Lunes 14 de octubre de 2002

Ver facsímil de los contratos en edición impresa de diario Río Negro

 

La maniobra para construir pruebas tras lainvestigación de "Río Negro"

 

La confesó uno de los protagonistas de la "ruta de la coima" y se presentó ante la Justicia.

 
Aníbal Domínguez, de Procon
Una promesa incumplida, y un pacto dejó de ser secreto.
El viernes, un directivo de la firma Edificom se presentó en forma espontánea ante la fiscal Daniela Zágari, de Viedma, y describió con lujo de detalles lo que, unos días antes, se había animado a confesar a "Río Negro": cómo su empresa, una constructora bahiense, accedió a ser instrumento de la "ruta de la coima" que Tecno Acción pagaba a funcionarios de Río Negro por negocios relacionados con el juego; cómo sólo uno o dos días después de la investigación de este
Miguel Di Capua, de Tecno Acción
diario se pergeñaron y construyeron pruebas falsas para presentar a la Justicia, y cómo le incumplieron la promesa de pagar las deudas por 400.000 pesos que llevaron a su firma a la quiebra, prefiriendo en cambio beneficiar a una persona que pedía bastante menos. Su presentación ante la Justicia no pasó inadvertida para quienes integran "la ruta": el viernes cuando se dirigía a Viedma, alguien lo detuvo a 30 km. de esa ciudad sugiriéndole que "no le convenía" seguir camino hacia la oficina de la fiscal. De todos modos, lo hizo. Y esto es lo que relató.

"Favor con favor..."

E
Roberto Vasconcello, de Edificom
dificom es un eslabón, una empresa a través de la cual se canalizaron pagos indebidos desde la empresa Tecno Acción S.A. -beneficiaria por contratación directa de servicios al Estado adjudicados a la estatal Altec SA y vinculados con la operación de la quiniela rionegrina- hacia bolsillos de los funcionarios.
Quebrada y en manos de un apoderado, Edificom empezó en 1999 a entregar facturas "de favor", que no cobraba sino que estaban destinadas a justificar "retornos" que desde Tecno Acción S.A. iban a funcionarios rionegrinos. Lo hizo a cambio de la promesa de que podría acceder a obras en Río Negro. Este año, el compromiso se transformó en que le levantarían la quiebra si ayudaba a construir pruebas para explicar a la Justicia cómo Edificom había ayudado a encubrir el cobro de cheques. Un ofrecimiento nada nada despreciable si se considera que la constructora sumaba deudas por más de 400.000 pesos.
Su contacto inicial fue un "hombre del entorno" del gobernador Pablo Verani, aunque no de importancia en el gobierno.
Edificom pertenecía originariamente a dos bahienses, padre e hijo, de apellido Pérez Menicucci, quienes se dedicaban a la construcción. Actualmente ambos viven en el exterior, y la firma está en manos de un apoderado y de un dirigente sindical portuario de Bahía Blanca que empezó a figurar como presidente a partir del momento de la maniobra.
Edificom accedió en junio de 1999 a entregar facturas a nombre de Tecno Acción, simulando la prestación de algún servicio inexistente. Las facturas servían para justificar cheques que de otro modo no podían ser asentados contablemente ya que se destinaban a funcionarios.
Todo marchó sin inconvenientes. Edificom hacía facturas y Tecno Acción remitía los cheques (al portador) que en realidad cobraba por ventanilla Carlos Ferrari o algunos de sus colaboradores, que entregaban el dinero a funcionarios rionegrinos.
En abril, la investigación de "Río Negro" modificó el escenario. El directivo de Edificom -según dijo a este diario y en la Justicia- aseguró que no sabía que esas facturas se cobraban, sino que se las habían solicitado para justificar gastos en los registros contables. Contó que a mediados de abril lo visitó en Bahía Blanca Miguel Di Capia, directivo de Tecno Acción para confeccionar "el marco legal y contractual" que justificara la ficticia triangulación de valores entre Tecno Acción, Edificom y Ferrari.
A cambio del "favor", recibió la promesa de que "levantarían" la quiebra que pesa sobre la firma y saldarían las deudas que se acumulaban con proveedores de materiales y, sobre todo, con el Banco Provincia de Buenos Aires (ver aparte).
Como manera de seguir "en las sombras" el mismo apoderado ubicó a alguien dispuesto a figurar como presidente de la empresa. Lo halló: José Luis Suárez quien, en principio, no puso reparos. Pero, contrariamente a lo que esperaba el apoderado, luego comenzó a "negociar" por su cuenta con los solicitantes de favores, lo que tiene al inicial intermediario de la operación bastante molesto. Al parecer, Suárez resulta para los organizadores de "la ruta" más económico, ya que se conformaría con 60.000 pesos.
Durante más de dos años, cada mes Edificom entregó las facturas en la forma y por el monto en que se le solicitaba.
Luego se resolvió desdoblar la suma mensual en dos facturas, buscando a otra empresa que se prestara a extender una de ellas cada vez.
Así se incorporó a Procon, -con sede en Alem 1228 de Bahía Blanca- firma que tiene como rubro principal la construcción y la metalurgia y, como actividad secundaria, figura la publicidad.
Esta empresa comenzó a proveer de facturas y recibos a Tecno Acción cuando se decidió desdoblar aquella suma de 50.820 pesos, como modo de achicar el monto total y permitir el cobro de los cheques por ventanilla.
El responsable de Procon es Aníbal Oscar Domínguez. La firma tiene domicilio en el 1.228 de la Avenida Alem, en Bahía Blanca. Por estos días, también se ha visto afectada por los incumplimientos en los pagos comprometidos y, el 4 de octubre, remitió una carta documento a Tecno Acción reclamando el pago total de las facturas que emitió.

