El FMI no quiere un acuerdo con el gobierno de Duhalde

Dicen que no habrá ayuda hasta que se elija nuevo presidente. Las peleas políticas y la falta de consenso, los motivos del rechazo.

Lavagna fracasó ayer en su intento de torcer voluntades para que favorezcan a la Argentina.

WASHINGTON.- Las conversaciones entre el FMI y la Argentina están paralizadas y fuentes del organismo dijeron ayer que es muy poco probable que haya un acuerdo para reiniciar la ayuda financiera antes de que el país elija a un nuevo gobierno el próximo año.
La declaración llegó en momentos en que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, arribó a Washington en un último intento por salvar las negociaciones, que comenzaron en febrero.
La gran incertidumbre política que reina en el país de cara al desarrollo de los próximos comicios hace que el FMI tenga pocas esperanzas de que el viaje de Lavagna pueda acelerar la negociación.
"No parece que fuera a haber un acuerdo", dijo ayer a la agencia británica Reuters una importante fuente del Fondo Monetario Internacional.
"Tenemos muy pocas esperanzas", agregó.
Lavagna se reunió por la mañana con el subsecretario del Tesoro, John Taylor, a quien le requirió un decidido apoyo de la administración Bush ante los técnicos del FMI. No obtuvo respuesta.
Ya avanzada la tarde y mientras se reunía con la subdirectora-gerente del FMI, Anne Krueger, y con el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Anoop Singh, desde la delegación argentina se operó una desmentida sobre las versiones pesimistas que rodearon las negociaciones.
En tanto, en Buenos Aires, el Palacio de Hacienda optó por el hermetismo.
La falta de un acuerdo con el FMI tendrá sus costos.
Tras haber caído en cesación de pagos en enero sobre parte de su deuda pública, que en ese momento totalizaba 140.000 millones de dólares, Argentina podría incumplir en noviembre sus pagos con el FMI, el Banco Mundial y otros organismos, dado que vencen importantes deudas.
Para los argentinos, que sufren una recesión de más de cuatro años mayor que la Gran Depresión de Estados Unidos en 1930, eso significará una reducción en los créditos del Banco Mundial para combatir la pobreza.
La fuente del FMI dijo que no ha habido avance en temas clave, como la fijación de una política monetaria que estabilice la economía del país y la instrumentación de un plan del gobierno federal y las provincias para reducir el déficit.
Peor aún, dijo la fuente del FMI, es la situación política en Argentina. Las elecciones presidenciales se realizarán en marzo del 2003, pero las peleas políticas que están demorando los planes electorales mantienen en un mar de incertidumbre la identidad de quienes serán los candidatos.
El último giro que dio la puja entre el presidente Eduardo Duhalde y el ex presidente Carlos Menem llevaron a una posible demora en las elecciones primarias de esa fuerza hasta el 19 de enero.
Eso significa que aún si un acuerdo fuese posible, el FMI no tiene candidatos con posibilidades de llegar a la presidencia que puedan avalar un acuerdo firmado con el actual gobierno.
Cuando el FMI otorgó recientemente un paquete de ayuda financiera a Brasil por 30.000 millones de dólares, el organismo se aseguró antes de realizar el primer desembolso que los principales candidatos presidenciales firmaran un acuerdo avalando las políticas que el acuerdo exigía aplicar.

Esperando

Pero la incapacidad del gobierno para aplicar las medidas que exige el FMI para cerrar un acuerdo y sin candidatos para avalar ese eventual acuerdo, el FMI tiene como casi única opción esperar hasta las elecciones presidenciales antes de cerrar un pacto.
Eso dejaría la puerta abierta a un incumplimiento de pagos con los organismos, lo que dejaría totalmente aislada a la Argentina de la comunidad financiera internacional, junto con otros países, como Irak.
Caer en cesación de pagos con los organismos hace aún más difícil reiniciar la ayuda financiera, dado que esas deudas impagas deben renegociarse antes de que pueda haber nuevos desembolsos. Argentina le debe sólo al FMI 15.000 millones de dólares.
(Reuters y DYN)

