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Domingo 24 de noviembre de 2002 | |
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Luces rojas en el camino a la reelección |
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Por Gerardo Bilardo |
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| Con una campaña electoral en plena marcha, Jorge Sobisch intenta mostrar un rostro más amigable en algunos ámbitos de la sociedad. En los últimos días el gobernador dio dos señales claras de su nueva estrategia: a los docentes les prometió sepultar la Ley Federal de Educación y a los deudores del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo una tasación de sus casas a precios inhallables en el mercado inmobiliario. En el medio ofreció al gremio de los judiciales, integrante de la Central de Trabajadores Argentinos, parte de una torre de departamentos para que sus afiliados tengan techo propio. El gobierno tomó en los últimos días decisiones políticas que involucran a una población que supera con comodidad las 40.000 personas. Es un cálculo austero y equivale a un número importante de familias que votarán en la interna del Movimiento Popular Neuquino (MPN) o lo harán en la elección general que, por el momento, está convocada para el 27 de abril próximo, junto con las presidenciales. Cuesta creer en las casualidades en tiempos electorales. El gobernador tiene sed de votos para lograr su reelección y enhebra sus planes sin pausa. La sed del mandatario es comparable a la que padecieron otros 45.000 vecinos de la ciudad de Neuquén que durante cuatro días se quedaron sin agua por la rotura de un caño central que abastece a siete barrios, un problema grave que tuvo solución lenta para quienes lo sufrieron. Pero la campaña del oficialismo tiene dos incendios y el agua no llega: el de Centenario, al que no saben cómo detener, y el recientemente declarado en Piedra del Aguila. En ambos casos, el gobierno enfrenta graves problemas políticos e institucionales. Y aunque el sobischismo no tiene adversarios inquietantes enfrente, no deja de ser inoportuno el momento en que los conflictos se exponen ante la sociedad. El frente abierto en Centenario se complicó aún más esta semana. El juez Alfredo Velasco Copello procesó por el delito de peculado al intendente Luis Castillo. Se trata de un delito menos grave que el de jefe de una banda de asociación ilícita, el encuadre que originalmente promovió la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Esa es una de las razones por las cuales Castillo no está preso, como tampoco lo están otros tres funcionarios de su gabinete, procesados por el mismo delito. La resolución del juez se conoció el jueves a la mañana y horas después Castillo ya se encontraba en el despacho del gobernador Sobisch presentando la renuncia al cargo. Probablemente acordada con antelación, la salida del controvertido caudillo de Centenario forme parte de una estrategia para evitar que una de las ciudades más importantes de la provincia caiga en manos ajenas al MPN en las próximas elecciones. En Piedra del Aguila, una localidad a la que se conoce como "la capital del pis" desde que el gobernador la bautizó de ese modo en alusión a la parada obligada que realizan los turistas que viajan hacia y desde el sur de la región, se acabaron los tiempos de paz. En rigor, la tranquilidad allí duró muy poco porque el intendente Jorge Baeza ya había sido desplazado del cargo, pero el Tribunal Superior de Justicia anuló ese proceso de destitución por cuestiones formales. Como en definitiva la Justicia había dicho que a Baeza lo habían empujado del cargo por el camino incorrecto, ahora los concejales, incluidos los de su propio partido, intentan suspenderlo bien para no perder una nueva pulseada en la Justicia. Los concejales siguen cuestionando la gestión del intendente y el manejo que realizó con los fondos públicos en medio de una puja en la que han tomado parte los vecinos, algunos de los cuales decidieron ocupar el edificio de la municipalidad para defender al funcionario caído en desgracia. Aunque desde el gobierno se intenta tomar distancia, los conflictos del interior se trasladan al gabinete y ponen cuesta arriba la campaña electoral. La evidencia es la incómoda situación del ministro de Desarrollo Social, Jorge Lara, que carga con la demoledora declaración ante la Justicia del "desocupado" Héctor "Zapallito" Molina, el que dijo que recibía 2.000 pesos por mes directamente de esa cartera para movilizar personas a los actos del MPN. Ahora se sumaron dos testimonios de vecinos que viven en barrios de Neuquén, publicados por "Río Negro" y que fueron utilizados esta semana por la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública para abrir un expediente conexo al de Centenario. Ambas declaraciones dan sentido similar a lo que se intenta ventilar en la causa principal y abonan la idea de la existencia de una aceitada maquinaria de clientelismo político en esta provincia. El ministro de Gobierno, Jorge Gorosito, también está en dificultades por la delicada situación institucional de Piedra del Aguila y de Centenario. Estos son temas de su incumbencia, al igual que la seguridad, una materia difícil de aprobar en la Argentina actual, pero más aún cuando con llamativa frecuencia se escapan los presos de las comisarías.
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