Jueves 12 de diciembre de 2002

 

Duro fallo contra el aumento de servicios públicos

 
  El juez en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli suspendió "los efectos y la aplicación del decreto" que autorizó aumentos en las tarifas de servicios de gas y electricidad dispuesto a principios de diciembre por el Gobierno, en un fallo que contiene duros conceptos respecto a la actitud de las firmas prestadoras.
Las empresas "desarrollan su actividad lucrativa en un país real y no en uno ideal; un país que se encuentra inmerso en una crisis sin precedentes donde los contratos han sido quebrados y desconocidos...prueba de ello son las más de 180.000 causas iniciadas a lo largo de este año", afirmó el juez.
En párrafos de inusual dureza para con las firmas concesionarias, Marinelli sostuvo que "sí verdaderamente consideran que les asiste el derecho a obtener una recomposición de las tarifas, deben acudir ante la Justicia...y no peticionar -como dijeron- un aumento de las mismas ante el Poder Ejecutivo".
En un fallo de 14 carillas, que hizo lugar a una presentación de la ombudsman porteña Alicia de Oliveira, el magistrado especificó que el fallo compete sólo al ámbito capitalino, al tiempo que descartó los argumentos del Gobierno acerca de la necesidad de otorgar incrementos a las empresas proveedoras para "no poner en peligro el suministro". Marinelli recordó que el Congreso a través del artículo 10 de la Ley de Emergencia Económica vedaba a las "empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones" . "El Poder Ejecutivo tiene a su disposición las herramientas jurídicas que le permiten asegurar la prestación con calidad y seguridad de tales servicios públicos hasta tanto se concluya con el proceso de renegociación", añadió el juez.
El magistrado hizo propio el argumento de Alicia de Oliveira de que los aumentos deben ser discutidos en el marco de la renegociación global de los contratos de servicios y no a través de audiencias convocadas sólo para discutir el monto de los incrementos".
Al fundamentar su fallo Marinelli consideró evidente "el perjuicio para los clientes en el caso de una demora judicial, ya que sería extremadamente complejo o difícil o casi imposible revertir el daño, que sobrevendría para los usuarios como consecuencia de la aplicación de los aumentos".

Insisten en renegociar

La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia de Oliveira, se mostró satisfecha por el fallo judicial que volvería a frenar el aumento en las tarifas del gas y la electricidad dispuestos a principios de mes por el gobierno.
Oliveira, quien reconoció que aún no leyó el fallo que pondría freno al ajuste de tarifas para los usuarios de Capital Federal, volvió a reiterar que "primero hay que renegociar los contratos (de concesión) y luego discutir tarifas en audiencias públicas. Estaba absolutamente convencida que teníamos razones desde el punto de vista jurídico", afirmó la ombudsman porteña, al tiempo que añadió que el Gobierno nacional "debiera desistir y continuar con la renegociación de los contratos en lugar de poner palos en la rueda".
Por otra parte, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, se mostró satisfecho con el fallo y sostuvo que debería hacerse extensivo a todos los usuarios y no sólo a los de Capital Federal. No descartó promover una acción en tal sentido.
   
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