El MPN usó el doble voto para evitar la suspensión de Castillo

El titular del Concejo apeló a ese mecanismo. Los autoconvocados marcharán el viernes. Los ediles de la oposición evalúan la posibilidad de acudir al Tribunal Superior.

La votación quedó empatada -cuatro votos de la oposición versus cuatro votos del MPN- y Moreno (a cargo del Concejo) utilizó el doble voto para evitar la suspensión de Castillo.

CENTENARIO (ACE).- El MPN impuso su mayoría especial -con el doble voto del presidente del Deliberante Jorge Moreno- para evitar ayer la suspensión del intendente Luis Castillo. Los concejales de la oposición analizan la presentación de un "conflicto de poderes" para que el Tribunal Superior de Justicia efectivice la suspensión que impide el oficialismo.
Mientras, el movimiento de vecinos autoconvocados "en contra de la corrupción" decidió convocar a una marcha el viernes para insistir en que se vuelva a realizar una sesión de Concejo en la que se separe de los cargos a los funcionarios investigados por el manejo irregular de fondos en la comuna. Una comisión de los"autoconvocados viajará hoy a Neuquén para entregar en Legislatura y luego en la Fiscalía las más de 1.000 firmas recolectadas en las que se solicita a los diputados el tratamiento de la ley de Protección al Testigo; mientras que al fiscal a cargo de la causa la disposición de una línea gratuita para que los vecinos accedan en forma directa a aportar datos que consideren útiles para el desarrollo de la causa. La sesión especial solicitada por la oposición -Alianza y PJ- fue concedida por el oficialismo para las 9 de ayer. La reunión legislativa se llevó a cabo en un tenso clima con el cuestionamiento permanente de los vecinos autoconvocados para con el oficialismo, que no modificó su postura de sostener a Castillo en el cargo pese a los reclamos de los presentes.
El jefe comunal se encuentra de licencia, aunque desde la oposición se sostiene que continúa ejerciendo funciones ejecutivas a través de sus funcionarios en la comuna. También estuvieron presentes en el recinto un grupo de empleados municipales afiliados al MPN que respaldaron el accionar de los ediles oficialistas, en tanto en el lugar se distribuyó un escueto comunicado de la seccional del partido provincial en el que se justificó el apoyo de los concejales a Castillo.
También circuló un panfleto rotulado como "vecinos autoconvocados" que instaba a evitar la suspensión de Castillo, lo que fue vinculado con la "caída de los planes de empleo" en Centenario. "Esos no son autoconvocados, sino gente del partido que busca confundir", protestó un integrante de la asamblea de autoconvocados "en contra de la corrupción".
La sesión especial comenzó con el pedido de la radical Sonia Masip para que se aplique el artículo 107 de la Carta Orgánica Municipal que establece la suspensión preventiva del intendente o funcionarios municipales cuestionados por serias irregularidades. Su compañera de bancada, la frepasista María Maldonado exigió que la aplicación se extienda al resto de los funcionarios del municipio involucrados; en tanto el justicialista Alberto Dalla Villa rebatió los argumentos oficiales del MPN para rechazar la suspensión.
La votación quedó empatada -cuatro votos de la oposición versus cuatro votos del MPN- y Moreno (a cargo del Concejo) utilizó el doble voto de la presidencia del cuerpo para evitar la suspensión de Castillo.
"Esto es parte de una política definida por parte del oficialismo", dijo Dalla Villa al término de la sesión, en tanto el resto de los ediles que integran el arco opositor confirmaron que está en estudio una presentación conjunta que se realizaría esta semana "Conflicto de Poderes" ante el TSJ, para que sea la Justicia la que separe de sus funciones al intendente. La Alianza ya había logrado la separación del cargo del intendente Luis Castillo con esta modalidad cuando Castillo estuvo procesado por la concesión directa de una obra millonaria para la construcción de la planta cloacal.

