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La Justicia allanó Economía y Citibank tras documentos de Bercún

El principal sospechado cobraba fondos de Hacienda y de los bancos por asesoramiento.

La policía federal, con instrucciones del juez, allanó el Citibank en busca de los contratos que podría haber firmado Bercún.

El juez Claudio Bonadío allanó ayer una dependencia del ministerio de Economía y la casa central del Citibank, en la causa donde investiga un presunto pedido de coimas de senadores a banqueros, en la que se involucra al asesor del Palacio de Hacienda, Carlos Bercún, a quien ayer le fue rescindido el contrato por el que percibiría alrededor de 230.000 pesos anuales.
Paralelamente el fiscal pidió el procesamiento de los ex ministros de economía Domingo Cavallo y Jorge Remes Lenicov por haberlo contratado. Frente a las denuncias de coimas que se desataron a partir de un artículo del periodista inglés Thomas Catán, aparecido en el Financial Times, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, decidió ayer rescindir el contrato que ataba a Bercún con esa cartera. Pero recién lo hizo ante la inminencia de los allanamientos en Economía.
El dato por demás llamativo es que Bercún no lucraba sólo con el Estado. Además, es consultor de la Asociación de Bancos de la Argentina. De allí a que sea señalado como uno de los principales sospechosos en el caso de los presuntos sobornos en la Cámara alta, ya que aparece mencionado como el intermediario entre senadores y banqueros para las negociaciones.
En el marco de la causa que investiga el juez federal Claudio Bonadío, fueron allanadas ayer las dependencias del ministerio de Economía y la casa central del Citibank, con apoyo de efectivos de la Policía Federal Argentina, para secuestrar documentación relacionada a contratos en los que pudiera aparecer la firma BC S.A. o de Bercún.
Fuentes del ministerio aclararon que "no fue un allanamiento, sino una orden de presentación" del juez Bonadío, donde "se solicitó el legajo personal y la totalidad de contratos que vinculan o vincularon a Carlos Bercún con el ministerio y a la empresa CB Asociados".
Según Economía, el juez "pidió los informes que Bercún proveía en forma personal y los que presentó a través de la empresa" mencionada.
En tanto, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, fue quien anunció la decisión de Lavagna de rescindir el contrato que esa cartera tenía con Bercún.
"Se trata de un viejo contrato que venía de gestiones anteriores", explicó Atanasof en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
Por este motivo, Cavallo y Remes Lenicov fueron denunciados ante la justicia debido a que ellos, cuando estuvieron a cargo del Ministerio de Economía, contrataron los servicios de Bercún.
La acción penal la presentó el fiscal Guillermo Marijuan ante la jueza federal María Servini de Cubría, donde reseñó que el 7 de setiembre de 2001 Cavallo habría aprobado la contratación de la consultora BC por 19 mil pesos mensuales y que, al vencer el convenio, y ya con Remes Lenicov como ministro, se produjo la renovación del pacto.
Bercún, también incluido en la denuncia por malversación de fondos, según el fiscal, "sería titular de la consultora CB S.A.", cuyos servicios fueron contratados por la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), entre otras entidades, pero también por el ministerio de Economía.
También, a lo largo de la jornada, representantes de bancos extranjeros fueron denunciados ante la justicia por el supuesto delito de propiciar sanciones contra el Estado argentino.
La acción penal, dirigida contra Manuel Sacerdote, Carlos Giovanelli y Emilio Cárdenas, de los bancos Boston, Citibank y HSBC, respectivamente, quedó a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. La denuncia la presentó el abogado Juan Iglesias, quien destacó que los tres directivos son de nacionalidad argentina y "han sido acusados por miembros de la Cámara Alta del Poder Legislativo" con relación a la publicación de un supuesto pedido de "coimas" por parte de senadores a banqueros.
Iglesias expuso que, según la nota del Financial Times, "representantes de bancos extranjeros, molestos por los proyectos sometidos a debate en la Cámara de Senadores, reclamaron a los embajadores de Estados Unidos y Gran Bretaña que demoraran el acuerdo que la Argentina negociaba con el FMI".
El abogado remarcó que la ley 14.034 prevé castigos "muy graves" con penas de hasta 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para quienes propicien sanciones políticas y económicas contra el Estado argentino.
(Télam y Redacción Central)

