Lunes 28 de octubre de 2002
 

Nación trabó fondos rionegrinos por desvíos en planes sociales

 

Una auditoría de la Sigen detectó las irregularidades. Por esa razón, retardan el envío de más de dos millones.

 
La Sindicatura General de la Nación cuestionó las rendiciones rionegrinas, lo que originó que se trabara el envío de fondos destinados a planes asistenciales.
El gobierno nacional retiene fondos para programas alimentarios de Río Negro, porque se detectaron irregularidades en el manejo en los primeros envíos bimestrales. Los recursos trabados alcanzan a más de dos millones de pesos.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación fue determinante. En él se denunció que los fondos remitidos para alimentos se derivaron a otros fines (transporte y artículos de limpieza), no hay control de las entregas de los proveedores, no existen procedimientos administrativos eficaces y, entre otras observaciones, detectó que más de 350 mil pesos fueron a pagar facturas ajenas al programa.
El secretario de Desarrollo Social, Marcelo Cascón, afirmó que Nación adelantó que esta semana se iniciaría la regularización de los envíos, después que el viernes último Río Negro completara rendiciones y respondiera a las críticas nacionales.
Hasta julio, Río Negro había recibido del programa alimentario nacional algo más de 2,2 millones, correspondientes a dos bimestres. No hubo otras transferencias a la espera de la revisión de las observaciones.
La auditoría de la Sigen analizó la ejecución en Río Negro del Programa de Emergencia Alimentaria entre el 15 y 19 de julio.
Entre las conclusiones financieras, el organismo de control afirmó que "no se respetó la condición de intangibilidad de los fondos nacionales" porque se usaron para "abonar el armado y distribución en los centros de entrega".
El informe de la Sigen detalla esos desvíos municipales, como la compra en El Bolsón de artículos de alimentos.

Sin control eficaz

También, advierte que "no se dispone de un sistema eficaz de control sobre los remitos y facturas que presentan los proveedores de mercaderías".
Además, en la inspección se detectó el pago a un proveedor -Masily- de seis facturas por alimentos preelaborados, pero la entrega correspondían al año anterior, es decir antes de la implementación del actual programa alimentario.
Esa cancelación -que sumó 365.116,02 pesos- "avasalla la intangibilidad de los fondos nacionales y se le ha otorgado un destino diferente al establecido por la normativa".
Además, la Sigen advirtió que dos municipios -General Roca y Ramos Mexía- no habían cumplido con la rendición administrativa y "el resto, en su totalidad, no lo hizo en el plazo establecido". Estos atrasos -con su reincidencia con las rendiciones del segundo bimestre- originaron la retención nacional de los envíos posteriores.
Estas trabas nacionales originaron distintos inconvenientes para sostener los programas alimentarios provinciales y, también, los municipios acumularon sus propios compromisos por falta de fondos.
En el análisis de los aspectos sociales, la Sigen cuestionó el mecanismo que se acordó en Río Negro: un reparto entre los municipios que combina un índice de población y la coparticipación interna. El organismo de control cuestiona que este sistema no incluye "como parámetro los índices de pobreza, que es el elemento fundamental que dio origen al programa".
En otra parte, se insiste en que no hay "un registro único de beneficiarios", lo cual dificulta "la identificación de la población-objeto" y "se dispersan los esfuerzos".
En la crítica a la falta de control, el organismo nacional resaltó que "resulta imperioso profundizar el desarrollo del funcionamiento efectivo de los Consejos Consultivos, ya que su actividad contribuye al establecimiento de situaciones más sólidas e igualitarias y tiende a asegurar una más eficiente administración de los recursos financieros".
Informó que a julio no estaba en funcionamiento el Consejo provincial.
En sus conclusiones, la Sigen redunda en advertir que en Río Negro "la carencia de procedimientos administrativos eficaces, la validación de los gastos efectuados para la compra de alimentos y el registro de existencias constituye una importante debilidad en el sistema administrativo del programa".