El intendente a cargo confirmó a la titular de Acción Social

CENTENARIO (ACE).- El intendente a cargo Adrián Cerda (MPN), confirmó ayer que la secretaria de Gobierno y Acción Social, Patricia Gutiérrez, no será removida de su cargo hasta no contar con una "comunicación oficial" del juzgado sobre su situación de imputada en la causa por irregularidades en el manejo de fondos.
Cerda prefirió no referirse al escándalo que se cierne sobre la comuna por la investigación judicial que busca desentrañar los mecanismos mediante los cuales Castillo y su gabinete justificaban gastos del erario municipal a través del otorgamiento de subsidios que nunca habrían llegado a sus beneficiarios, o de erogaciones a presuntas empresas "fantasmas" que cobrarían por servicios realizados por los desocupados o por las maquinarias de la comuna.
Cerda separó de su cargo al secretario de Hacienda, Roberto Contreras, no bien asumió; pero no actuó de la misma manera con Gutiérrez, quien fuera la mano derecha de Castillo en el área de Acción Social y de Gobierno; y que, además de estar imputada en la causa por su presunta responsabilidad en los desmanejos de fondos, figura en las escuchas como la funcionaria que le exige a Héctor "Zapallito" Molina "que le arme" expedientes con documentación de desocupados para justificar la erogación de fondos municipales destinados a solventar los gastos de un viaje particular del piquetero, actualmente preso.
"No podemos separar de su puesto a gente sospechada; tenemos que hacer las cosas legales; para suspenderlos tenemos que contar con información válida" del Juzgado, dijo ayer Jorge Moreno al justificar la postura de su bloque de mantener en el cargo a Castillo. Igual explicación dio Cerda cuando se le preguntó porqué no separó a Gutiérrez. "Sólo están los trascendidos de la prensa", dijo y aseguró desconocer la condición de imputada de la supersecretaria de Castillo.

Los defensores pasan al ataque

NEUQUEN (AN)- Los defensores de los imputados en el escándalo de los subsidios de Centenario ya tienen casi listo el bombardeo de nulidades que descargarán sobre el expediente. Concentrarán sus críticas en la actividad fiscal, porque consideran que durante la investigación "se afectaron garantías constitucionales", y se "distorsionó el sistema procesal", anticipó uno de ellos.
Para hoy está prevista la indagatoria del intendente Luis Castillo, pero todo indica que se abstendrá de declarar, como hicieron todos los que hasta ahora fueron citados por el juez.
"Presentaremos nulidades, y muchas", anticipó ayer Jorge García Osella, defensor de Roberto Contreras, secretario de Hacienda del intendente en uso de licencia.
El pasado lunes, Contreras estuvo tres horas frente al juez de la causa, Alfredo Velasco Copello. Pero no dijo una sola palabra en su descargo, porque su abogado opina que la acusación en su contra está plagada de irregularidades.
El ex funcionario municipal leyó la documentación secuestrada que lo involucra en la causa por "asociación ilícita y peculado", también los testimonios en su contra, y escuchó las grabaciones de las intervenciones telefónicas.
"Hizo algunos comentarios, pero no declaró", explicó García Osella a "Río Negro". "Primero hay que revisar cuidadosamente todos esos elementos, porque vemos que hay nulidades muy serias".
Agregó que "somos muchos los abogados que estamos observando con preocupación que hay una distorsión en el sistema procesal penal vigente. No sabemos qué proceso tenemos".
Explicó que la fiscalía está concentrando la instrucción del proceso, cuando esa facultad está reservada al juez. "Para mí, un testigo de cargo que declara ante la fiscalía no está judicializado hasta que no declara ante el juez", opinó.
En consecuencia, esa declaración no podría ser utilizada en contra de un imputado.
Además, la fiscalía toma medidas y realiza diligencias sin control de la defensa, lo cual afectaría el derecho del imputado. "Es muy serio lo que está sucediendo, el ciudadano común está desprotegido", señaló.
Por otra parte, García Osella está preparando un ataque frontal a las escuchas telefónicas, "de las cuales se hace abuso", indicó.
En base a escuchas telefónicas y a testigos que declararon ante la fiscalía (algunos de ellos fueron interrogados por personal policial), la agencia fiscal de Delitos contra la Administración Pública recogió casi todas las pruebas que le permitieron estructurar su acusación.
La estrategia de los defensores, esbozada ayer por García Osella y que sería compartida por quienes asisten a los otros imputados, procurará torpedear el trabajo fiscal en su línea de flotación: si las escuchas telefónicas y las declaraciones testimoniales son nulas, la estructura de acusación se hundirá.
Hasta ahora, todos los imputados que se presentaron ante el juez para la indagatoria se abstuvieron de declarar. De acuerdo con fuentes judiciales, entre ellos figuran los siete desocupados que están detenidos, con Héctor "Zapallito" Molina a la cabeza, y algunos funcionarios del gabinete de Castillo como Elvira Ascolese y Graciela Pérez.
El intendente licenciado tiene cita para hoy, y seguiría la misma conducta: escuchará las pruebas en su contra, se abstendrá de declarar y dejará que su abogado descargue la artillería de nulidades.

