Elecciones generales:veto y decreto
El radicalismo camina a profundizar sus diferencias internas sobre la dinámica que debe tener el proceso electoral: todo indica que Verani vetará la ley de elección interna abierta y simultánea que respalda el no veranismo. Y, por decreto, adelantaría las elecciones, autorización que no le dan sus adversarios internos.
El gobierno avanzaba anoche hacia el veto de la flamante ley que fija comicios internos abiertos y simultáneos, a lo que sumaría un decreto de necesidad y urgencia modificando la Ley Electoral vigente para adelantar así las elecciones generales en la provincia.
La intención es convocar para los primeros días de febrero del año próximo.
En los hechos esto implica profundizar las diferencias existentes sobre el tema en el propio radicalismo entre veranistas y no veranistas.
Estos últimos respaldan la ley que ahora será vetada y se resisten a autorizar al mandatario a adelantar los comicios para febrero.
Al no veranismo resiste el adelantamiento de los comicios debido a que aún no está, como fuerza, sólidamente instalado en la provincia como para dirimir con posibilidades la interna para elegir candidato radical a la gobernación.
Las internas abiertas y simultáneas también se incluirían pero con vigencia a partir de 2003.
Uno de los fundamentos del veto se vincularía a la imposibilidad de convocar a internas abiertas y simultáneas en esta oportunidad para no entorpecer el llamado de otros partidos políticos como el justicialismo que citó a internas para el 17 de noviembre.
Por otra parte el gobernador decidiría retirar el proyecto de Reforma Política elevado a consideración de la Legislatura y que aún no ha sido tratado.
El decreto de necesidad y urgencia complicaría aún más la situación política, sobre todo en el propio partido gobernante, y generaría presentaciones judiciales.
Un decreto de estas características tanto como una Ley debe ser analizado por la Legislatura pero entra en vigencia apenas es firmado por el gobernador y los ministros, lo que posibilitará los tiempos al gobierno para convocar a elecciones a principios de febrero del año próximo y así tomar la mayor distancia posible de las elecciones nacionales.
El artículo 181 de la Constitución provincial fija entre las atribuciones del gobernador "el dictado de decretos sobre materias de competencia legislativa en casos de necesidad y urgencia, o de amenaza grave e inminente al funcionamiento regular de los Poderes públicos, en acuerdo general de ministros, previa consulta al fiscal de Estado y al presidente de la Legislatura. Informa a la provincia mediante mensaje público. Debe remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, convocando simultáneamente a sesiones extraordinarias si estuviere en receso, bajo apercibimiento de perder su eficacia en forma automática. Trascurridos 90 días desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido aprobado o rechazado, el decreto de necesidad y urgencia queda convertido en ley".
Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales hoy analizará -por tercera vez- el proyecto de reforma política que remitió el gobernador Verani, que hoy viajará a Buenos Aires.
Esa iniciativa busca consensuar con otros proyectos de diferentes diputados, siempre estableciendo pautas para la conformación de partidos y alianzas, el acortamiento del plazo de las campañas, los financiamientos partidarios, el debate de la reducción del número de legisladores y, también, el adelantamiento de las elecciones para enero o febrero.
Difícilmente la comisión legislativa -que preside Fernando Chironi, no veranista- facilite hoy el dictamen favorable al proyecto de Verani.
Cabe señalar que los diputados veranistas están en minoría frente al no veranismo y el resto de la oposición.
Por su parte, el sector no veranista se reunió ayer en Viedma para definir los roles y funciones para la interna.
El encuentro congregó a Bautista Mendioroz, Chironi, Ricardo Sarandría, Jorge Pascual, Jorge Ocampos y, entre otros, Iván Lazzeri.
Esta agrupación impugnó en la Junta Electoral radical la convocatoria para el 1 de diciembre.
Se integraron mesas con representantes de los circuitos para organizar la estructura para la interna.
Del Bello contra el "arraigo" docente
El precandidato a gobernador por el PJ rionegrino Juan Carlos del Bello elabora por estos días un "dossier" con definiciones y respuestas sobre problemas provinciales.
En contacto con este diario, el fin de semana reconoció que la iniciativa se vertebra desde dos ángulos.Uno:propuestas concretas. Dos: reflexiones sobre decisiones que toma el gobierno provincial.
En consonancia con esto último, Del Bello cuestionó el decreto 839 que establece un adicional económico para los docentes egresados de los Institutos de Formación Docente de la provincia.
Del Bello entiende que "semejante decisión discrimina a los docentes formados en otras provincias y en la Universidad Nacional del Comahue, que en Cipolletti, forma en ciencias de la educación".
Sin embargo, estima Del Bello que la decisión "tampoco ayuda a la mejora continua de la calidad de los institutos provinciales".
- El decreto 839 promueve un falso provincialismo al valorizar inadecuadamente a un sector de los docentes. Porque en realidad, lo más sano sería que los incentivos económicos en favor de los docentes rionegrinos se basaran en criterios de mejora de la calidad de la educación que reciben los estudiantes, verificada por medio de la evaluación, autoevaluación y evaluación externa de los procesos y resultados educativos".
En consideración de Del Bello, para adoptar la medida la administración Verani se referenció en la decisión que, en igual sentido, tomó Neuquén.
-No se debe gobernar actuando por reacción...si se usa ese estilo, la decisión que se genera es de baja calidad. Este virtual decreto de "arraigo" genera limitaciones a la atracción de docentes de otras provincias y no incentiva la competencia por la calidad. En lugar de mirar dónde se formó el docente, deberíamos primar su nivel, sus calidades y sus atribuciones - dijo Del Bello.
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