Un soporte "a posteriori"

En abril de este año, las publicaciones de "Río Negro" sobre "el juego de la corrupción" y "la ruta de la coima" llevaron a los participantes del acuerdo espurio a imaginar un soporte contractual para intentar justificar lo injustificable: ¿qué bien o qué servicio podía poseer la constructora quebrada Edificom que justificara que la empresa de excelencia en tecnología informática Tecno Acción le pagara cerca de dos millones de pesos con mensual pertinacia?
Edificom tiene actualmente dos responsables "visibles": el presidente y el apoderado. "Río Negro" habló con ambos. Y pudo reconstruir la trama hablando con uno de ellos.
Así se conoció que el 12 y el 14 de abril, Miguel Di Capua -alto directivo de Tecno Acción- apareció en Bahía Blanca. El 11 de abril "Río Negro" había comenzado una serie de notas que planteaban irregularidades en el negocio del juego, y que citaban el papel de Tecno Acción.
Di Capua se reunió con uno de los responsables de Edificom en el Hotel Austral y le planteó la necesidad de formalizar algún documento para justificar las facturas pagadas por Tecno Acción. Se preparaba, temiendo que la Justicia iniciara una causa.
El 19 de abril, la gente de Edificom se reunió con Ferrari y con la conducción de Tecno Acción en un estudio jurídico de la Capital Federal.
Allí firmaron dos contratos ideológicamente falsos, ya que tenían fecha de dos años atrás. Uno de ellos simulaba que Tecno Acción le compraba a Edificom una máquina cuya tecnología permitiría hacer sorteos instantáneos y personalizados. Por el otro contrato, Ferrari le vendía esa máquina a Edificom, y así justificaría por qué recibía y cobraba los cheques de Tecno Acción. Este último se hizo por 3.200.000 dólares. Se sabe que uno de esos contratos fue ya presentado ante la Justicia por Tecno Acción para intentar justificar el flujo de facturas de Edificom.
Es decir, al sólo efecto de construir prueba para justificar las evidencias del soborno que la Justicia obtuvo, se diseñó no sólo algo rebuscado sino carente de toda lógica: ¿qué sentido tenía que una empresa de construcción comprara una máquina a Ferrari? y, más burdo aún, ¿cómo una empresa de alta calificación tecnológica como Tecno Acción le iba a comprar una máquina a una constructora?
Como Roberto Vasconcello, el apoderado de Edificom, no podía figurar en un contrato por sus antecedentes, él mismo propuso ofrecer el rol de firmante a José Luis Suárez, dirigente de un gremio portuario. Antes, Vasconcello recordó el compromiso incumplido de asistirlo ante sus deudas, pero sólo obtuvo que le pagaran las deudas más chicas, con proveedores de materiales de construcción, y quedaba pendiente su pasivo de 390.000 pesos ante el Banco Provincia de Buenos Aires.
Otro problema planteaba la "construcción" de la prueba: Edificom no tenía relación con Ferrari. Ni se conocían, ya que la constructora había entregado las facturas a emisarios rionegrinos vinculados con el gobierno. Pero no había tenido contacto con Ferrari ni con Tecno Acción.
