Ferrari sigue sumando empresas y problemas

En los últimos meses creó tres firmas que celebraron ventajosos contratos en Entre Ríos. Pero fueron objetados por el Tribunal de Cuentas, y la Legislatura pidió su anulación. Además, hubo dos denuncias penales: una de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y otra del senador justicialista Jorge Busti.

Scalesa.

PARANA, Entre Ríos - (Por Oscar Londero, especial para "Río Negro") - El rionegrino Damián Scalesa, Daniel Luis Raina y Víctor Hugo Asteggiano presiden tres empresas -Loterjet SA, Sasha SA y Electric Line SRL respectivamente-, que tienen algo en común: responden a Carlos "Cacho" Ferrari y acordaron instalar, en conjunto, 470 máquinas tragamonedas en Entre Ríos. La expansión del dueño de Interworld SA -que tiene la concesión de los casinos de El Cóndor, Las Grutas, Cipoletti y Viedma- quedó plasmada a través de los contratos que sus hombres de confianza celebraron en agosto pasado con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).
Los convenios tienen similitudes: se firmaron tras procedimientos administrativos pocos claros; fijan plazos extensos de concesión; otorgan la mayoría de las utilidades a las empresas; y hasta incluyen cláusulas de exclusividad y preferencia ante nuevos emprendimientos del IAFAS.
Todo eso llevó a la Cámara de Diputados entrerriana a solicitarle al gobernador radical Sergio Montiel que anule los convenios. Fue el 26 de setiembre y por unanimidad, tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas que advirtió sobre una serie de irregularidades.
Pero las contratiempos para los hombres de Ferrari no terminaron ahí, ya que el actual interventor del IAFAS, Antonio Boleas, decidió revisar los contratos que su antecesor -Pablo Bertellotti- firmó con Loterjet SA, Sasha SA y Electric Line SRL.
Además, el responsable de la Lotería entrerriana aguarda de un momento a otro un dictamen de la Fiscalía de Estado, ya que de eso dependerá la vigencia o rescisión de los convenios. No se trata de una decisión fácil, ya que la marcha atrás del IAFAS dejará abierta la posibilidad para que Ferrari solicite un millonario resarcimiento a través de la Justicia.
El primero en firmar con el IAFAS fue Scalesa, quien el 9 de agosto acordó terminar las refacciones de la sala a la que se trasladará el Bingo de Paraná. Según el contrato, avalado por la resolución 1.383 de Lotería, Loterjet SA invertiría dos millones de pesos en obras, lo que la habilitó para instalar 200 tragamonedas, dos ruletas electrónicas y una máquina de carreras de caballos para 12 apostadores.
Además, Scalesa –que es primo del ex ministro Daniel Sartor y es apoderado de Varsa, otra de las empresas de Ferrari-, logró incluir una cláusula que le permitirá renovar las 100 tragamonedas que funcionan en el casino del Hotel Internacional Mayorazgo. Allí también podrá instalar dos ruletas electrónicas y otras tantas máquinas de carreras de caballos.
Según el acuerdo, "en contraprestación por la inversión a realizar, la empresa percibirá una participación del 60% del resultado bruto -o sea, las utilidades- que arrojen las máquinas electrónicas de juego a instalar en el local y en el casino del Hotel Mayorazgo".
Claro que no es el único beneficio conseguido por Scalesa: el contrato tendrá vigencia durante 20 años e incluye una cláusula de exclusividad "en la ciudad de Paraná y radio de influencia (sic), para la instalación de máquinas electrónicas y/o electromecánicas de juego de azar de cualquier tipo y modelo".
Además, el IAFAS deberá pagar el 75% de los impuestos que gravan el juego, los seguros de las máquinas, servicios y tasas, mientras que no recibirá utilidades por la explotación de servicios gastronómicos, estacionamiento, guardarropa o espectáculos que se efectúen en la sala.
Por su parte, Asteggiano firmó con el IAFAS el 12 agosto y consiguió que Electric Line SRL se hiciera cargo de la provisión de hasta 50 tragamonedas y dos ruletas electrónicas para una sala en la ciudad de Crespo, a 50 km de Paraná.
Por el acuerdo, avalado por la resolución 1.435, la empresa se quedará con el 55% de las utilidades durante 20 años. Y deberá hacerse cargo de idéntico porcentaje al momento de pagar los impuestos que gravan el juego. En tanto, el IAFAS correrá con los gastos de explotación –impuestos, servicios, marketing, publicidad-, el alquiler (2.000 pesos) y la asignación del 2,5% de sus utilidades a la Municipalidad de Crespo. Si bien la sala fue acondicionada y equipada, el IAFAS todavía no la habilitó porque revisará el convenio.
El 16 de agosto fue el turno de Raina -primo de Ferrari-, quien consiguió para Sasha SA la provisión de 120 tragamonedas y cinco ruletas electrónicas para las salas que el IAFAS habilitará en las ciudades de Villaguay, Gualeguay, Nogoyá, Rosario del Tala y General Ramírez.
El convenio, avalado por resolución 1.450, establece una vigencia de 20 años, durante los cuales Sasha SA podrá disponer del 53% de las utilidades que genere la instalación de servicios gastronómicos, estacionamiento y espectáculos. Raina, al igual que Scalesa, consiguió una cláusula de exclusividad y preferencia en su radio de influencia. Y también logró que el IAFAS aceptara pagar el 65% de los impuestos que gravan el juego.

