilegalizados PCE y el PSOE, se movió. La consigna era clara: Atocha no debía pasar por alto. El que no pasara, hacía a un futuro más digno para el país. Entonces, de hecho, surgió un pacto: había que saber todo sobre Atocha. Una comisión interpartidaria reunió datos, investigó. Los aportó a la Justicia. La visitaron. No la presionaban, pero la miraban. Sin sospechar, pero la miraban. La trama de Atocha era desenredada. Las condenas fueron durísimas. Algunos de los asesinos se pudren hoy en las cárceles de España y Bolivia. Atocha es sinónimo de compromiso puntual de una dirigencia política para con su existencia. Un compromiso vital, activo. Un ejemplo que bien harían los candidatos a gobernador de Río Negro en tomar en cuenta, de cara al futuro de la provincia. Porque salvadas las diferencias con Atocha, es mucho lo que en favor de la verdad y de sus candidaturas estos hombres podrían hacer para echar luz sobre lo sucedido en materia de corrupción durante dos décadas de régimen radical. ¿Por qué no firmar un pacto para que quien gane la gobernación se comprometa, con la colaboración de sus derrotados, a investigar ese pasado? Porque hay una inmensa hipocresía en muchos de estos candidatos a la hora de referirse a ese pasado. Sólo hay alguien muy activo en esta cuestión: Guillermo Wood, del ARI. Pero el grueso, muy sueltos de cuerpo, dicen -por caso- que el Ejecutivo no se puede poner a investigar. Luego, más sueltos, acotan sin ruborizarse: "¡Ah, pero colaboraremos con la Justicia!" - ¡Lo vergonzoso de ese compromiso es que el ministro Hueyo nos notifica de su decisión de colaborar con la Justicia, como si esto fuera algo ajeno a sus obligaciones!- dijo Lisandro de la Torre cuando el titular de Agricultura y Ganadería accedió a entregar documentación sobre el polémico Pacto Roca - Runciman. ¿Y qué es eso de que el gobierno no puede hacer de detective? Es una conclusión de una gravedad extrema. Parte y concluye en una quita de potestad a la función de mandatario. Reiteramos: ¿cómo que no se puede investigar? De esa negación no es aventurado inferir varias conclusiones. Una, quizá la más delicada, dice que como el Ejecutivo no puede ser detective, y si no hay denuncia y la Justicia tampoco interviene de oficio, toda corrupción en el aparato del Estado tiene destino de nada. O en todo caso depende de la buena voluntad y reflejos de los órganos de contraloría. En este marco hay expresiones de no pocos de los candidatos a gobernador que suenan insólitas. Se les pregunta por un hecho bajo sospecha de corrupción, y responden: "Está actuando la Justicia, no puedo opinar". ¿Cómo que no pueden opinar? Lo que no deben es entorpecer el accionar de la Justicia. Pero esto nada tiene que ver con opinar sobre el caso en cuestión y cómo ven ese accionar. Hay hasta incluso en estos candidatos una patética carencia de voluntad por "saber de qué se trata". Porque cuando dicen que no opinan sobre un caso de corrupción porque "está en manos de la Justicia", pareciera que están esperando el fallo para formarse una opinión. ¿Por qué no haciendo un alto ante tanta respuesta hipócrita, los candidatos que opinan en esa línea argumental no se dirigen al STJ y le preguntan la razón por la cual hace 12 años que la causa grande del ex BPRN está en manos de la Justicia y aún no fue a juicio? Ese es un caso concreto de algo que "está en manos de la Justicia". Muy limitada por cierto debe ser la autoestima intelectual de muchos de estos candidatos para que tengan que esperar que la Justicia decida, para recién formarse opinión sobre lo sucedido en aquel banco. Y hay otro perfil grave en este discurso del grueso de los candidatos: hablan de la Justicia, no de la corrupción. En otros términos, se detienen en la Justicia como si ésta no formara parte del problema. O sea, como si fuera ajena a la reproducción de condiciones que favorecen la corrupción. Pero no lo es. Es realmente grave que puedan llegar a gobernador convencidos de que la lentitud de decisiones, que es propia de la Justicia rionegrina, nada tiene que ver con la corrupción y su expansión. Esa lentitud no es neutra. Muy por el contrario: es consustancial a la idea de que se puede coimear o robar desde el Estado, y luego zafar. Un convencimiento que se arraiga en una patología muy acentuada: "Como no hay sentencia, yo sigo". En este marco no dejaría de ser interesante que los candidatos a gobernador se preguntaran -por caso- sobre las razones por las cuales el juez que interviene en el caso casinos aún no inició las indagatorias. Tiene sobrados elementos para proceder en esa dirección. Pero no se pone en marcha. Y como ya despunta la feria judicial, es de prever que esa determinación se postergará hasta algún día de los tiempos por venir. En fin, reiteramos: no estaría mal que los candidatos se agruparan primero. Y luego, de cara a sus propias obligaciones, prestarle un servicio a la provincia metiéndose de lleno en lo que hace a la corrupción en el aparato del Estado. Casi como aquellos políticos ante Atocha, que se negaron a ser cómplices de la inacción ¿Será tanto pedirles eso? Carlos Torrengo |
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