Derogaron todas las jubilaciones de privilegio

La ley que aprobó el Senado alcanza a políticos, jueces, diplomáticos y obispos. El gobierno teme una catarata de juicios contra el Estado y anunció que vetará.

Pichetto pedía modificaciones, pero su iniciativa no prosperó y derogaron todos los beneficios

Sorpresivamente el Senado votó ayer la derogación de todos los regímenes de jubilaciones de privilegio y de pensiones vitalicias, dentro de los cuales quedaron incluidos todos los cargos políticos, jueces, diplomáticos y jueces. La ley determina el tope de 3.100 pesos netos para quienes actualmente tengan el beneficio, por un año, en el marco de la emergencia económica.
A pesar de que en los últimos días eran mayoría los que pensaban introducir modificaciones para excluir de las restricciones a magistrados, embajadores y jerarquía eclesiástica, una moción para votar en forma nominal y no a mano alzada como se hace habitualmente torció el sentido del pronunciamiento.
El ahorro que se produciría con esta ley sería de 117 millones de pesos anuales a partir de la reducción de 9200 jubilaciones de entre 4 y 10 mil pesos mensuales.
No obstante haberse convertido en ley, la iniciativa sería vetada por el Gobierno, tal como anticipó días atrás el propio presidente Eduardo Duhalde. Es que en el oficialismo especulaban anoche que sobrevendrá una catarata de juicios contra el Estado porque la ley afecta derechos adquiridos
Lo llamativo del caso es que el proyecto original fue presentado por el Ejecutivo, como resultado de una de las propuestas centrales que esbozó la Mesa del Diálogo Social.
La iniciativa había recibido media sanción de la Cámara de Diputados el 21 de agosto pasado, y fue aprobada en general por el Senado el 9 de octubre, pero su tratamiento en particular fue postergado porque ya eran casi las 2 de la mañana.
El artículo 1 de la norma, que es el central porque deroga todos los regímenes especiales, fue aprobado por 33 votos afirmativos contra 24 negativos.
Tanto los justicialistas como los radicales y los representantes de los partidos provinciales votaron divididos en ese punto, lo cual demostró que las disidencias no respondieron al tradicional quiebre entre las principales fuerzas políticas.
Hasta el momento mismo de la votación no se sabía cuál sería el resultado, un hecho inusual en el Congreso, pero la propuesta del justicialista Miguel Angel Pichetto para que se vote en forma individual generó un efecto cascada en contra de las modificaciones que fue decisivo.
El proyecto deroga las leyes 22.731, 24.018 y 21.540 que contemplan los regímenes especiales de presidente y vicepresidente de la Nación, legisladores; ministros; secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo; secretarios y prosecretarios de las cámaras legislativas; intendentes; concejales; secretarios y subsecretarios de los concejos deliberantes; todos los jueces incluidos los de la Corte Suprema; diplomáticos y obispos.
Los únicos esquemas especiales que se mantienen inalterados son los de los docentes (ley 24.016) y los de los investigadores científicos y tecnológicos (ley 22.929).
Además, en base a la declaración de la situación de emergencia económica, se determina un tope de 3.100 pesos para los haberes que se perciben actualmente. Esta excepción rige durante un año, prorrogable por el Gobierno por otro año más.
Los principales impulsores de las modificaciones, tal como había ocurrido en el tratamiento en general, fueron los justicialistas Miguel Angel Pichetto, Eduardo Menem, Marcelo López Arias y Oscar Lamberto, y el radical Raúl Baglini.
El argumento principal de este sector es que la ley aprobada afectará derechos adquiridos y que en consecuencia será considerada inconstitucional por la Justicia.
(DYN y Télam)

Fija un tope de 3.100 pesos

Estos son los aspectos centrales de la norma:
Se derogan las leyes que contemplan los regímenes especiales de presidente y vicepresidente de la Nación; legisladores; ministros; secretarios y subsecretarios del Ejecutivo; secretarios y prosecretarios de las cámaras legislativas; intendentes; concejales; secretarios y subsecretarios de los concejos deliberantes; jueces incluidos los de la Corte; diplomáticos y obispos.
Los únicos esquemas especiales que se mantienen inalterados son los de los docentes y los de los investigadores científicos y tecnológicos.
En base a la declaración de la situación de emergencia económica, se determina un tope de 3.100 pesos para los haberes que se perciben actualmente. Esta excepción rige durante un año, prorrogable por el Gobierno por otro año más.
Establece la incompatibilidad entre la percepción de una jubilación de privilegio superior a los 1.000 pesos con el desempeño de cualquier actividad remunerada, tanto en el ámbito público como privado.
Entre los regímenes que se proponen derogar figuran la ley 22.731 que afecta al personal del servicio exterior, que puede jubilarse a los 65 años. Debe tener 30 años de servicios, de los cuales 15 deben ser continuos o 20 discontínuos en el Servicio Exterior de la Nación.

El Estado beneficia a empresas y grupos de presión

Mientras la población soporta una elevadísima presión fiscal, el Estado concede a determinadas actividades, empresas y grupos de presión, beneficios impositivos por casi 10.000 millones de pesos que dejará de recaudar durante el año próximo, de acuerdo con una estimación realizada por el Ministerio de Economía.
En un estudio realizado por técnicos de Economía sobre los beneficios que reciben estos sectores, el monto de los denominados gastos tributarios estimado para el año 2.003 alcanza a 9.974 millones de pesos, que equivale a 1,88 por ciento del PBI y al 12,7 por ciento de la recaudación de impuestos nacionales proyectada para ese año. El informe define a los Gastos Tributarios como el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria y que tiene como objetivo beneficiar a determinadas actividades, zonas o sujetos. Los casos más habituales son los de otorgamiento de exenciones, deducciones, alícuotas reducidas, diferimientos, amortizaciones aceleradas, entre otros mecanismos. De ese total, 8.261 millones de pesos corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y 1713 millones a beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica, regional y sectorial.
La reducción que, expresada en términos del PBI, presentan los gastos tributarios en el año 2003 está relacionada, en primer lugar, con la suspensión de los pagos de la deuda pública establecida a principios de 2002 y con la reprogramación de los vencimientos de los depósitos en el sistema bancario y, en segundo término, con la eliminación de algunos tratamientos preferenciales, entre los que se destacan los planes de competitividad y la exención de los ingresos por reintegros a la exportación en el impuesto a las Ganancias.
Del total de los ingresos que resigna el Estado, casi el 54% corresponden a exenciones al IVA y de esta porción el 23% son de los regímenes de promoción industrial y económica que benefician a empresas radicadas sólo en algunas provincias.
En el caso del impuesto a las ganancias, los beneficios significan casi al 20% del total. La exención al pago de ganancias en el Poder Judicial representa el 0,8%. En los combustibles representan casi el 15 por ciento del total, mientras que los beneficios concedidos a la región patagónica equivalen al 2 por ciento.
En tanto, los descuentos en las contribuciones a la seguridad social por zonas geográficas se elevan hasta casi el 6 por ciento.
En el capítulo de los regímenes de promoción industrial, las exenciones por IVA y Ganancias representan el 4,6% del total, mientras que en el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, las exenciones sobre los mencionados impuestos más la eliminación de los derechos sobre importación equivalen al 7,2%. (DYN)