Por lo tanto, se debía confeccionar una estrategia para justificar cómo se habían conocido hasta el punto de firmar un contrato por esa nada despreciable suma.
Estaba previsto que la estrategia fuera explicada por Suárez en su testimonio ante la justicia, para lo cual está citado para el 17 de octubre. Una de las opciones que se analizó es que dijera que los titulares de Edificom se contactaron con Ferrari cuando hacían una obra en Tres Arroyos, donde el empresario del juego tiene la concesión del Bingo. Y que esa relación derivó en un ofrecimiento para construir las obras pendientes en Las Grutas y Cipolletti, que después Ferrari no pudo concretar. Para eso, Suárez debía viajar a Las Grutas y a Cipolletti para tener referencias reales de lo que sería su versión.
Dijo el apoderado que el convenio de Edificom y Ferrari se firmó el 19 de abril de 2002 en el estudio de Santillán & Ibáñez de la Capital Federal, pero figura como firmado el 10 de diciembre de 1998.
El directivo recordó que en esa reunión Ferrari se resistía a la firma de lo que sería su contrato con Edificom. "Pero, finalmente, lo convencieron con algunos compromisos", comentó, sin identificar quiénes y qué argumentos sirvieron para revertir la oposición de Ferrari.
El convenio reza que la empresa de Ferrari -con "vasta experiencia comercial en materia de juego y el desarrollo de productos"- está construyendo "un novedoso equipo de servicios para juegos de azar, cuya característica es producir un sorteo personalizado".
El precio de los derechos intelectuales sobre ese equipo para sorteos fue fijado en 3.200.000 dólares, que Edificom prevé comprar con "pagos parciales y periódicos hasta junio de 2002 y hasta completar el pago de la mitad".
Esta máquina de sorteo ya está concluida y se preveía depositarla en el local que se está "armando" a toda máquina para Edificom, firma que en realidad no tiene ningún local y, de hecho, no lo necesita. Ese local está siendo acondicionado en Irigoyen al 1400 de Capital Federal. Ese inmueble se logró en comodato por un año, que firmó José Luis Suárez. Estas gestiones han sido acompañadas por reuniones en Buenos Aires y en Viedma.
Días atrás, el gerente Comercial de Tecno Acción, Miguel Di Capua, deliberó en Viedma con el abogado viedmense Juan Carlos Chirinos -patrocinante de esa empresa- a raíz de la causa que se tramita en la capital rionegrina.
Chirinos, ex funcionario durante el gobierno de Horacio Massaccesi y actualmente abogado particular pero ligado al gobierno, transmitió a "Río Negro" la decisión de Di Capua de que la empresa no hablaría. El tampoco quiso abundar en detalles. Sólo dijo que su patrocinio se inició después de la presentación a la Justicia de Tecno Acción, en la cual, precisamente, se aludió a que los pagos sospechados habían sido realizados a Edificom. No aportó otros datos pero quedó en evidencia su pretensión de liberarse de las acciones anteriores. Chirinos presentó el escrito que, a principios de mayo, Tecno Acción elevó a la Justicia, aunque se desconoce si participó en su redacción.