Se cierra el cerco sobre la Argentina

La dirigencia argentina definitivamente no entendió que han cambiado las reglas de juego en las finanzas internacionales y sigue aferrada a viejos paradigmas que no sólo no sirven para el momento actual, sino que ya demostraron que conducen al fracaso.
La nueva geopolítica financiera mundial consagra que a partir de este año no habrá márgenes para errores y tampoco habrá dinero para aquellos países que no se adecuen a las nuevas condiciones que estableció el FMI para prestar ayuda financiera.
El acuerdo no llega por una oposición acérrima de los técnicos del FMI o por una confabulación internacional contra la Argentina sino por la propia impericia de los funcionarios de la administración peronista.
Tanto es así que desde hace ocho meses, el FMI viene reclamando al gobierno las mismas medidas: superávit fiscal, terminar con el corralito, el corralón y los amparos, liberar el mercado cambiario y presentar un programa económico sustentable.
Si se quiere llegar a un acuerdo con la comunidad financiera internacional, no es posible sostener un déficit fiscal de 1.000 millones de pesos mensuales, financiado con emisión.
El supuesto "veranito" no es más que una ilusión. Los principales indicadores de consumo muestran signos negativos comparados contra el año anterior, tal vez, el de mayor intensidad recesiva.
La baja del dólar es natural ya que la moneda subió más que desproporcionalmente en lo que va del año. Esto genera una "ficticia tranquilidad" en la plaza financiera, lo que da algo de oxígeno al gobierno.
Pero en el trasfondo, la estructura institucional se resquebraja dejando al descubierto el fin de una época oscura que llevó al país al abismo. (DYN)

La recaudación subiría un 30% en octubre

La recaudación tributaria de octubre alcanzaría los 4.750 millones de pesos, lo que representaría un avance respecto a igual mes del año pasado del 30 por ciento, la mayor suba interanual del año.
Según dejaron trascender fuentes oficiales, la recaudación tributaria se vendría afianzando no solo por los ingresos provenientes de las retenciones a las exportaciones, que el año pasado no regían, y por el impuesto a las transacciones bancarias, sino que también se verifica un aumento en los percibido por el IVA.
Incluso "está mejorando la percepción de impuestos en las provincias, tanto de los tributos propios como de los nacionales", destacó el subsecretario de Relaciones con la Provincias del ministerio de Economía, Alejandro Arlía.
Este incremento en la recaudación estaría relacionado al mayor nivel de actividad económico en las provincias de la región de la pampa húmeda y en aquellas que perciben regalías petroleras y gasíferas.
Si bien el funcionario se abstuvo de precisar el monto de la recaudación tributaria, fuentes de la AFIP estimaron que el fisco recibirá en octubre unos 4.750 millones de pesos, muy por encima de los 3.569 millones de igual mes del año pasado.
De confirmarse esta suba, el incremento alcanzaría al 30 por ciento y superaría la suba interanual del 29 por ciento de julio.
Con este nivel de recaudación, la Nación estará en condiciones de girar a las provincias más de 1.200 millones de pesos en concepto de coparticipación, lo que supera el "piso" de 1.187 millones acordado con las provincias.
En otro orden, y alentado por el buen rendimiento de la recaudación, el Gobierno anunció ayer que pondrá en marcha en seis meses la segunda etapa de un programa de obra pública municipal, a través del cual se entregará 200 millones de pesos adicionales a todos los municipios del país, entre planes de empleo y dinero en efectivo.
En una primera etapa del programa se pondrá a disposición de los intendentes un 25% del monto total para los insumos de las obras. Los fondos se distribuirán según los criterios de la coparticipación, y estarán destinados a obras como bacheo, pavimentación, zanjeo, iluminación y reparación edilicia.
(Télam)

Vía per saltum, el Estado solicita fin de los amparos

El Estado solicitó oficialmente ante la Corte Suprema, por medio de un "per saltum", que se cierre "definitivamente" la vía de los amparos contra el corralito, en un esfuerzo por eliminar los obstáculos que impiden la firma de un acuerdo con el FMI.
En la solicitud, anticipada el miércoles por el ministro Lavagna, el gobierno urgió a la Corte a considerar "la situación de emergencia declarada por la ley 25561, para preservar el orden público económico, seriamente afectado en perjuicio de toda la comunidad nacional", precisaron los voceros.
El caso sobre el que el Estado se dirigió a la Corte, obviando la Cámara de Apelaciones, es "Distéfano Andrea Paola c/Estado Nacional", en el que el juez de primera instancia Ernesto Marinelli declaró la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos y ordenó la restitución del 50% de los fondos a la ahorrista.
"Quienes desde el exterior observan el fenómeno y deben proveer el crédito necesario, se abstendrán de aportar fondos a un país cuyos jueces no terminan de comprender que al resolver parcialmente el problema de tal o cual ahorrista, demoran la solución del conjunto y comprometen más aún un sistema en crisis", destacó el recurso presentado ante la Corte por la Procuración del Tesoro.
En él se señaló además que "los amparos conspiran contra el bienestar general porque es un grupo reducido de cuentas que han sido objeto de este mecanismo".

