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Viernes 15 de noviembre de 2002 | ||
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El plan del grupo Matas vale 80 millones de pesos |
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Lo explicó Fernández Dotzel a los diputados. Si la empresa gana la licitación absorberá la demanda del Estado |
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En la reunión que mantuvieron Fernández Dotzel y su equipo con los diputados de la comisión de producción de la Legislatura, el gobierno encontró apoyo para expropiar unas 3.500 hectáreas sistematizadas pero improductivas en Senillosa. Esa iniciativa la semana pasada había sido cuestionada por los integrantes de la cámara de productores de la localidad. La impugnación fue rechazada con la salvedad de la oposición de que se preservara a quienes verdaderamente mantienen las tierras en producción y la cesión posterior se haga con mecanismos transparentes -concurso o licitación pública-. Justamente eso aseguró Fernández Dotzel, quien advirtió además del riesgo de "amparar ocupaciones ilegales" que atenten contra los proyectos genuinamente productivos. El oficialismo y los funcionarios del gobierno se ocuparon con insistencia en separar el proyecto del grupo Matas del de expropiación de tierras. Aunque los funcionarios, que además recibieron el apoyo del intendente Sergio Farías y los concejales de Senillosa, explicaron que no se determinó aun la ubicación de los emprendimientos agroindustriales de Matas, en todo momento se aludió a esa localidad como probable asentamiento. Farías dijo que el municipio, que es "el principal empleador de la ciudad" según el diputado Aldo Duzdevich, paga 6 millones de pesos anuales en sueldos. Si el grupo Matas se asienta allí, destinará unos 4,5 millones anuales en salarios -a 600 pesos mensuales de promedio sobre la base de 380 empleados-. Sin embargo, en principio, la inversión del grupo mendocino -que se escalona en dos años y totaliza 8 millones de pesos- será de sólo 1,75 millón para la planta y lo que demande la compra de la tierra, que puede ser medio millón más a precios fiscales en Senillosa. Los diputados de la oposición pidieron una copia de los análisis económicos y financieros de la empresa para saber cómo invertirá y si podrá responder a la demanda del Estado, que también requerirá los suministros para las cárceles del sistema penitenciario y para los comedores de acción social. Además, desde los concejales y los diputados se exigió que la mano de obra se contrate en la provincia, a lo que Fernández Dotzel respondió que "está en manos de los legisladores" completar las condiciones. El proyecto de iniciativa privada, que fue cuestionado en algunos puntos "está dentro de la ley", respondió el secretario de producción, y "depende de los diputados" revisar las exigencias. |
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