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Domingo 13 de octubre de 2002 | |
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Cortar por lo sano |
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Héctor Mauriño
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| Acaso
la imagen que sugiere el dicho "cortar por lo sano" sea la adecuada para
describir la bajada de pulgar que el gobierno provincial parece haberle
aplicado al intendente de Centenario, Luis Castillo, luego de que el escándalo
de la "banda de los subsidios" le estallara en las manos. Pero como es
bastante evidente, a pesar del grave riesgo que conlleva tirar un socio
por la ventana -nadie se deja cortar voluntariamente un dedo si no está
por perder la mano-, no existe ninguna garantía de que se vaya a frenar
la infección. Todas las señales enviadas esta semana por el gobierno, desde Jorge Sobisch para abajo, dan cuenta de la decisión oficial de practicar un corte sanitario, abandonando a su suerte, al menos ante la opinión pública, a Castillo y la troupe acusada por la Fiscalía del "saqueo de los fondos públicos". Pero la duda que ahora se plantea es precisamente si el gobierno y el MPN, salpicados como están por este enorme fraude, lograrán aislar la gangrena o el corte tendrá que ir más arriba, tal vez segando la mano o, quien sabe, el brazo entero. Cualquiera puede advertir que la estructura política que gobierna de larga data Centenario tiene sus particularidades dentro del esquema del MPN. Después de todo, allí se entrecruzaron en más de una oportunidad el poder político y la corrupción, como ocurrió con los chanchos de Adrián Fernández y con el ATN que los tuvo de protagonistas a este último y a Castillo. No sólo. También se hizo presente allí el crimen vinculado con la política: conviene no olvidar que por esos pagos un ex intendente que supo abrevar en las dos corrientes del partido provincial fue muerto a balazos. Sin embargo, y a pesar de sus especificidades, Centenario no es la excepción en el manejo discrecional de los pobres en provecho del aparato político que caracteriza al MPN, sino una suerte de paradigma. El juez todavía no ha decidido ir más arriba en la infección, pero además de retratar a la banda de punteros verdugos de los desocupados, que acaudilla Héctor "Zapallito" Molina, la prolija investigación de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública ha implicado al delegado del Ministerio de Desarrollo Social en Centenario y salpicó al propio ministro del área, Jorge Lara. Es elocuente la conversación de Molina con Alejandro Romeo, el delegado del ministerio, para pedirle que Lara lo cubriera: "Hablá con el ministro para que vea cómo me acomoda, ¿viste?" No es secreto para nadie que la política electoral del gobierno se vertebra precisamente desde Desarrollo Social y que entre los muchos pliegues de esa estructura se insertan los delegados que, en cada municipio, manejan la red de asistencia social que sirve también para mantener atrapados a los más necesitados. El gobierno cuenta con 100 millones de pesos para ayuda social, y desde el ministerio que conduce el señor Lara se maneja un amplio espectro asistencial, que incluye 20.000 subsidios para desocupados y 35.000 cajas de alimentos mensuales. No es casual que el Ejecutivo no quiera informar sobre el eje de su política clientelar a la Legislatura. Como todo el mundo sabe o sospecha y ahora ha quedado demostrado, el control de este formidable aparato permite manejar a voluntad a los más desprotegidos. Es un sistema compulsivo y que no desdeña el recurso del miedo. Después de todo, quienes viven en una economía de subsistencia administrada con cuentagotas están irremediablemente en manos de aquellos que abren el grifo. Poco importa si el verdugo que pone la cara para pedir que corten la ruta, "aprieten" a algún remiso o vayan sin chistar al Megaencuentro de Sobisch es Molina o cualquier otro puntero: detrás de esta realidad están la organización y los recursos del Estado puestos al servicio de un grupo político decidido a perpetuarse en el poder. Por eso, las respuestas de circunstancia del gobernador del estilo obvio que practican los políticos de hoy, como vamos a "dejar que actúe la Justicia", etcétera, más allá de evidenciar el deseo de despegarse del incendio, no dejan tranquilo a nadie y tampoco al propio Sobisch. Castillo debe estar arrepentido de su módica cuota de ingenuidad. Estaba tan seguro cuando le lanzó a Romeo por teléfono aquello de "Si se complica no hay drama. Para uno del MPN, ¿cuándo hay complicaciones?" En un sistema que anda orillando la "asociación ilícita", como definió el fiscal Pedro Telleriarte en su requerimiento, cualquiera puede terminar como fusible y esta vez, parece, le ha tocado al intendente Castillo. En el otro extremo de este frenesí por borrar las huellas digitales está la Justicia. Pocas veces como en esta oportunidad, el fuerte sentimiento de impunidad de los protagonistas ha facilitado la obtención de pruebas tan contundentes sobre el manejo delictivo enquistado en esferas del gobierno municipal y provincial. Es menester que se llegue hasta las últimas consecuencias. También la credibilidad de la Justicia neuquina está en juego. No sería cuestión de que un sistema degradado y cínico, que parece hacer del mantenimiento de la pobreza su principal "leit motiv", encuentre un chivo expiatorio en aquellos a quienes ayuda a corromper para hacer su negocio. Desafortunadamente, no cabe el optimismo respecto del futuro del país mientras no se desmonten los mecanismos mafiosos que se han adueñado de la política y del aparato del Estado. Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.arsdfsdf |
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