Corralito flexibilizado

El gobierno oficializó la nueva flexibilización del corralito al publicar en el Boletín Oficial la resolución de Economía que amplía la extracción de retiros de depósitos en cuentas a la vista, aunque aún resta la comunicación del Banco Central que reglamente la norma y, de esta forma, las entidades financieras queden habilitadas para reprogramar sus cajeros automáticos.
(DYN y Télam)

Superávit en la balanza

La balanza comercial de la Argentina registró en setiembre un superávit de 1.534 millones de dólares, producto de exportaciones por 2.251 millones e importaciones por 717 millones, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Con este resultado en los nueve meses del año el saldo positivo asciende a 12.472 millones de dólares, con exportaciones por 18.998 millones (-7 por ciento) e importaciones por 6.525 millones de dólares (-61 por ciento).
Luego de cinco meses de caídas interanuales consecutivas las exportaciones quebraron la tendencia descendente y crecieron 2% con respecto a setiembre de 2001.
Este aumento es consecuencia de una suba de 6% en las cantidades exportadas y de una disminución de 3% en los precios de los productos despachados.
En tanto, las importaciones siguen en caída libre y son el motivo casi excluyente del abultado superávit comercial. En setiembre se realizaron compras externas por 717 millones de pesos, exactamente la mitad que en igual mes del año pasado. Las cantidades adquiridas bajaron 48% y los precios cayeron 4%. El director de Estadísticas del INDEC, Jorge Scalise, remarcó que el aumento de las exportaciones el mes pasado se explica por un "fuerte impuso de las manufacturas de origen agropecuaria".

Cae consumo de servicios

El consumo global de servicios públicos registró en setiembre una caída de 4,4% con relación a igual mes de 2001, pero creció 0,7% si se compara con agosto de este año.
Según el informe del Indec, al igual que en meses anteriores se detectaron fuertes bajas en la demanda de servicios esenciales como por ejemplo el teléfono y la utilización de trenes y colectivos.
La fuerte declinación se conoció ayer en momentos en que el Gobierno negocia con el FMI un ajuste en las tarifas de los servicios de luz, gas, agua y teléfonos. El organismo pretende que los aumentos sean del orden del 30%.
Durante setiembre la caída más pronunciada se detectó en el servicio de trenes. Los pasajeros transportados en los ferrocarriles urbanos disminuyó 18%, mientras que los usuarios en los interurbanos se redujeron 19,1%. Los subterráneos sufrieron una declinación de 6,6%. En lo que respecta al servicio de telefonía, las llamadas urbanas cayeron 9,2% y las interurbanas el 17,6%.

Piden cambios en el CER

Senadores de las comisiones de Economía y de Presupuesto le plantearon ayer al jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, cambios que aspiran a incorporar al proyecto con media sanción de Diputados referido a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
El funcionario, quien concurrió a un plenario de comisiones que se desarrolló ayer al mediodía en el Salón Eva Perón de la cámara alta, prometió a los legisladores transmitirles "en breve" una opinión del Ejecutivo sobre las modificaciones que justicialistas y radicales quieren introducirle al proyecto de Diputados.
Si bien expresó la predisposición del Ejecutivo para evaluar los cambios sugeridos por los senadores, Atanasof dejó en claro que el proyecto aprobado en Diputados se ajustaba al espíritu de la iniciativa propiciada por el Gobierno y expresó que el deseo era ver si se podía "avanzar en la misma dirección" en el Senado.
Puntualmente, los cambios que los senadores aspiran a incorporar pasan por dos aspectos: por un lado quieren que el CER se aplique sobre el excedente del monto de las deudas con garantías de vivienda única y familiar que superen los 250 mil pesos, y, por el otro, excluir del CER a las viviendas del Fonavi. (Télam)

Veto para el pago con bonos

El Poder Ejecutivo vetó la ley 25.662 que permitía el pago de deudas morosas bancarias con títulos públicos, por considerar que el costo sería absorbido por el Estado Nacional, y en consecuencia, por la sociedad en su conjunto.
El decreto 2190 publicado ayer en el Boletín Oficial, observa en "su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el número 25.662". El Parlamento propiciaba ampliar la posibilidad de pagar deudas morosas con cualquier título público, iniciativa que cuestionó en su visita al Congreso el titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, quien sólo avalaba la utilización con este fin de los Bonos del Gobierno Nacional (BODEN).
En los considerandos del decreto 2190 que veta el proyecto, se destaca que "el mecanismo propuesto implica un circuito por el cual las deudas con el sistema financiero que se cancelen mediante la aplicación de los títulos públicos sean finalmente absorbidos por el Estado Nacional, y consecuentemente por la sociedad en su conjunto". También se considera que esta operatoria "representa un subsidio para quienes se encuentren en mora con el sistema financiero, dado que los precios de mercado de los títulos públicos son sensiblemente inferiores a su valor técnico y presentan una gran dispersión". (Télam)