Bajo la lupa

Tras reconocer la dificultad para conseguir la documentación requerida al IAFAS, dos auditores del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos -Silvina Degano y César Gilardini-, elaboraron un informe de avance. El escrito, al que tuvo acceso "Río Negro", detalla una serie de observaciones y advierte que "durante el ejercicio 2002 las contrataciones del IAFAS", entre las que se incluyen las celebradas con Loterjet SA, Electric Line SRL y Sasha SA, "han sido realizadas en forma directa o por concursos de precios, sin respetarse los procedimientos establecidos en la Ley de Contabilidad en forma casi sistemática".
Entre otras cosas, los auditores repararon que en el caso de Loterjet SA, "no se visualizaron los antecedentes formales de la constitución de la sociedad anónima", y que "las únicas causales de rescisión invocadas en el contrato -quiebra o abandono de la explotación por parte de la empresa-, colocan al organismo en estado de indefensión, al no prever multas u otras sanciones ante el incumplimiento en, por ejemplo, la falta de provisión de máquinas, falta de inicio y realización de obras, etc".
En el caso de Electric Line SRL, el informe señala que "no se visualizaron los antecedentes que acrediten la trayectoria de la sociedad contratante, ni sus instrumentos constitutivos". Además, que "no surge que se hubieran hecho proyecciones de ingresos y egresos, de manera de evaluar la conveniencia o no para los intereses del Estado".
Algo semejante dijo el Tribunal de Cuentas en relación a Sasha SA, de la que "no se cuentan con los instrumentos constitutivos". Además, el escrito añade que tampoco está acreditado el "know-how", ya que no se cuenta con los antecedentes.
Por todo eso la fiscal de Cuentas Estela Bovier de Haenggi resolvió "alertar al respecto a las autoridades de ese instituto (por el IAFAS) y a la Fiscalía de Estado, a fin de que se evalúen en sede administrativa todas y cada una de las observaciones señaladas y se adopten las medidas que estimen pertinentes en resguardo de los intereses del Estado provincial". Así lo dispuso el 19 de setiembre, tras advertir que hasta ese momento no había podido "precisarse y /o cuantificarse un perjuicio fiscal que indique el inicio de un accionar en sede de este Tribunal de Cuentas", aunque sí "significativas irregularidades y/o inobservancias legales en distintos contratos de co-explotación". Pero hasta el momento no se produjeron novedades.

Bajo sospecha

Tras conocer los convenios celebrados por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oscar Rovira, radicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Paraná. El funcionario pidió que se investigue un presunto fraude en perjuicio de la administración pública y una eventual malversación.
Sostuvo que en la adjudicación de las refacciones al Bingo de Paraná, "ninguna de las empresas invitadas tiene por objeto principal o secundario la refacción o remodelación de inmuebles; como es lógico, todas ellas se dedican a la explotación de máquinas electrónicas o electromecánicas de juego de azar , circunstancia que explica el escaso nivel de detalles de las propuestas". Según el fiscal, "no es detalle menor el que la más completa de las propuestas -Loterjet SA- sea la única que, según una supuesta proyectada inversión de $ 2.000.000, presenta plantas y cortes de edificación, así como de instalación eléctrica y sanitaria, pero a una escala y ausencia de detalles que no alcanza para ser anteproyecto".
Entre las firmas invitadas por el IAFAS figuraban otras tres ligadas a Ferrari -Stars Games SA, Newtronic SA (presidida por su cuñado, Norberto Bocco) y Electric Line SRL- y dos pertenecientes a José Toto Yabrán: Yabcar SA y Golden River SA.

Más cuestionamientos en la Justicia

Uno de los que objetó el acuerdo entre Loter Jet SA y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) fue el senador nacional Jorge Busti (PJ-Entre Ríos), quien radicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Paraná.
En su presentación, el 13 de setiembre, Busti sostuvo que se recurrió a "una contratación directa por veinte años, eludiendo las disposiciones de la Ley de Contabilidad de la provincia". Según el ex gobernador, "este tipo de contratación, en la medida en que vulnera las expresas disposiciones de la Ley 5.140, revela el incumplimiento -por parte de los funcionarios que la propiciaron- de deberes específicos a cargo de los mismos".
Busti puso en duda que la firma presidida por Damián Scalesa cuente "con el know-how y los medios técnicos y financieros para cumplimentar las obligaciones, afirmación ésta que aparece como expresión de mera voluntad del contratante, toda vez que no existe en sede administrativa una compulsa efectuada entre las empresas de igual ramo que le otorgue fundamentación a la contratación de ésta (por Loterjet) en particular.
El legislador opositor añadió que la supuesta idoneidad de la firma "aparece totalmente inconsistente, porque existen otras empresas dedicadas al mismo tipo de actividad a las cuales no se convocó; y es más, existen presentaciones efectuadas formalmente ante el IAFAS por medio de las cuales se han elevado propuestas para la misma cuestión".
Junto con eso, Busti denunció "una disposición habilitando al monopolio, dándole a la empresa la exclusividad en Paraná y todo su radio de influencia". A su entender, "ello constituye un acto abusivo del funcionario estatal, por comprometer a 20 años en esa prioridad".
Busti concurrirá hoy a Tribunales para ampliar su denuncia. Según trascendió, reparará en los contratos firmados entre el IAFAS y las empresas Electric Line SRL y Sasha SA.