Las notas sobre la "ruta de la coima"

Los días 11 y 12 de abril de este año, en las notas "El gran juego de la corrupción", se explicó la rescisión del contrato de los casinos que pactaban funcionarios con Carlos Ferrari. También se indicaba que éste había alardeado de haber pagado coima para hacerse de ese contrato y de ayudar a los funcionarios rioneginos con injerencia en su área para que cobraran una coima que les pagaba otra empresa. El 13 de abril la fiscal Zágari inició acción penal contra el gobernador Verani, el titular de Lotería, Miguel Irigoyen y el directivo de Varsa, además de otros ex funcionarios y empresarios.
El 14 de abril, se publicó la señorial casa en que vive Ferrari en un country de Escobar.
Los días 14 y 15 de mayo se publicaron las notas "La ruta de la coima" sobre las empresas "sello" usadas por Ferrari y por funcionarios. Entre ellas Albany Trade, presidida por el basquetbolista Andrés Santamaría, que facturaba antes que Edificom los "retornos".

Los pagos, uno por uno

Las facturas de Edificom como justificación para los misteriosos pagos de Tecno Acción comenzaron justo cuando en Buenos Aires, y en forma casual, un juez investigaba a Albany Trade en relación con cuestiones que nada tenían que ver con Río Negro, y complicaba toda utilización de esa firma para encauzar dinero "caliente". Albany era una de los tantos "sellos"de Ferrari utilizado como pantalla para disimular el desvío de dinero a los funcionarios y donde figura como presidente Andrés Santamaría, ex basquetbolista amigo del hijo del gobernador Pablo Verani.
Edificom entregó en junio de 1999 dos facturas, cada una de ellas sumando la "cuota" de dos meses, es decir que esas dos boletas cubrieron los montos correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio. Desde entonces hasta fines de 1999, extendió varias facturas mensuales, cada una de 38.720 pesos (con IVA).
En el 2000 se mantuvo ese monto mensual hasta setiembre inclusive. Así, durante este lapso se sumaron 19 facturas de 38.720 pesos.
A partir de octubre de 2000 y hasta noviembre de 2001, las facturas pasaron a ser de 50.820 pesos (siempre incluyendo el IVA). En diciembre de 2002, el monto se redujo a la mitad (25.410 pesos), pues se comenzó a desdoblar el monto total con Procon, que "facturaba" el resto, también a cambio de una promesa de resarcimiento por las molestias. Así, el trato siguió hasta marzo de 2002 inclusive.
Todo este proceso de facturas totalizó hasta noviembre de 2002 un monto de 1.447.160 dólares y los otros cuatro meses -incluyendo las facturas de Procon- 203.280 pesos.
El 11 de abril, "Río Negro" publicó su primera serie de notas sobre "El juego de la corrupción", a la que siguió luego "La ruta de la coima". En aquella primera nota todavía no se hacía mención a Edificom, pero fue precisamente Tecno Acción la que, al declarar ante el juez Bustamante, puso en evidencia esta misteriosa firma.

