Lunes 25 de noviembre de 2002

 

La "causa de los bonos" está a punto de naufragar
 

Decretaron nulo un allanamiento en el que se obtuvo la prueba central del expediente. Algunos de los imputados pidieron su sobreseimiento; el fiscal debe expedirse.
  NEUQUEN (AN)- La llamada "causa de los bonos" tambalea. La justicia declaró nulo un allanamiento en el que se obtuvieron buena parte de las pruebas que sostienen el expediente y algunos de los imputados, entre ellos funcionarios de la actual administración, ya pidieron su sobreseimiento por prescripción.
El expediente está ahora en poder del fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Pedro Telleriarte. Se lo envió el juez José Luis Cartolano para que opine si corresponde otorgar el sobreseimiento solicitado o si va a insistir con las imputaciones.
Según pudo saber "Río Negro", en estos momentos se está analizando si con la documentación que sobrevivió al incendio de la nulidad alcanza para sostener la acusación contra los imputados o, por el contrario, corresponde archivar las carpetas para siempre.
Esta larga y compleja investigación comenzó el diciembre de 1997 con una denuncia que el entonces fiscal de Estado, Jorge Andión, presentó ante el ex fiscal Mario Rodríguez Gómez.
La maniobra investigada consistió en operaciones de compra, venta y arbitraje de títulos públicos de propiedad del Estado provincial, concertadas supuestamente por debajo de los valores mínimos del mercado con el presunto fin de obtener un lucro indebido para la financiera y para quienes la ejecutaron, violando los deberes de funcionario y en perjuicio del erario público#.
Los títulos en cuestión fueron transferidos a la provincia por el Estado nacional en 1992, merced al denominado "Acuerdo de Saneamiento Financiero", y operados por la financiera Argemofin SA (ver aparte).
En noviembre de 2000, Rodríguez Gómez pidió la indagatoria del ministro de Hacienda de la provincia, Alfredo Pujante; del ex presidente del Banco de la Provincia de Neuquén, Carlos Chiáppori; y los ejecutivos de la financiera Argemofin S.A. Guillermo Gómez Prieto, Guillermo Busso, Rodolfo Magnasco, Juan Pablo Aíta Tagle, Marcelo Colombo y Juan Carlos Cerutti.
Argemofin es una financiera que luego pasó a llamarse Argembur, y está mencionada en el expediente del lavado de dinero investigado por la diputada Elisa Carrió.
Buena parte de las pruebas utilizadas por Rodríguez Gómez en su pedido de indagatoria fueron obtenidas en un allanamiento realizado en Buenos Aires.
Los imputados plantearon la nulidad de esa diligencia. Al parecer los investigadores tenían la orden de allanamiento judicial de una empresa en la que no estaban los papeles que buscaban, pero un contador se ofreció a llevarlos personalmente donde le indicaran. Y así lo hizo.
La defensa se aferró a este aspecto del episodio para plantear que la documentación había sido obtenida ilegalmente y no podía utilizarse como prueba contra los imputados. El juez José Luis Cartolano les dio la razón, y la fiscalía apeló a la Cámara.
Hace unos meses, la Cámara emitió un fallo en el que estuvo de acuerdo con el juez, anuló el allanamiento y prohibió utilizar como prueba la documentación obtenida por esa vía.
Con esa resolución en la mano, los imputados dieron un paso más y pidieron su sobreseimiento por prescripción de la causa.
El juez Cartolano le remitió entonces el expediente al fiscal Telleriarte para que opine si corresponde, o si por el contrario va a seguir impulsando la acción penal.
En este punto están las cosas ahora, con la fiscalía y el gabinete técnico contable del Poder Judicial analizando qué corresponde hacer.

Perjuicio estimado en 72 millones de pesos

NEUQUEN (AN)- La justicia investigó las operaciones de compra y venta de títulos públicos de la provincia realizadas entre agosto de 1994 y diciembre de 1995, durante la anterior gestión Sobisch. A través de diversas pericias contables, una de ellas realizada por el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la fiscalía estimó que hubo un perjuicio para el erario público de Neuquén de 72 millones de dólares.
Neuquén y Argemofin estuvieron unidas por esas operaciones. Los papeles llegaron a manos del gobierno provincial cuando se negoció la cancelación de deudas con Nación a principios de la década del 90. Producto de ese acuerdo, Sobisch logró ingresos superiores a los 700 millones de pesos.
Las operaciones encomendadas a Argemofin estaban vedadas a las provincias, pero merced a una gestión realizada en agosto de 1994 por el entonces -como ahora- ministro de Hacienda de la provincia, Alfredo Pujante, fueron autorizadas por un monto máximo de 50 millones.
Pujante delegó en el BPN, presidido por Chiáppori, la concertación de tales operaciones.
Fueron un total de 65, todas con Argemofin, en las que se habrían pagado intereses demás sobre valores de mercado por 414.894 pesos.
Además, se habrían inmovilizado títulos por casi 22 millones, que quedaron en poder de la financiera con la posibilidad de negociarlos.
Argemofin es una de las entidades investigadas por los integrantes de la comisión que analiza información sobre el lavado de dinero en la Argentina, según informó la diputada nacional Elisa Carrió.
   
    ® Copyright Río Negro Online - All rights reserved    
     
Tapa || Economía | Políticas | Regionales | Sociedad | Deportes | Cultura || Todos los títulos | Breves ||
Ediciones anteriores | Editorial | Artículos | Cartas de lectores || El tiempo | Clasificados | Turismo | Mapa del sitio
Escríbanos || Patagonia Jurásica | Cocina | Guía del ocio | Informática | El Económico | Educación