Denuncia penal de ATE contra dos funcionarios del BPN

NEUQUEN (AN).- El presidente del Banco de la Provincia de Neuquén, Luis Manganaro, y el gerente de la entidad, José Oser, deberán explicar cómo incrementaron su patrimonio en los últimos años, si prospera una denuncia penal por enriquecimiento ilícito que ya está en manos del fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Pedro Telleriarte.
La denuncia en la justicia la presentó el viernes último el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Julio Fuentes, con el patrocinio de los abogados Mariano Mansilla, Juan Kairuz, Asunción Miras Trabalón y Gerardo Nicolás García.
Fuentes ya había denunciado en un acto público a Manganaro, lo cual le valió una denuncia cruzada del titular del banco por presuntas injurias .
La presentación contiene un detalle de algunos bienes a investigar, posibles lujos de ambos funcionarios y una supuesta participación en una empresa privada. Los abogados le piden al fiscal, entre otras medidas, que se allanen las viviendas de Manganaro y Oser ubicadas en Rincón Club de Campo.
Consultado ayer por "Río Negro", el fiscal confirmó el ingreso de la denuncia pero informó que aún no la estudió. Este diario intentó ayer comunicarse con Manganaro y Oser para que den su versión frente a esta denuncia. Se solicitaron entrevistas con ambos a través de la oficina de prensa del BPN, pero no hubo respuesta a la requisitoria. La denuncia que promueve Fuentes se originó a partir de una denuncia anónima que llegó al gremio que conduce Fuentes.
Según dice esta presentación, Manganaro, que tiene un sueldo de 5.000 pesos, cuenta con una vivienda en Rincón Club de Campo que figura a nombre de su segunda esposa, Marcela Irañeta. En 2001, el funcionario habría comprado dos terrenos lindantes en el mismo barrio privado hacia el oeste. La denuncia aclara que estas propiedades aún figuran a nombre de su anterior dueña y que están valuadas en 50.000 pesos cada uno.
Del equipamiento de la casa de Manganaro se señalan algunas curiosidades: tendría pisos importados cuyo valor por metro cuadrado serían de 100 pesos, amoblamiento de cocina por valor de 12.000 dólares, equipos de audio y video por 18.000 dólares y cortinados por más de 10.000 dólares.
Manganaro y Oser alquilan, también en Rincón Club de Campo, una propiedad que estaría destinada exclusivamente a actividad físicas. El alquiler cuesta 1.500 pesos por mes. El titular del BPN sería dueño de "alrededor de ocho caballos" preparados para equitación. Los equinos de Manganaro, dice la denuncia, cotizan en el mercado entre 5.000 y 10.000 pesos cada uno.
El titular del banco también tendría un yate anclado en el Tigre, Buenos Aires. Se estima, dice la denuncia, que el valor es de 70.000 pesos.
Otras de sus propiedades que figura en la presentación ante la justicia son los "vehículos modelo 2002, posiblemente importados, uno de los cuales es una camioneta modelo Terrier, dominio CTK 483".
La denuncia que está en manos de Telleriarte dice que Manganaro, en enero de 2001, viajó a Orlando, Estados Unidos, con los hijos del primer matrimonio, los del segundo, su madre y su actual mujer. Ese viaje, calculan los abogados que patrocinaron a Fuentes, tiene un valor de 24.000 dólares. Indican que Manganaro habría comprado tierras productivas en El Chañar y habrían pagado a razón de 25.000 dólares la hectárea.
De Oser, la denuncia señala que tiene una vivienda en Rincón Club de Campo por la que habría pagado 150.000 pesos. Además habría invertido en refacciones unos 100.000 pesos. La casa "se encuentra equipada con bienes de lujos que ascienden a la suma de 120.000 pesos", se precisa.

Querella contra Fuentes por injurias

NEUQUEN (AN) - Los cruces de imputaciones entre el presidente del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN) Luis Manganaro y el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se trasladaron el lunes al ámbito judicial. El funcionario contraatacó al gremialista con una querella criminal por el presunto delito de injurias, un hecho que se castiga con una multa o prisión de un mes a un año.
Manganaro se sintió ofendido por las "agresiones" verbales que le disparó Fuentes al finalizar una movilización callejera, a fines de setiembre pasado. En un discurso que reflejaron los medios escritos y en una nota que le hizo una radio de FM, según Manganaro, fue tildado de "delincuente", "todo el mundo sabe que se están enriqueciendo a costillas del pueblo, pero no hay investigación".
Con la representación del abogado Martín Segovia, Manganaro recurrió a la justicia correccional para que investigue el hecho denunciado y acompañó documentación que, argumentó, prueba la veracidad de que "tales dichos lacerantes han sido expresados frente a terceras personas y recogidos por la prensa escrita, que luego los reprodujo".
Se acuerdo a la documentación que sostiene la acusación en el acto aludido Fuentes denunció el presunto enriquecimiento ilícito de Manganaro, el vice presidente y el gerente general del BPN, Carlos Sandoval y José Oser respectivamente. No obstante, la presentación en el juzgado correccional la asume sólo el primero. Manganaro dice que el delito de injuria se concretó porque el autor "no desmintió fehaciente y acabadamente o desautorizó en debida forma los términos ofensivos que se le atribuyen, pues esa actitud tomada, calculada y consciente es constitutiva del dolo".