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Miércoles 6 de noviembre de 2002 | ||
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Camino despejado para la comisión de Lotería |
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Dictamen en favor de la investigación legislativa. Los veranistas se opusieron, pero sin mayoría. |
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Los diputados del veranismo se opusieron pero ayer los restantes legisladores forzaron el tratamiento y lograron aprobar el dictamen en la Comisión de Presupuesto. Este resultado permitirá que mañana la Legislatura conforme esta comisión para investigar lo actuado por el gobierno de Pablo Verani en el manejo de las concesiones de la Lotería. Queda por esperar mañana cuál será la actitud de los diputados veranistas en la sesión, pero su rechazo igualmente no impedirá la aprobación de la comisión, planteada por un proyecto de los legisladores Eduardo Chironi y Guillermo Wood, del Frente Grande, y Guillermo Grosvald del Movimiento Popular. Este instrumento de "análisis" fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Constitucionales, que preside Fernando Chironi. El último lunes se reunió su par de Presupuesto, que conduce el veranista Walter Azcárate. No incluyó ese proyecto en el temario y tampoco lo hizo en la víspera, siempre confiado que sólo el presidente fijaba las iniciativas en análisis. En público, Azcárate relativizó conformar esa comisión porque había que esperar la actuación de la Justicia, dijo. Ayer, en diálogo con Wood, el radical justificó el no tratamiento porque todavía no tenía la posición del bloque. Al final, los legisladores no veranistas y de la oposición pidieron y forzaron ese debate. La votación arrojó el apoyo a la comisión de parte de los radicales no veranistas Alfredo Lasalle y Juan Manuel Muñoz, el justicialista Sigifredo Ib´sñez y Guillermo Grosvald del Movimiento Popular. En cambio, se opusieron a conformarla los veranistas Azcárate, Osbaldo Giménez y María Inés García. La comisión podrá pedir informes a los Poderes Judicial o Ejecutivo, entes autárquicos o particulares que exploten las concesiones. También se prevé la citación a declarar de agentes y funcionarios del Estado provincial y quienes estén vinculados con contrataciones que son motivo de esta investigación. Asimismo, la iniciativa establece la posibilidad de solicitar la intervención judicial para realizar allanamientos y secuestros, contratar asesoramiento para el mejor cumplimiento de su cometido y requerir informes y colaboración a entidades públicas y privadas que puedan contribuir al objeto de la comisión. La investigación se fundamentó que la Legislatura debe intervenir "para dejar en claro, como lo ha venido sosteniendo en todas las creaciones de comisiones de fiscalización, que desde el pluralismo político ningún interés puede ser más importante que el general". Los autores afirmaron que un objetivo es analizar la relación que existe entre las empresas concesionadas y el Estado provincial, toda vez que la misma "está sospechada de determinados incumplimientos en los pagos de cánones que se debían realizar". |
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