Sábado 12 de octubre de 2002
 

El TSJ le dio la razón al intendente Baeza

 
  NEUQUEN (AN).- Al intendente de Piedra del Aguila, Jorge Baeza, lo echaron mal. Con otros términos, eso es lo que en definitiva dice el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que declaró nulo el procedimiento del juicio político que culminó con la destitución del jefe comunal.
En un fallo reciente, el cuerpo dijo que los concejales no le dieron a Baeza la oportunidad de su defensa en los términos que corresponde con la legislación vigente. Baeza trajo personalmente a "Río Negro" el pronunciamiento del TSJ. El intendente interpretó que con este fallo quedó todo saldado.
El fallo se centra "en la verificación del cumplimiento del principio constitucional del debido proceso legal en el trámite de juicio político". Y concluye que en el proceso "no se ha respetado adecuadamente la garantía que le asistía" a Baeza en el punto de "ser informado fehacientemente de la acusación que se le formulaba, ni se le ha brindado la posibilidad de conocer ni de defenderse concretamente de los hechos imputados, ni se le ha otorgado la oportunidad de probar lo que considerara pertinente en su descargo, ni de controlar la producción de las probanzas incorporadas".
Entre otras razones de índole jurídico, el TSJ resolvió dirimir el conflicto planteado entre los concejales y Baeza en favor del intendente y declarar nulo todo lo actuado por el Deliberante. Sin embargo, los motivos por los cuales los ediles lo destituyeron, vinculados al manejo de los fondos públicos y la gestión de gobierno, son materia de una investigación en la justicia que surgió por una denuncia presentada en mayo último por los concejales.
Baeza interpretó que ahora queda "definitivamente en el cargo" y que está "probada" su inocencia. Sin abundar en detalles, explicó que el origen del problema es "político y personal" con los concejales de su partido. "Ellos entendían que yo no debía seguir más en la función porque no era idóneo, no era prolijo, no hacía bien las cosas y seguramente porque no respondía a intereses de ellos", añadió.
Dijo que lo ocurrido en todo este tiempo fue "una aventura" que "le costará" a las finanzas municipales entre "30 y 40 mil pesos", cifra en la que incluyó el pago de honorarios de abogados, salarios caídos de él y un contrato de una auditoría externa que se llevó, dijo, 6.000 pesos por trabajar 15 días.
"No hice absolutamente nada ilegal y estoy a disposición de la justicia", sentenció, y advirtió que los concejales que le imputaron maniobras supuestamente irregulares tendrán que probarlas o rectificar sus declaraciones públicas.
     
     
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