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Miércoles 20 de noviembre de 2002 | |
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Los acusados dijeron estar enfermos |
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Raúl Monti y Rolando González presentaron certificados médicos por padecer dolencias "cardíacas y lumbares". |
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| ZAPALA (AZ).- Los certificados médicos siguen jugando en favor de la postergación de procesos judiciales contra funcionarios neuquinos sospechados de corrupción. Esta vez fue el subsecretario de Asuntos Municipales, Raúl Monti, quien echó mano al recurso para provocar una nueva dilación en la causa que investiga la presunta defraudación al Estado y el incumplimiento de los deberes de funcionario público en la construcción de obras con ATN. Monti y el ex secretario del municipio de Las Lajas, Rolando González, presentaron el lunes por la noche sendos certificados avalados por profesionales donde se establecía que debían guardar reposo. Los jueces fijaron nueva fecha para antes de fin de año. Imitando a la dirigente justicialista Morma Miralles, quien esgrimió problemas de salud durante el juicio que afrontó por manejos irregulares de Aportes del Tesoro Nacional, Monti se escudó en esta estrategia para forzar la enésima postergación del debate. Según se confirmó, tanto Monti como González presentaron certificados por dolencias "cardíacas y lumbares" respectivamente donde se les recomendaba "mantener absoluto reposo". Esta situación generó una nueva dilación en el proceso que investiga la presunta defraudación a la administración pública en la construcción de la redes cloacales de Las Lajas y Aluminé. "El sábado un testigo del juicio me contó que Monti le dijo que se quede tranquilo porque se suspendería hasta el año que viene", aseguró ayer el edil lajeño Enrique Catalán, uno de los impulsores de la investigación a través de sus denuncias. Sin embargo, la estrategia defensiva de Monti sufrió un inesperado revés a partir de la determinación de los jueces de fijar una nueva fecha de audiencia para antes de fin de año. En principio, las especulaciones daban cuenta de que el juicio debería trasladarse hasta mediados de 2003, pero el tribunal encontró un espacio en el calendario y determinó que el debate se realice antes de la feria. Paralelamente trascendió que la justicia podría impulsar la conformación de una junta médica para confirmar las dolencias de las acusados. Monti está acusado junto a González y Hernán Guzmán por los delitos de defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la construcción de la red cloacal y la planta de tratamiento de residuos en Las Lajas. De acuerdo a la acusación fiscal, Monti y sus secretarios habrían incurrido en numerosas irregularidades durante la obra. En primera instancia no convocaron a licitación y cedieron el emprendimiento a la empresa Puyehue SRL, propiedad del empresario Enrique Halcak, que no tenía avales económicos y se había formado poco tiempo antes. Además, diferentes pericias ordenadas por el entonces fiscal Hugo Saccoccia determinaron la aparición de sobreprecios abismales en diferentes rubros así como el cobro de trabajos que en realidad nunca se ejecutaron. En definitiva la obra tuvo un costo final de 9.800.000 pesos cuando en realidad se deberían haber pagado sólo 3,8 millones. En Aluminé la metodología utilizada fue similar. El intendente Jorge Cáseres aprobó la contratación directa de la firma Constructora del Sur, cuyo socio mayoritario era Halcak. Aquí también figuran como imputados varios ediles quienes declararon el proyecto de interés municipal. En este caso la obra tuvo un costo final de 5.100.000 pesos pero las pericias posteriores determinaron que en realidad sólo correspondía pagar 2.200.000. |
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