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Martes 3 de diciembre de 2002 | ||
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Las leyes atentan contra la seguridad en las chacras |
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La vigilancia privada pareció una buena alternativa para la inseguridad en las chacras. Pero las leyes rionegrinas se transforman en una traba que suele alentar al productor a armarse. |
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Ante la burocracia, algunos desisten de la idea o -como se ha confesado- llegan a armarse, a pesar de no contar con un entrenamiento mínimo en un polígono de tiro, exponiendo sus vidas y las de los suyos. Hay asimetrías entre Río Negro y Neuquén, que se hacen más evidentes en una región como el Alto Valle por los escasos kilómetros que separan sus ciudades de Neuquén capital. En Neuquén, las habilitaciones son bastante más ágiles y un chacarero, por ejemplo, puede contar casi inmediatamente con vigilancia. Una de las principales diferencias entre ambas provincias es el arancel que deben pagar las empresas de seguridad privada que son contratadas. En Neuquén se abona cerca de 1.000 pesos anuales por empresa, mientras que en Río Negro se paga 22 pesos mensuales por cada vigilador habilitado. Esto condiciona a las empresas para satisfacer la demanda, y el que termina perjudicándose es quien busca mayor protección. Es que al existir un arancel por vigilador habilitado, las empresas utilizan sólo la cantidad necesaria para cubrir los puestos contratados, ya que de otra forma, pagarían 22 pesos por un empleado que no está trabajando. De modo que si una familia rural o productor rionegrino quiere contar con vigilancia privada, deberá esperar a que el gobierno provincial habilite a los vigiladores. Esto puede llegar a tardar entre dos y tres meses, un tiempo demasiado extenso cuando se está hablando de plazos perentorios donde la vida y los bienes están en juego. Esta demora, según especulan encargados de empresas de seguridad consultados, apuntaría a que quienes buscan más seguridad, contraten policías adicionales. En el caso de Neuquén, no hay que esperar tantas semanas. Una vez que se entregaron los papeles del vigilador se extiende una constancia provisoria hasta que llega la licencia habilitante. Es decir, una solución práctica que deja de lado la burocracia, las idas y venidas de papeles, y la excesiva pérdida de tiempo. Hay otras limitaciones. En ambas provincias, los vigiladores no podrán trabajar fuera del bien que se está custodiando, ya que si no, se consideraría que se está en la vía pública y ello ha quedado como competencia exclusiva de la policía. En ese caso, quien más facultades tiene para retener a un sospechoso fuera de su propiedad, es el propio dueño de una chacra -o algún trabajador rural- ya que los vigiladores no pueden cumplir con esa tarea. Sí deben comunicar lo sucedido a la Policía y esperar su llegada, pero no detener, aunque sea momentáneamente, a algún sospechoso. Es decir, que un delincuente que entra a un lote con vigilancia privada a robar, presume que cruzando la tranquera o el alambrado, no lo pueden atrapar. Las agencias de seguridad tampoco están autorizadas a recorrer el camino que pasa frente a la propiedad custodiada, ni mucho menos reflectorear propiedades vecinas. Y justamente si se quiere agregar luces a un vehículo para una patrulla nocturna, las reglamentaciones son diferentes en Neuquén y Río Negro. En Río Negro se permite agregar dos faros al vehículo, siempre y cuando estén a la misma altura de los faros originales. Es decir, que en teoría, ninguna camioneta podría tener faros sobre la jaula antivuelco, por ejemplo. La situación en Neuquén es distinta, ya que no hay restricciones en cuanto al número de faros que se puedan agregar. En definitiva, este tipo de trabas terminan por perjudicar a quien sólo quiere proteger sus bienes. Es por eso que en varios casos, los productores decidieron abandonar la idea de la seguridad privada y prefirieron armarse, con todo los riesgos y problemas que ello le puede acarrear. Y en el Alto Valle ya han ocurrido tiroteos que terminaron trágicamente. |
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