Adrián Pecollo

Pagaron deudas de planes anteriores

La Sindicatura General de la Nación resaltó -en lo financiero- el pago con los recursos federales de facturas anteriores al programa nacional. Esa cancelación superó los 360 mil pesos y se destinó a la proveedora de alimentos preelaborados, que la auditoría también destacó que se incorporó al nuevo plan sólo con la prórroga de un convenio anterior con Río Negro.
En su análisis, la Sigen afirmó que "el abastecimiento de los alimentos preelaborados" surge de una licitación pública de 1999, inicialmente dirigida a los progra-mas provinciales pero, en base a una cláusula contenida en el pliegos, este contrato se prorrogó "por un término de dos años", integrándose el proveedor al programa nacional.
También denunció que Río Negro "no dispone de un sistema eficaz que permita un control sobre los remitos y facturas", es decir, no hay supervisión entre los envíos de mercaderías y los pagos a los proveedores.
Asimismo, se verificó que "en la adquisición de alimentos preelaborados, no se efectúa un examen sobre la numeración de los remitos y su concordancia con las facturas presentadas por el proveedor.
Otra falencia provincial: se aprueban y abonan gastos "sin un sistema mínimo de control interno que asegure el cumplimiento de la contraprestación".
En ese descontrol, la Sigen "detectó el pago a un proveedor de seis facturas por productos semielaborados, que la entrega se realizó en distintas fechas del año 2001, obviamente anterior a la implementación del programa y significando un monto de $ 365.116,02, equivalente al 16,19% de los fondos transferidos a la provincia".
El informe nacional incluyó que "el director de Programas Nutricionales de Río Negro expresó que los remitos solicitados serán entregados, previo aclaración con la empresa, con la justificación correspondiente". La Sigen concluye que estos hechos "confirman las debilidades del circuito de aprobación de facturas adoptado por la provincia". (AP)

Seis millones para Río Negro

La retención de fondos del gobierno nacional ya supera los dos millones -que equivale a dos cuotas bimestrales- pero Río Negro prevé que las transferencias se normalizarán hasta cumplir con los 6,5 millones acordados.
El acuerdo con Nación fue firmado el 17 de enero de 2002 y la provincia logró el compromiso de un "subsidio no reintegrable" de 6.576.500 pesos para que se ejecuten programas para la compra de alimentos.
Los fondos -según el convenio- se destinarán en forma exclusiva a la asistencia alimentaria con las siguientes modalidades: entrega de módulos alimentarios, distribución de tickets y vales canjeables por alimentos.
En febrero, Río Negro recibió la primera cuota por 1.127.400 pesos, que aplicó a un programa propio con descentralización de fondos.
La provincia destina un 40 % para la atención de las modalidades centralizadas -comedores comunitarios- mientras que el 60 % restante son transferencias a los municipios, quienes implementan los esquemas individuales. (AP)

Cuestionan la falta de controles

La falta de control está señalada por la Sigen en la ausencia de un listado único de beneficiarios de planes Jefes y Jefas de Hogar y la inexistencia del Consejo Consultivo Provincial.
La auditoría analizó la situación en Viedma para concluir que "no existe una complementación sistémica" entre la provincia y ese municipio "en cuanto al intercambio permanente de información para evitar superposiciones y/o pérdida de eficacia de las acciones". Expresa que "los municipios están en contacto permanente con las necesidades de sus habitantes" por lo que "la falta de una coordinación técnica" con la provincia "le resta a los actores" una mejor cobertura.
Recomendó que deben "complementarse, de manera planificada y sistemática" porque así "redundaría en un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la ayuda de los sectores más carenciados".
Cuestionó la ausencia de un registro único de beneficiarios que "debe ser permanente y actualizado". El secretario Cascón manifestó que ya se remitieron las planillas a los municipios para comenzar con ese relevamiento. Agregó que el registro único es una falencia permanente y que su confección no es tarea simple.

Consejo provincial

También se pidió la conformación del Consejo Consultivo Provincial, cuya demora fue explicada por Cascón en que se creía que no era necesaria esa integración por la organicidad y el respaldo de los intendentes.
En su revisión, la Sigen precisó algunas irregularidades en los municipios. Se constató en Choele Choel que "no respetó la condición de intangibilidad de los fondos nacionales toda vez que se utilizaron sumas en concepto de débitos, como también para la adquisición de bolsas para embalaje".
Entre otras menciones, el organismo señaló que la municipalidad de El Bolsón compró "artículos de limpieza" con los fondos nacionales y detectó "falencias en la registración de la recepción de alimentos por parte de los beneficiarios, evidenciadas en la falta de planillas a tal fin".
Se mencionó que el municipio de General Roca utilizó los recursos para pagar peajes. (AP)

