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Ex parlamentarios no cobrarán "seguro de desempleo"
Disponen el fin del beneficio para los que terminaron sus mandatos. Treinta lo solicitaron, pero no se les otorgó porque tienen recursos. Entre ellos, Massaccesi y Sapag. Costanzo y De Bariazarra sí cobran.
A esto se suma que la comisión que hasta hace dos semanas administraba esos recursos determinó que sólo 30 de los 67 diputados y senadores que los pidieron tras la caducidad de sus cargos en diciembre de 2001 están habilitados para percibir una remuneración con el dinero acumulado, y confirmó la inapelable exclusión de algunos casos emblemáticos de la región que ya habían sido anticipados por "Río Negro" en una investigación publicada el 17 de abril último.
Se trata de los ex senadores Horacio Massaccesi (UCR-Río Negro), Felipe "Pipe" Sapag y Silvia Estela Sapag (MPN-Neuquén), los tres rebotados del sistema por contar con importantes bienes patrimoniales, participaciones en empresas y abultados recursos propios; una situación que no los detuvo de reclamar igualmente el beneficio en primera instancia.
"La selección de quiénes estaban habilitados y quiénes no, se realizó mediante la aplicación de los fundamentos básicos que rigen el sistema. Acá no hubo una selección a dedo: si Massaccesi y los Sapag quedaron inhabilitados fue porque se comprobó por todos los medios correspondientes que tenían recursos, participaciones en empresas u otros ingresos, lo que taxativamente les impedía ser beneficiarios", aseguró el diputado Ovidio Zúñiga (PJ-Río Negro), ex vicepresidente de la ahora disuelta Comisión Administradora de los Fondos de Compensación Resarcitoria que confeccionó el listado de beneficiarios.
Zúñiga estuvo acompañado en esta tarea por los senadores Luis Barrionuevo, Carlos Verna y Juan Carlos Passo; y por los diputados Jorge Matzkin (con licencia) y Aldo Neri. Y según enfatizó, al decretar las cámaras el fin del sistema, se "desactivó una bomba".
Entre los 30 habilitados quedaron el ex senador Remo Costanzo (PJ-Río Negro) y el ex diputado Roberto De Bariazarra (UCR-Río Negro) -ver aparte el listado completo-.
"Este es el principio del fin de un régimen que ya no podía sostenerse a los ojos de la opinión pública. No sabemos qué es lo que pueda pasar en adelante, ya que muchos reclamaran que tienen derechos adquiridos e intentarán hacer juicios", afirmó Zúñiga.
La situación actual, tal como el rionegrino la describe, es bastante compleja.
Como hasta ahora la comisión no se había expedido sobre la pertinencia de los beneficiarios, ninguna compensación había sido otorgada y se acumuló un fondo que hoy asciende a un total de 750.000 pesos -ya que los aportes compulsivos continuaron corriendo hasta el 30 de junio último-.
Por eso, hace apenas días, se constituyó una comisión bicameral liquidadora de esos recursos -integrada por tres diputados y tres senadores-, cuyo objetivo será decidir el destino que se le dará al dinero y poner así un fin definitivo a este exclusivo beneficio.
Entre los diputados que la componen se cuentan Jorge Pascual (UCR-Río Negro) y Teresa Savrón (MPN-Neuquén), quienes serán acompañados por Oraldo Britos (PJ-San Luis). Los senadores son Amanda Isidori (UCR-Río Negro), Luis Barrionuevo (PJ-Catamarca) y Oscar Lamberto (PJ-Santa Fe).
Según aseguraron los legisladores, el trabajo no será fácil, ya que los 750.000 pesos que tienen no alcanzarán para cubrir la totalidad de lo que establece el ahora derogado sistema.
"Esperemos que los legisladores acepten este pago por última vez y por menos del monto que les tocaría de acuerdo al régimen. Es que para darles la totalidad de lo que les correspondería serían necesarios 2.000.000 de pesos", explicó Pascual.
Lo que el rionegrino propondrá es distribuir en partes iguales y por última vez el dinero acumulado entre los 30 beneficiarios.
Del mismo modo opinó la senadora Isidori. "Es lo más justo y lo único que podemos hacer", afirmó.
La neuquina Savrón, por su parte, aseguró que buscará que esos fondos sean donados en su totalidad a la campaña contra el hambre que llevan adelante importantes referentes de la sociedad.
En cualquier caso, no se repetiría lo que se hizo en 1995, 1996, 1997, 1998 y 2000: retirar un total de 2.072.266 pesos de los fondos del presupuesto nacional para completar las partidas.
Lucas Colonna
lcolonna@rionegro.com.ar
Historia de una compensación
Las máximas autoridades parlamentarias -Eduardo Camaño y Juan Carlos Maqueda- decidieron anular el régimen haciendo lugar a las denuncias de la rionegrina Amanda Isidori (UCR) y de la neuquina Teresa Savrón (MPN) para finalizar con esta práctica; y también influyó la difusión que hizo este diario de las graves incompatibilidades para acceder al beneficio que presentaba una gran mayoría de los solicitantes.
Estas compensaciones, que se financiaban con el aporte del 5% de las dietas y en caso de necesidad con recursos del presupuesto del Congreso, les garantizaban a los miembros del legislativo percibir el 50% de su sueldo bruto por mes durante la mitad del tiempo que ocuparon sus bancas. Estuvo en vigor por disposiciones parlamentarias desde 1991, pero desde el 28 de agosto último quedó desterrado por dos decretos de resolución de las presidencias de las Cámaras.
A mediados de abril último, "Río Negro" había accedido en exclusiva a un informe elaborado por la Comisión Administradora de los fondos en el que se daba cuenta de las gravísimas irregularidades de los peticionantes.
Los casos de Horacio Massaccesi y de Pipe y Silvia Sapag resaltaban entre los 36 objetados. El ex gobernador de Río Negro había sido rechazado por poseer "acciones del 50% de La Costa SRL por un valor de 120.000 pesos".
Entre los argumentos esgrimidos en el caso de la ex senadora Silvia Sapag se destaca "un condominio con seis departamentos, cocheras y local de un valor de 384.283 pesos en Neuquén y un departamento en Capital Federal por 152.000 pesos". Y en el de su primo, Felipe "Pipe" Sapag, se consigna que posee "1.000 acciones ordinarias de Huitrín S.A. por el valor de 13.006,07 pesos".
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