Uruguay admite oficialmente la muerte de varios desaparecidos
A esa conclusión arribó la Comisión para la Paz, creada en agosto del año 2000 por el presidente de la república, Jorge Batlle, y que ayer divulgó un preinforme, a cuenta del informe final, que estará a fin de año.
Carlos Ramela, que fue el vocero de la Comisión, dijo que "se seguirá ahondando" respecto del destino final de los restos y precisó que no se trata de buscar discordia con otros poderes del Estado", en referencia a la actitud que podría asumir la justicia civil. De todas formas, las conclusiones no serán presentadas a la justicia, "porque no es el cometido de la Comisión", y serán elevadas directamente al presidente Batlle, que será quien resolverá .
El documento oficial, difundido ayer, indica que se recibieron 33 denuncias, de las cuales se confirmaron 26 y "los elementos de convicción, permiten asumir que esas 26 personas fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron finalmente". Esas muertes se produjeron "como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte, en algún caso excepcional", indica el informe oficial.
Versiones periodísticas señalan que los cuerpos de los asesinados en centros clandestinos uruguayos habían sido incinerados y arrojados al mar, pero el vocero de la Comisión afirmó: "Es un tema muy sensible, delicado, especial para las familia (...)Pero esa instancia no se ha dado, razón por la cual no hemos entrado al tema del destino final de los resto ", reafirmó Ramela.
Integrantes de la organización de "Familiares de Detenidos- Desaparecidos" adelantaron que no aceptarían que se decretara la muerte de sus familiares, sino que seguirán hasta el final en sus reclamos por conocer toda la verdad de los hechos y que se haga justicia. (DPA)
Los casos argentinos
Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos argentinos, el informe consideró confirmadas cinco denuncias de personas, individualizadas y que, se supo, fueron detenidas en Uruguay y trasladadas a centros de detención de Argentina.
Esos argentinos son Oscar Degregorio, Claudio y Lila Epelbaum Slotopolsky, Mónica Sofía Grispon Pagón de Holgares y Claudio Ernesto Logares Manfrini.
Una referencia especial requirió la desaparición de María Claudia García Cassinelli de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, quien según la Comisión para la Paz de Uruguay fue detenida en Argentina y trasladada a Uruguay, donde tuvo una hija, entregada a una familia uruguaya y ya identificada. "Lamentablemente no hemos podido aclarar algunas contradicciones en cuánto a su destino final" dijo Ramela, aunque informaciones periodísticas señalan que fue asesinada, en Montevideo.
Hay 127 casos de ciudadanos uruguayos que fueron detenidos, muertos y enterrados en Buenos Aires, algunos de ellos, tras estar recluidos en centros clandestinos, como "Automotores Orletti", "Pozo de Banfield", "Pozo de Quilmes" o la Escuela de Mecánica de la Armada argentina.
En torno a los casos de niños desaparecidos, de las 32 denuncias que recibió la Comisión para la Paz, cinco fueron derivadas a la organización "Abuelas de Plaza de Mayo" y al hospital "Durand" de Buenos Aires, para su seguimiento, con las tipificaciones de ADN que se realizaron, a pedido de la Comisión.
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