La provincia espera que esta semana se reanuden los envíos

El secretario de Desarrollo Social, Marcelo Cascón admitió que los fondos quedaron trabados por las irregularidades detectadas por la Sigen, pero confió que esta semana se reinicien los envíos nacionales después haber remitido las explicaciones pertinentes. Resaltó que "el reparto se decidió entre la provincia y los intendentes. Un 60 % directo a los municipios y el 40 % para sostener los comedores, especialmente por la caída -que fue del 50 %- de los fondos nacionales.
-¿La Sigen dice que los recursos no fueron exclusivamente a comprar alimentos?
-La provincia no utilizó su parte en otra cosa que no fueran alimentos.
-Pero, la observación se relaciona al manejo de los municipios.
- También nosotros lo hemos observado por auditorías propias. Además, hay demoras en rendiciones administrativas. Se les enviaron cartas documentos y recién el viernes la provincia entregó la documentación con un 90 % de las rendiciones (quedan 3 municipios). Existen dificultades mayores en los informes sociales que detallan beneficiarios, la integración de los módulos alimentarios y las calorías. Quedan pendientes unos 15 municipios.
- Es obvio que sin esa información, no se puede saber qué cobertura se logra con los fondos nacionales.
- No se puede tener ese dato mientras no se tenga la información social. Es uno de los problemas centrales con el que nos encontramos.
- El informe advirtió que los atrasos originarían discontinuidad de los envíos. ¿No hubo transferencias después de esas observaciones?.
- El tercer bimestre aún no se transfirió. Los argumentos son la falta de rendición y otras observaciones a la provincia. Ahora, existe un compromiso para destrabar fondos esta semana tras las últimas rendiciones.
- Se detectaron que más de 350 mil pesos fueron a pagar facturas de alimentos anteriores al programa nacional.
- En realidad, se hizo un pago y la empresa de alimentos preelaborados (Masily) lo imputó a facturas anteriores al programa. Ya lo hemos aclarado.
- ¿Existe una crítica de la Sigen a la descentralización de los fondos?.
- Sí, se advierte. La provincia visualizó problemas pero respeto la decisión y convicción de los municipios para manejar los fondos. No hay que retirarlo sino tener un control más firme y estricto.
- El control planteado no funciona: ¿el Consejo Consultivo Provincial no está conformado?.
- No se constituyó porque se entendió que la representación de los municipios era suficiente, pero habrá que disponer un control posterior. Pero, no hay que olvidarse que están formados los consejos locales. (AP)

Icare confía en que pronto estén los subsidios provinciales

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El intendente local, Alberto Icare, despejó dudas acerca de la instrumentación de los microemprendimientos productivos que subsidiará la provincia para contener a los desocupados excluidos de los planes nacionales, al asegurar que el municipio está "trabajando seriamente" en el tema.
De esta manera desestimó las críticas del titular de Acción Social de la provincia, Marcelo Cascón, quien consideró que el equipo técnico del municipio no está a la altura de las circunstancias.
Las quejas del funcionario provincial respondieron a la ausencia de los técnicos sociales del municipio en los encuentros realizados con los desocupados para definir la aprobación de los proyectos productivos que serán subsidiados por la provincia.
El mandatario explicó que de las nueve iniciativas presentadas por los interesados sólo dos reúnen las condiciones para prosperar como microemprendimiento.
"Estamos trabajando seriamente en el asesoramiento a la gente porque estos son proyectos que tienen un aporte inicial y luego deben generar un rendimiento para sostenerse por si solos" señaló el jefe comunal.
La alternativa fue gestionada por el municipio para paliar la situación de unos 200 desocupados que fueron excluidos del plan Jefes y Jefas de Hogar por no reunir los requisitos exigidos por la Nación.
La provincia otorgó cinco subsidios de 8.000 pesos cada uno que darán cobertura a 50 personas -10 por emprendimiento- pero la liberación de los fondos depende de la aprobación de los proyectos y la presentación de la documentación respectiva, cuya tramitación demorará por lo menos un mes.
De allí la premura de Cascón que recordó que el asesoramiento y seguimiento técnico debe hacerlo el municipio.
El cruce verbal generó cierto malestar entre los desocupados que no quieren cifrar esperanzas en la elaboración de los proyectos sin garantías de que los fondos estarán disponibles a la hora de ponerlos en marcha.
En un intento por tranquilizar los ánimos Icare respondió que "si hacen una propuesta así la plata va a estar, pero recién va a llegar cuando esté toda la documentación firmada".

     
     
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