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Prisión para dos ex funcionarios del Boletín Oficial
A ambos les imputaron peculado y estafa.
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Por los delitos de "peculado" y "estafa a la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta", el ex director del ex Boletín Oficial, Julio César Martínez, fue condenado a tres años y seis meses de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Bajo la misma imputación el ex subdirector del organismo Carlos Oscar Negro fue condenado a tres años de prisión y también inhabilitado, mientras que el ex subdirector de administración Luis Wálter Gonzaga Poma fue el único absuelto en esta causa. Los propietarios de la imprenta "Grafisur" de Patagones Juan Antonio Martínez y Atilio Juan Casadei fueron condenados a dos años de prisión en suspenso por el delito de "peculado".
Para el Tribunal integrado por los camaristas Susana Milicich de Videla, Ernesto Rodríguez y Roberto Maturana quedó acreditado que entre diciembre del `95 y noviembre del "97 Julio Martínez y Carlos Negro como directivos del entonces Boletín Oficial realizaron una serie de trabajos para la imprenta "Grafisur" de Patagones propiedad de Juan Martínez y Atilio Casadei utilizando maquinarias, materiales y personal del organismo estatal "a sabiendas de todos los nombrados que el costo de esos trabajos jamás ingresaría a las arcas de la administración pública provincial, causando con ello un perjuicio al Estado".
Esos trabajos fueron encargados por terceros a los propietarios de la imprenta y "éstos a su vez con la autorización del director y el conocimiento del subdirector financiero del Boletín, los hacían imprimir en ese organismo estatal pero se los facturaban a quienes se los habían encargado". Los imprenteros cobraban los trabajos pero no abonaban el importe de los mismos al Boletín, "donde efectivamente habían sido realizados".
Los jueces sostuvieron que Julio Martínez y Negro como integrantes de la comisión Administradora "manejaron el Boletín de la provincia de entrecasa sin respetar las normativas vigentes porque de esa manera concretaban sin riesgos su clara intención de perjudicar los intereses que les habían sido confiados".
Para los jueces también quedó acreditado que ambos ex funcionarios tramitaron licitaciones públicas para la adquisición de diversos materiales e insumos, adjudicándose a la firma "Carlos Castoldi S.A.", a la que se le abonó a pesar de no haber entregado los materiales previamente sino con posterioridad y en forma parcial. También se les adjudicó a los ex directivos haber dado por recibido materiales que debían proveer las firmas "Carlos Castoldi S.A." y "De Rosa Construcciones" para un trabajo de Educación, habilitando a este último para pagar a ambas empresas (80.032 pesos y 4.000 pesos respectivamente) sin que ingresaran las mercaderías que luego fueron entregadas en forma parcial de parte de la primera de las firmas.
El Tribunal consideró "poco serio" y como una ofensa al sentido los dichos del ex director Martínez, quien en el juicio manifestó reparos respecto de la credibilidad del sistema (fichas de stock) trasladando la responsabilidad a un empleado. "Era su responsabilidad (Julio Martínez) que el sistema fuera confiable y si advertía lo contrario modificarlo", sostuvo el fallo de 100 páginas.
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