Santarelli criticó la política del gobierno en materia de acción social
Santarelli reiteró el pedido para que el subsecretario de Acción Social, Manuel Gschwind, comparezca en la comisión a efectos de informar en detalle sobre el gasto social directo.
La diputada de la Alianza hizo suyo el proyecto de ley presentado hace una semana por las iglesias Católica y Metodista, la Defensoría del Niño y el Adolescente y organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, que reclama que el excedente de regalías se utilice para revertir la exclusión social de chicos y jóvenes en situación de riesgo.
El 18 de septiembre pasado, el ministro de Hacienda, Alfredo Pujante, explicó en la Legislatura los nuevos números del presupuesto 2002 sobre la base de la evolución del precio del crudo. Los mayores ingresos fueron estimados en 261,5 millones de pesos.
Según el anuncio de Pujante, la acción social recibirá este año 23 millones de pesos más, con lo cual alcanzará a los 87 millones de pesos en total.
Santarelli observó que los esfuerzos presupuestarios por mejorar la situación de los menores carecen de la articulación necesaria para resultar efectivos y, en muchos casos, producen efectos nocivos sobre el grupo familiar.
Puso como ejemplo los comedores comunitarios que, dijo, "contribuyen a desarticular la familia". Consideró que con esta y otras formas de ayuda, el Estado "interviene" fuertemente en las familias de menores recursos, produciendo efectos negativos.
Por contraposición, la legisladora rescató los contenidos de la ley 2302 del Menor y el Adolescente, que promueve una mayor protección de la familia y de los menores por parte del Estado.
Según explicó Santarelli, entre las cuestiones que más le llamaron la atención del nuevo esquema presupuestario en materia social, se cuenta el hecho de que la subsecretaría a cargo de Gschwind pasó de recibir 560 mil pesos a un millón para el nivel central, lo que presumiblemente guarda relación con la contratación de más personal.
También objetó el programa de familias alternativas, que pasó de unos 700 mil pesos a 1,7 millón. "Es cierto que la situación se agravó, pero en muchos casos se sigue gastando mal los recursos porque, por ejemplo, se utilizan para los comedores, con lo cual se acentúa el daño a los chicos, que se ven obligados a separarse de la familia", dijo Santarelli. La diputada hizo notar que hay 300 chicos más que son atendidos por otras familias lo que contribuye a una política consistente en "poner mucha plata para contribuir a disgregar a la familia". En esta provincia -apuntó- son demasiadas, las familias intervenidas con mecanismos asistencialistas.
Para la diputada, "el hecho de que se apliquen ingentes recursos para paliar la grave crisis social no significa que en todos los casos estemos dando las soluciones deseadas". Por el contrario, explicó, "en muchos casos se producen daños irreparables al grupo familiar".
Santarelli también criticó la pluralidad de programas existente, esquema que -dijo- dispersa los esfuerzos y alimenta la maquinaria clientelar del oficialismo.
Recordó que los bloques de la Alianza y el PJ "forman parte del gobierno y como tales quieren hacerse responsables" del agudo cuadro social, pero para hacerlo necesitan la información y participar en las decisiones, "aún sabiendo que el presupuesto prácticamente está ejecutado", apuntó.
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