El escándalo "deprime" a Duhalde

Los senadores volvieron ayer a estrechar filas en contra de los banqueros a fin de neutralizar las dudas que pesan sobre algunos legisladores de haber pedido coimas para frenar un proyecto de ley.
Además, trascendió el profundo malestar que este tema genera en el presidente Eduardo Duhalde.
El flamante secretario general de la Presidencia, José Pampuro, reveló que las reiteradas denuncias de corrupción que salpican al Congreso sumen al jefe de Estado "casi en un estado de depresión" y de "impotencia".
Por su parte, el senador Jorge Yoma también intentó dejar a salvo la institución parlamentaria que integra y calificó el nuevo escándalo de las coimas como un "invento" de "algunos estados como los Estados Unidos e Inglaterra", del "sector financiero" y de algunos "bancos extranjeros". (DYN)

Promueven causa penal contra Cavallo y Remes por el contrato

La fiscalía promovió ayer una causa penal contra los ex ministros de Economía Cavallo y Remes Lenicov por los contratos que el Estado selló con el consultor Carlos Bercún, sindicado como "enlace" entre senadores nacionales y banqueros a los que se habrían reclamado coimas para impedir la sanción de una ley.
"Parece realmente increíble que en un país con millones de desocupados y con miles de personas en situación de extrema pobreza, el Ministerio de Economía destine la suma de 228 mil pesos por año para conseguir información parlamentaria que es pública y de inmediato acceso", escribió el fiscal Guillermo Marijuán, que denunció a Cavallo y a Remes Lenicov.
Añadió que "el Ministerio cuenta con departamentos de Asuntos Jurídicos y de Relaciones Institucionales, con funcionarios sobradamente capacitados para realizar esa gestión".
Si bien la acción del fiscal es una consecuencia directa de la investigación sobre las presuntas gestiones de senadores para sobornar a banqueros, la causa contra Cavallo y Remes tramitará por cuerda separada, en un sumario que quedó a cargo de la juez Servini de Cubría. En el marco del proceso por los supuestos sobornos, el juez Bonadío allanó ayer la Secretaría Legal del Ministerio de Economía y secuestró dos contratos que el Estado firmó con la consultora CB y Asociados S.A. de Carlos Bercún.
Además, un apoderado del Citibank se presentó ante el juez y reconoció que el banco abona 27 mil pesos por mes a Bercún para que provea a la entidad de información detallada y actualizada sobre los proyectos de ley que ingresan al Senado y su posterior tratamiento, especialmente de las iniciativas que tienen incidencia en el funcionamiento del sistema financiero y bancario.
La información fue suministrada por fuentes judiciales que aseguraron que los investigadores están "sorprendidos por la cantidad de dinero que recibe mensualmente Bercún de distintos organismos públicos y privados, para realizar un seguimiento de todo lo que ocurre en el Senado de la Nación".
Aunque aún ni fue imputado en el proceso por las supuestas coimas, Bercún ya confió su defensa al abogado Zenón Ceballos, quien representó a Emir Yoma en la causa por la venta ilegal de armas y asesora al ex presidente Fernando de la Rúa, imputado por los crímenes registrados en el centro porteño el 20 de diciembre pasado. En medio de la conmoción que generó la confirmación de las operaciones que Economía cerró con Bercún por 228 mil pesos al año, el actual jefe de la cartera, Roberto Lavagna, anunció ayer que fueron rescindidos los contratos con la consultora CB, que encabeza el lobbista. (DYN)

Temen por el periodista

El abogado Hugo Wortman Jofré dijo ayer que aconsejará al periodista británico Thomas Catan que pida asilo ante la Embajada de su país si se presentan imputaciones en su contra o es víctima de intimidaciones.
El abogado, que representa a Catan en la causa por la presunta exigencia de coimas a banqueros por parte de senadores nacionales, dijo haber recibido información sobre una denuncia que prepararía el senador radical Carlos Maestro para acusar al periodista por los delitos de calumnias e injurias.
Y explicó que "si hubiera imputaciones de delitos más graves como traición a la Patria, extorsión, o coacción, amenazas... bueno, en ese caso nosotros le recomendaríamos a Thomas que no siga corriendo riesgos aquí ante la justicia argentina y en su caso pidiera asilo o refugio ante la embajada de su país".
Catan, corresponsal en Argentina del diario británico "Financial Times", es autor de un artículo que en agosto pasado develó presuntas gestiones de senadores para obtener dinero ilegal por parte de banqueros supuestamente interesados en impedir la sanción de una ley.
En base a esa información corroborada por Catan cuando declaró como testigo, el juez Bonadío abrió una causa penal por presunto cohecho.
Aunque el corresponsal es testigo en el caso y no afronta ninguna imputación, en las últimas horas surgieron versiones sobre una denuncia que radicarían senadores radicales contra Catan.
(DYN)