La quiebra de Edificom

A partir de junio, Tecno Acción canceló parte de las deudas de Edificom S.A. para levantar la quiebra. Este trámite pretendió intentar justificar que esta constructora -sin intervención del síndico- "moviera" más de 1,6 millón de pesos.
El directivo de Edificom explicó que Tecno Acción entregó inicialmente 12.000 dólares para pagar las deudas a Corralón Alem de Bahía Blanca, quien pidió la quiebra. No fue suficiente, de modo que se sucedieron contactos que finalmente permitieron acuerdos y pagos al acreedor, como también con Loma Negra. Ahora, está pendiente un pasivo con el Banco de Buenos Aires por unos 100.000 dólares.
La quiebra que el apoderado de Edificom S.A. pretendía salvar por el acuerdo incumplido por sus interlocutores tiene número de expediente 40.711/99, y está referido a la firma constructora que figura aún con domicilio en Lima 131, Piso 8 "F", de Capital Federal. La tramita el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro 6, a cargo del juez Carlos Ferrario, secretaría NÂș 11. El síndico es Ricardo Mingo. En momento de iniciarse el expediente, figuraban como titulares Martín y Miguel Angel Pérez Menicucci (actualmente ambos están radicados en el exterior). Los demandantes en los pedidos de quiebra fueron el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Loma Negra, Ciasa, Garaventa Hnos., y Juan Carlos Medina (Corralón Alem).

Procon, otro "socio" decepcionado

Un segundo convenio fue firmado entre Procon y Edificom en el que ésta -lo que resulta difícil de creer- le cedió a la firma de Domínguez el 50 por ciento del contrato de servicios que había firmado con Tecno Acción. Aníbal Oscar Domínguez es el titular de Procon.
La cesión de las facturas se habría concretado con el compromiso de alguna compensación y el pago de los montos correspondientes al IVA (algo más de 4.400 pesos por factura).
En diálogo con "Río Negro", Domínguez no abundó en precisiones aunque recordó que el contacto lo concretó Roberto Vasconcello y que no hubo ningún desembolso en su favor (otras fuentes aseguran que recibió 5000 pesos).
Domínguez intimó hace días por carta documento a Tecno Acción SA por "el pago total" de las cuatro facturas entregadas (numeraciones que terminan con 308,310, 311 y 316), por un total de 101.640 pesos.
El convenio lo firmó con Edificom pero Domínguez no tiene dudas en resaltar que su reclamo debe centralizarse en Tecno Acción. "Edificom cedió sus derechos", dijo a "Río Negro".
Ocurre que ahora también sabe de la maniobra y utilización de las facturas para el cobro.
¿Tecno Acción recibió y tiene recibos suyos, que presentará como prueba de que le pagó?, fue la consulta. "Tendrá que explicar con qué cheques me pagaron y documentarlo, pues esa suma sólo se puede pagar con cheques", afirmó Domínguez.

Los protagonistas

Roberto Vasconcello y José Luis Suárez -ambos radicados en Bahía Blanca- son las dos caras de Edificom.
El primero siempre constituyó el motor empresarial de esa firma -hasta su quiebra en 1999- o alguna otra que supo constituir.
En cambio, Suárez es trabajador y gremialista portuario, pero se transformó en el presidente de Edificom para sostener la maniobra de Tecno Acción en la justificación de los cheques de la coima.
Vasconcello cosecha un bajo perfil, obligado especialmente por un procesamiento que recibió años atrás por irregulares manejos empresariales, que incluyó una detención de tres años. Repuntó con varias obras públicas pero siempre quedó al margen formalmente por su inhabilitación judicial. Nadie duda de su posición cuando se lo advierte movilizándose con una 4x4 Land Rover y otro vehículo importado.
Suárez tiene 54 años. Su panorama económico sería más complicado. Las deudas tendrían en jaque a parte de sus bienes: un vehículo Renault 11 y dos propiedades (Gorritti 770 y Cervantes 731, ambas de Bahía Blanca).
Sus ingresos mensuales son relativamente bajos si se considera que preside (en la ficción) una empresa que remitió algo más de 1,5 millón de dólares a Carlos (Cacho) Ferrari. Algunas fuentes estiman que recibe cerca de 2.000 pesos por su actividad portuaria. Según trascendió, Suárez habría recibido algo más de 10.000 pesos por la firma inicial de los contratos truchos, pero la complicación judicial -que contempla su testimonio el próximo jueves- habría permitido otra compensación, que sería de algo más de 60.000 pesos.


Investigación: Adrián Pecollo y Alicia Miller

     
     
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