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Martes 12 de noviembre de 2002 | ||
Bancos y gobierno acordaron postergar ejecuciones hasta febrero |
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Queda abierto así un nuevo período de negociación. |
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"Lo que la semana pasada era una suspensión por 30 días, es ahora es una prórroga por 75 días, con acuerdo de los acreedores", destacó el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, al anunciar la medida en una conferencia de prensa, junto al ministro Roberto Lavagna; y a los titulares de ABAPPRA, Carlos Heller, y de ABA, Mario Vicens. El Poder Ejecutivo había anunciado la semana pasada que prorrogaría por decreto y por 30 días las ejecuciones bancarias, en respuesta a una iniciativa del Congreso de sancionar por Ley una prórroga superior, de 180 días, pero el mismo gobierno negó ayer que esté en los planes del gobierno dictar un decreto para prorrogar ejecuciones. Diputados y Senadores se reunirá a partir de hoy para analizar el acuerdo voluntario alcanzado ayer y decidirán si dictan una nueva ley al respecto. El propio ministro de Economía echó por tierra ayer la intención oficial, que hasta fue anunciada por Atanasof, puesto que una eventual postergación entorpecería las negociaciones con el FMI. Ahora, a instancias del Poder Ejecutivo que le dio la derecha a Lavagna, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPRA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), que nuclean a la totalidad de las entidades, "acordaron suspender voluntariamente las ejecuciones de garantías hasta el 1 de febrero del 2003". Para dar una pauta del espíritu que rondó este acuerdo, Carlos Heller destacó que "no es el interés de las entidades transformar a los bancos en inmobiliarias o quedarnos con los bienes" y adelantó que buscarán renegociar las condiciones para que los deudores puedan pagar. "Los bancos tienen la voluntad de renegociar y no de ejecutar" enfatizó el titular de ABAPPRA y explicó que "hoy no tendría sentido ejecutar una vivienda o una garantía" porque el dinero que obtendría el banco sería menor al que prestó. Por su parte, Vicens, destacó que "la solución definitiva" a este problema "es que los deudores recuperen su capacidad de pago" y que este acuerdo forma parte de la búsqueda de la "normalización de las relaciones entre los bancos y sus clientes". En tanto, Lavagna consideró que la capacidad de repago de los deudores mejorará para febrero acompañando el crecimiento que registrará la actividad económica en su conjunto. Uno de los puntos acordados es la confección de un registro del número de deudores comprendidos en esta prórroga, ya que según algunos medios los damnificados que iban a ser ejecutados a partir del viernes superarían los 53 mil casos, por unos 5.000 millones de pesos. "Creemos que la cifra está sobrestimada", dijo Atanasof, mientras que Heller comentó, de manera coincidente, que durante la reunión "sorprendió el número de damnificados que se estaba manejando". En la zona de Río Negro se estima que unas 4000 propiedades corren riesgo de ser ejecutadas . Lavagna destacó que "no hay necesidad de un decreto" para poner en marcha este acuerdo y confió en que en el caso de las deudas entre privados "prive la misma razón" que permite ahora la renegociación de los contratos entre bancos y deudores y adelantó que en el caso de los privados "la AFIP investigará los orígenes de los fondos" que fueron prestados como una forma de "incentivar en la sociedad argentina el concepto de cumplir con las obligaciones". (Télam, DyN) El debate pasó al Congreso El PJ, la UCR analizarán hoy en el Congreso si respaldan el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los bancos, o se inclinan por sancionar un proyecto de ley que mantenga la prórroga de las suspensiones hipotecarios. Tanto en el oficialismo como en el radicalismo de la Cámara baja hay predisposición para aceptar este convenio voluntario, pero se quiere buscar una solución que también abarca a los deudores morosos privados, es decir que proteja a quienes tienen sus hipotecas impagas en escribanías o inmobiliarias fuera del sistema financiero.El presidente del bloque radical, Horacio Pernasetti, aseguró que le parecía "positivo" el acuerdo voluntario, pero recalcó que hay que sancionar una ley "para proteger a los deudores privados". Las negociaciones en el Parlamento se consideran cruciales para frenar una ley que pueda aplazar las ejecuciones por un lapso mayor, así como también la forma de cancelación de las deudas. |
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