Miércoles 9 de octubre de 2002
		El disenso de Washington
		Por Mario Teijeiro (*)
		El debate de cómo manejar las crisis financieras internacionales ha llevado a un enfrentamiento importante entre los financistas internacionales y el Tesoro americano. Mientras O’Neill empuja por la aprobación de un sistema legal “supranacional” que permita manejar la “convocatoria de acreedores” de países en situación de insolvencia, los banqueros y financistas se oponen firmemente a una iniciativa de esa naturaleza. Estando la Argentina en default (con una deuda impagable en las condiciones originalmente pactadas), la forma en que se resuelva esta discusión nos puede afectar decisivamente. Las posiciones antagónicas tienen un fuerte sustrato ideológico. El Tesoro americano cree que crisis como la argentina se explican por la concurrencia de países con líderes irresponsables y prestamistas internacionales imprudentes. La irresponsabilidad y la imprudencia han llevado a colapsos económicos de profundas consecuencias sociales. Más importante aún, el Tesoro americano piensa que de estas situaciones de sobreendeudamiento no se sale sin quitas importantes, que alivien el sistema productivo de una carga de intereses que a través de mayores impuestos impidan el crecimiento económico o sean una carga muy pesada para una población empobrecida. Un sistema de “convocatoria de acreedores” para países insolventes tendría el objetivo de facilitar la reprogramación de la deuda y normalizar los flujos financieros lo más rápido posible para reiniciar el crecimiento. Pero la adopción simultánea de una estrategia económica sustentable por parte de los países emergentes, sería también un elemento crucial para lograrlo. Sería inútil reincidir en estrategias basadas en endeudamientos irresponsables. La posición de los financistas internacionales es contraria al establecimiento de un mecanismo formal de “convocatoria de acreedores”. El principal argumento es que estandarizar ese mecanismo hará más fácil a los países incumplir con sus obligaciones. Si esto es así, el riesgo de prestarles a países emergentes aumentará. Los flujos financieros hacia esos países disminuirán y serán más caros. Por eso proponen continuar con un tratamiento “caso por caso” de los países en situaciones financieras críticas, que les permita retener a los acreedores privados una posición de fortaleza en el proceso de negociación. Para facilitar ese proceso están de acuerdo en modificar los actuales contratos de emisión de bonos, que hasta ahora requieren unanimidad de acreedores para aprobar cualquier reestructuración. Los nuevos contratos estandarizados especificarían en cambio que una mayoría de acreedores (por ejemplo el 75%) podría renegociar la deuda con los países y esos términos serían de aceptación obligatoria para el resto de los acreedores. Hoy esto no es posible y cobijándose en la regla de la unanimidad, los “fondos buitres” exigen cobrar sin quitas para dar aprobación a cualquier reestructuración. Pero el argumento de que los flujos financieros disminuirán parece no hacer mella en la posición de O’Neill. Su visión es la de un empresario multinacional (como ex Chairman de Alcoa, con inversiones en 36 países), que ve los beneficios para los países emergentes de las inversiones directas que generan exportaciones y dan empleo genuino y los peligros de inversiones financieras volátiles que financian gasto público o préstamos para consumo. Cuestiona incluso el hecho de que el mundo desarrollado “ayude” a los países emergentes con préstamos onerosos para financiar proyectos sociales, como los de infraestructura sanitaria y de educación. Su posición es que para estos fines el mundo desarrollado debería aumentar las donaciones en lugar de prestar a través de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el BID. Su receta para apoyar el desarrollo del mundo emergente se basa en inversiones privadas directas incentivadas por una liberación comercial profunda, en países con seguridad jurídica, respeto por los derechos de propiedad y líderes políticos honestos. Se basa también en mayores donaciones de los países desarrollados para proyectos específicos en materia sanitaria y educación básica y en un rol mucho menor para el FMI (como prestamista de última instancia) y del Banco Mundial (como prestamista para proyectos sociales). Esta visión está en las antípodas de la de George Soros, quien identifica la globalización con la globalización financiera y reclama que el Fondo y el Banco Mundial tengan un rol creciente dando garantías a los movimientos financieros. El debate y nuestros intereses La puja no está cerrada. Ante la falta de consenso sobre el proyecto de “convocatoria de acreedores”, el mandato que se le ha dado al FMI en las recientes reuniones es perfeccionar la propuesta para la próxima reunión en abril del 2003. Tampoco está claro cómo los distintos enfoques nos ayudarán para normalizar nuestra situación financiera. El enfoque de los banqueros, basado en nuevos contratos estandarizados para los bonos, facilitará la reestructuración pero sólo para emisiones de deuda que se hagan de aquí en adelante. Cualquier reestructuración de la deuda argentina preexistente continuará rigiéndose por la regla de la unanimidad. Este es un obstáculo enorme, más importante cuanto mayor sea la quita necesaria para equilibrar la situación fiscal, pues con quitas importantes aumentará el porcentaje de inversores y fondos “buitres” que reclamarán que se les pague el 100% para otorgar su acuerdo. La sanción de un régimen de convocatoria para países aparentemente facilitaría la resolución de la deuda argentina. Dado que se trata de un régimen legal supranacional, tendría preeminencia sobre los tribunales de países acreedores. Por otro lado, tal como en cualquier régimen de convocatoria, las decisiones del árbitro serían de aceptación obligatoria para todas las partes. El problema es que una institución de esta naturaleza requiere primero ser consensuada y luego ser convalidada por tratados internacionales. El rediseño de la arquitectura financiera internacional llevará entonces tiempo y no está claro cómo la forma que en definitiva tome facilitará la renegociación de la deuda argentina. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que estar preparados entonces para una normalización que puede durar muchos años. ¿Significa esto que perderemos una nueva década, como en los 80? Es posible y quizás más que una década, pero no es necesariamente así. Todo depende de las políticas que implementemos mientras tanto. La oportunidad de volver a crecer a pesar del default y de la destrucción del sistema financiero hay que buscarla en un cambio fundamental de nuestra estrategia económica. Hay que abandonar la idea de que el crecimiento retornará sólo con el endeudamiento financiero, primero porque la normalización de la deuda y la restauración de la confianza en el sistema financiero pueden estar a muchos años de distancia, pero fundamentalmente porque el crecimiento basado en el endeudamiento es insostenible. También hay que abandonar la idea populista de que el crecimiento retornará recreando el mercado interno, aumentando el gasto público y cerrando la economía. Ese modelo nacionalista y autárquico no sirve para un país con mercados pequeños como el nuestro y con un capital que no puede ser obligado a quedarse, sino que tiene que ser seducido. La oportunidad de volver a crecer tiene como condición necesaria adoptar una estrategia de apertura unilateral al comercio internacional, que incentive la inversión directa en proyectos fundamentalmente asociados a la exportación. Chile a partir del ’84 y México a partir del ’95 son claros ejemplos de cómo una decidida inserción en el comercio internacional ayuda a superar rápidamente las crisis de deuda. Pero también se requiere un replanteo total del rol del sector público en la economía, reduciendo su peso para permitir una baja de impuestos que aumente la competitividad y fomente la inversión privada. Lejos de visualizar la oportunidad de una inserción acertada en la globalización, el péndulo político parece moverse en la Argentina y en Latinoamérica hacia la confrontación con los países desarrollados y la vuelta a las ideas proteccionistas y distribucionistas. Si esta tendencia se confirma, tendremos que esperar varios años para recrear la confianza en un país con futuro. (*) Presidente del Centro de Estudios Públicos
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