Sábado 19 de octubre de 2002
 

El acuerdo más anhelado

 
  Desde que inició su gestión, el gobierno del presidente Eduardo Duhalde ha dejado saber que su estrategia económica se limitaba a alcanzar un acuerdo con el FMI que, se suponía, se traduciría en la llegada de "dólares frescos" en cantidades suficientes como para ahorrarle la necesidad de impulsar reformas políticamente difíciles. Aunque por motivos comprensibles el FMI se negó a complacerlo, optando por mantenerse en sus trece hasta que se produjera evidencia concreta de que se proponía intentar llevar a cabo por lo menos algunas reformas, parecería que después de más de nueve meses de negociaciones estériles puede estar por poner fin a la larga espera, mientras que diversos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el subsecretario del Tesoro John Taylor, han estado hablando en términos que podrían considerarse elogiosos del estado actual de nuestra economía que, según el director del Hemisferio Occidental del FMI, Anoop Singh, se encuentra "en un capítulo de mayor estabilidad". Singh tiene razón, si bien la situación a la que aludió podría modificarse si se aumentan las tarifas de los servicios públicos, pero aun así los más concuerdan en que el país ya ha caído tanto que por fin ha tocado fondo, de ahí "la estabilidad" a la que se refirió. Sin embargo, pocos prevén que la economía crecerá a partir del piso humilde actual -según los organismos internacionales, el año que viene podría registrarse una tasa del uno por ciento-, a menos que el gobierno tome las medidas que serán necesarias para restaurar la confianza de los inversores, ahorristas, empresarios y consumidores.
Es probable que el cambio de actitud del FMI y del gobierno estadounidense se haya debido menos a las medidas tomadas por Roberto Lavagna que a la conciencia de que ya no servía para mucho tratar el caso argentino como si fuera consecuencia de nada más que la crasa irresponsabilidad de una clase política sui géneris. Conforme a esta teoría, no habría ningún peligro de "contagio" porque los políticos de los demás países no eran como los argentinos, pero la evolución reciente de la economía brasileña ha obligado a quienes pensaban así a modificar su punto de vista. Si bien los representantes del Fondo y de la administración del presidente George W. Bush no han querido confesar que su diagnóstico fue incompleto porque aun cuando la Argentina hubiera contado con políticos muy superiores a los existentes estaría en graves problemas debido al repliegue generalizado de capitales, no cabe duda de que se han vuelto menos agresivos que antes a pesar de que el panorama político local no haya variado mucho.
Pues bien: el que la "comunidad internacional", debidamente impresionada por los escándalos empresarios estadounidenses, la caída estrepitosa de las bolsas principales, las perspectivas nada buenas frente a países tan respetables como Alemania y el Japón, además, claro está, de la crisis financiera que se ha declarado en el Brasil, haya decidido que sería poco realista actuar como si creyera que nuestra clase política fue el artífice exclusivo del colapso de la economía nacional, esto no quiere decir que haya sido totalmente inocente. Al acostumbrarse los mandatarios provinciales a depender de fondos "de la Nación", institucionalizando así un esquema clientelar que abarcaba al país en su conjunto, los dirigentes políticos se las ingeniaron para crear un sistema estructuralmente inviable que premiaría la irresponsabilidad. Aunque el FMI quisiera colaborar con el gobierno, en adelante su aporte no podrá consistir, como ha sido el caso durante tantos años, en nada más que préstamos destinados a permitir que el país pague algunas deudas pendientes a cambio de compromisos insinceros. Al dejarse engañar por sus interlocutores radicales, peronistas y aliancistas hasta que, para desconcierto del gobierno de Fernando de la Rúa, finalmente optó por la ruptura, el FMI contribuyó a prolongar la vida de un "modelo" premoderno que de otro modo pudiera haber evolucionado en uno un tanto más dinámico, realidad ésta que ya aceptan hasta los adversarios del organismo que, luego de haberlo criticado durante años por exigir demasiados "ajustes", últimamente han estado atacándolo por su flexibilidad excesiva frente a los gobiernos de Carlos Menem y de De la Rúa.
     
     
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