Sábado 7 de diciembre de 2002
 

Destrucción mutua

 
  Que haya cierta tensión entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central es normal en todos los países del mundo, porque mientras que el primero suele querer gastar más, es deber del segundo defender a rajatabla el valor de la moneda. En cambio, no es normal en absoluto que los funcionarios que ocupan dichos puestos se dediquen a intercambiar insultos y acusaciones en público, librando a través de los medios de comunicación una guerra interna por los consabidos espacios de poder. Sin embargo, esto es precisamente lo que han estado haciendo desde hace meses Roberto Lavagna y Aldo Pignanelli que, fieles a las tradiciones del peronismo bonaerense, a menudo parecen más interesados en destruirse mutuamente que en colaborar para que el país encuentre la forma de salir de la crisis económica devastadora en la que esta debatiéndose. Por eso, Lavagna, es de suponer envalentonado por el veranito, no ha tenido empacho en criticar a Pignanelli ante académicos por ser a su entender títere de los bancos privados. Según parece, la consecuencia inmediata de ésta, la enésima pelea entre un ministro de Economía y el titular del Banco Central, consistirá en la renuncia de éste a pesar de la voluntad manifiesta del presidente Eduardo Duhalde de seguir contando con un hombre de su propio entorno en una posición clave. Puesto que Pignanelli ya ha afirmado que "este tipo", Lavagna, lo tiene "podrido" a raíz de las "operaciones de prensa" en su contra, no le sería nada fácil seguir conviviendo con él.
Por ser los dos funcionarios proclives a pensar más en su vendetta particular que en los intereses de la nación, las intrigas que han urdido han incidido de forma muy negativa en la relación del país con el Fondo Monetario Internacional: por cierto, es razonable suponer que la "dureza" de la que ha hecho gala Lavagna se ha debido por lo menos en parte a su deseo de desautorizar a Pignanelli, motivo por el que se ha dado en tratarlo como un representante de los intereses de la banca privada que por tal motivo se mostraba en favor de alternativas como la de un bono compulsivo para los ahorristas atrapados en el corralito.
Aunque es posible que hayan estado en juego algunas diferencias "ideológicas" -en este ámbito, el que ambos hayan militado en el peronismo bonaerense no nos dice nada-, no cabe duda de que la rivalidad personal ha pesado decididamente más que las eventuales discrepancias teóricas: de manifestarse uno conforme con una iniciativa determinada, sería de prever que el otro estaría en contra.
Una vez más, pues, el país es víctima de una lucha interna mezquina entre políticos de origen populista que están más que dispuestos a aprovechar toda oportunidad que surja para aumentar su propio poder sin preocuparse demasiado por los perjuicios concretos que ocasionen. Para colmo, no han hecho el menor esfuerzo por disimular sus sentimientos, aunque deberían comprender que en una coyuntura como la actual le convendría al país que el gobierno se las arreglara para impresionar a los demás por su cohesión y su espíritu de equipo. Por cierto, dadas las circunstancias puede entenderse la resistencia del FMI a firmar un acuerdo con una administración que se asemeja más a un campo de batalla, que a un gobierno de emergencia que esté resuelto a hacer frente a los problemas básicos de un país en bancarrota en el que la mitad de la población ya ha caído por debajo de la línea de pobreza. Además de tener que tomar en cuenta la evolución de la guerra prolongada entre un Poder Ejecutivo pesificador y un Poder Judicial presuntamente redolarizador, al Fondo y a los gobiernos de aquellos países que quisieran colaborar con nosotros les es necesario intentar prever el desenlace del conflicto entre el Palacio de Hacienda, que ha querido profundizar el default aun cuando el propósito haya sido presionar a los acreedores para que se resignen a sus pérdidas, y el Banco Central que hubiera preferido pagar al Banco Mundial aquellos 800 millones de dólares porque el grueso sería devuelto en seguida para el plan Jefas y Jefes de Hogar, que constituye la iniciativa social más importante del gobierno de Duhalde. En vista de la imposibilidad de pronosticar los resultados de todos estos conflictos, es lógico que el FMI haya optado por esperar a que el gobierno logre actuar de modo un tanto menos confuso.
     
     
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