Usurpadores tendrán sus viviendas
El municipio de San Antonio ayudará a las familias para que construyan sus casas
El intendente municipal Adrián Casadei se reunió con cada uno de los grupos involucrados en la acción ilegal y se comprometió a otorgarles determinadas posibilidades para que pudieran obtener su vivienda. En el caso de Estela Mercado, una joven de 26 años, con 3 hijos que el miércoles, mientras la Policía desalojaba a otra de las familias ocupantes blandía un arma de fuego, según aseguraron sus familiares, frente a sus hijos, le prometió que le construirá una unidad habitacional en el terreno que posee la mujer. Mientras la comuna realiza la obra le pagará el alquiler de alguna casa de esta ciudad.
A Daniel Amado, Cristian Sánchez, Herminda Escobar y Elida Paz les ofreció un plan de esfuerzo propio, por el cual podrán levantar sus propias casas con el apoyo de la municipalidad. También el alojamiento, hasta tanto tengan sus casas correrá por cuenta de la comuna.
El plan de las 66 viviendas que construyó el IPPV y que otorgó en conjunto con el municipio local, nació mal.
La adjudicación de las viviendas del nuevo barrio estuvo teñida de sospechas desde un comienzo. Hubo muchas impugnaciones, algunas de las cuales tuvieron curso favorable y los comentarios por supuestos "acomodos" corrieron rápidamente por la ciudad.
El lunes último, cinco familias que aseguran que Casadei les prometió una casa, pero que quedaron fuera del plan a la hora de las adjudicaciones, ingresaron ilegalmente a las casas y amenazaron con permanecer hasta que hubiera una solución.
El jefe comunal negó que él les hubiera prometido una casa y dijo que solamente se limitó a explicar los pasos a seguir para poder ser adjudicatario.
Cuatro de las casas usurpadas eran las que habían quedado reservadas para el IPPV y el Municipio, pero la restante ya tenía un adjudicatario, quien realizó la denuncia penal y se introdujo en otra vivienda desocupada.
Por ello el miércoles, el juez Jorge Bustamante, dio la orden de desalojar la casa por la fuerza, lo que generó profunda tensión entre los ocupantes ilegales del lugar.
No obstante, tras algunos minutos de negociación, los efectivos lograron calmar los ánimos y la familia accedió a retirarse, con la promesa de que el Municipio se haría cargo del alquiler de una vivienda.
Mientras tanto, el IPPV realizó la denuncia penal por las restantes cuatro casas, por lo que ayer se esperaban nuevos encontronazos con los usurpadores.
Sin embargo, el compromiso asumido por el intendente tranquilizó a los ocupantes que accedieron a deshabitar el lugar por su propia voluntad.
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