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Martes 22 de octubre de 2002 | ||
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En Pomona quieren multar a Edersa con 5.000 pesos diarios |
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La ordenanza es por el tiempo que esté depositado allí el PCB |
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Los contenedores están ubicados a 45 kilómetros de la localidad, en un pequeño predio que tiene Viarse a la vera de la ruta provincial Nº 4. El sitio, señalan los pobladores de la zona, cuando llueve se convierte en una aguada donde van a beber los animales. Durante todo el fin de semana se vivió un intenso movimiento en la comuna local, trazando estrategias para poder torcer la decisión de la Justicia. Así no sólo se dieron cita los funcionarios municipales sino los vecinos de la localidad, los que propusieron distintas líneas de acción. Ayer por la tarde, hartos de esperar un respuesta positiva del STJ, los vecinos se agruparon en la carretera y cortaron el tránsito, el que dejaban libre cada una hora. Sobre la ordenanza aprobada el viernes, que dispone un multa de 5 mil pesos diarios por haber ido en contra de la voluntad del pueblo de Pomona, la intendenta María Maldonado explicó que "es contra los organismos involucrados en esto, que dispusieron esta medida de instalar allí los contenedores". Agregó que se realizó una presentación ante la Justicia el viernes y que esta fue ampliada ayer, luego que los contenedores fueran bajados en el predio. Sostuvo también que "estamos juntándonos en la ruta, hay concejales de todo el Valle Medio, hay también algunos legisladores. Todavía no tenemos nada del STJ". Anoche, al cierre de esta edición, se realizaba en la ruta una reunión con representantes de todos los municipios de la comarca, los que estaban elaborando un documento que se daría a conocer hoy. El principal argumento contra el depósito de PCB es que se afectan los intereses comerciales de la zona, porque va en contra de la producción caratulada como orgánica de la comarca. Todas las opiniones coinciden en que los contenedores deben salir de la zona. Por otra parte, ayer un grupo de diputados pidió a tres organismos oficiales que informen sobre las medidas y acciones para eliminar el PCB y las desarrolladas con posterioridad a la sanción de la Ley 3660. Dicha ley establece un marco para el uso de PCB en Río Negro y fija controles a "las operaciones asociadas a los bifenilos policlorados y sus asociados". Establece plazos para "la descontaminación o eliminación de los aparatos que contengan PCB". El pedido de informe está dirigido a Economía, el Consejo de Ecología y al Ente Provincial Regulador de la Energía. El requerimiento de los legisladores busca precisiones acerca de la situación en Chimpay, donde se encontraban los transformadores, pero también se pretende conocer las acciones efectuadas y las que se realizarán para trasladar esos elementos. (AVM/AV) |
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