Sábado 30 de noviembre de 2002
		Territorio desconocido
		Parecería que se han equivocado aquellos que creían que por fin el país comenzaba a salir del caos jurídico-financiero provocado por las medidas "asimétricas" tomadas por el gobierno del presidente Eduardo Duhalde. De confirmarse la presunta decisión de la Corte Suprema de ordenar redolarizar los depósitos de los ahorristas, las consecuencias para la economía serían totalmente imprevisibles. Según muchos banqueros, un fallo en tal sentido abriría las puertas al caos porque sus entidades no cuentan con los dólares necesarios, de suerte que podría producirse "el fin del sistema financiero", lo que dejaría a millones en la ruina, mientras que la redolarización de los créditos con el propósito de restaurar el statu quo también desataría una multitud de protestas. Estén en lo cierto o no los que prevén una convulsión acaso mayor que la ya experimentada cuando Duhalde optó por salir de la convertibilidad sin preocuparse por los engorrosos detalles prácticos, el mero hecho de que tantos estén formulando vaticinios apocalípticos podría resultar más que suficiente como para asegurar que el "veranito" termine en medio de una tormenta de dimensiones pocas veces vistas. En la raíz del embrollo fenomenal que se ha producido está el conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que han estado haciendo de la economía un campo de batalla con el resultado de que nadie sabe a ciencia cierta quién está a cargo del gobierno. Puesto que la lectura jurídica de las muchas anomalías que han surgido a partir del colapso de la convertibilidad difiere radicalmente de la política, ya es rutinario que una iniciativa del Poder Ejecutivo se vea modificada o anulada por la Justicia. Que esto suceda a veces podría considerarse normal, pero no lo es en absoluto que ocurra repetidamente con medidas tan fundamentales como las supuestas por la devaluación y la pesificación. Además, para aumentar todavía más los perjuicios provocados por el ping-pong político-jurídico, a menudo transcurre mucho tiempo entre la promulgación e instrumentación de una medida determinada por un lado y, por el otro, la decisión de un juez de declararla inconstitucional. De haber fallado la Corte Suprema contra la pesificación a pocos días del anuncio de la medida, el impacto de semejante decisión hubiera sido por lo menos manejable. Al amagar con hacerlo casi un año después, empero, amenaza con retraer el país a la situación nada recomendable que imperaba más de diez meses antes. Aunque la recuperación de la que hablan el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y otros voceros oficiales sea sumamente precaria por basarse en la virtual congelación de las tarifas de los servicios públicos, en la negativa gubernamental a hacer frente a sus obligaciones y en la postergación hasta nuevo aviso de toda reforma estructural, no cabe duda de que en la actualidad el estado de la economía es mejor de lo que la mayoría había previsto a mediados del año. Por lo tanto, valdría la pena permitir que se consolide la confianza todavía incipiente de la ciudadanía en un sistema financiero sin duda débil, para no decir jibarizado, pero que es el único con el que contamos. Los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen sus propios ritmos, los que, desgraciadamente para el país, son extraordinariamente lentos debido a la propensión común a minimizar los intereses de los demás, razón por la que si bien en algunas partes del país la recuperación ya ha empezado a brindar resultados muy satisfactorios, en muchas otras aún no se ha hecho sentir. Aunque a esta altura pocos creerían que quienes manejan los destinos del país podrían trabajar de forma más armoniosa para que la economía tuviera un marco político y jurídicamente coherente en el que pudiera evolucionar de manera saludable, por lo menos podrían ahorrarnos una repetición de los sucesos alucinantes con los que se inauguró el año. Lo que el país necesita más que nada hoy en día es que sus dirigentes actúen con responsabilidad y realismo. A juzgar por las previsiones alarmantes que están formulando funcionarios del gobierno, representantes de la banca pública y privada, y economistas profesionales, empero, reclamar dichas cualidades a la dirigencia nacional actual es pedir peras al olmo.
Tapa || Economía | Políticas | Regionales | Sociedad | Deportes | Cultura || Todos los títulos | Breves || Ediciones anteriores | Editorial | Artículos | Cartas de lectores || El tiempo | Clasificados | Turismo | Mapa del sitio Escríbanos || Patagonia Jurásica | Cocina | Guía del ocio | Informática | El Económico | Educación