Lunes 14 de octubre de 2002
		El peso del pasado
		Si bien las fuerzas armadas actuales son muy distintas de aquellas que, una generación atrás, se creían con derecho a tratar al resto del país como si fuera nada más que un apéndice, la reputación que supieron granjearse en los tiempos de la "guerra sucia" sigue impidiéndoles cumplir un papel más activo en la vida nacional. Luego de haber sido durante buena parte de su historia un país semimilitarizado, la Argentina se ha transformado en uno que es decididamente civilista en el que cualquier sugerencia de que los militares pudieran contribuir a paliar las consecuencias del colapso económico dará pie enseguida a protestas furibundas. Este ha sido el destino de la propuesta del gobernador bonaerense, Felipe Solá, de que los jóvenes pobres de su jurisdicción aprendan oficios en instalaciones del Ejército. Aunque de por sí el esquema que algunos han bautizado "colimba educativa" tiene muchos méritos porque, al fin y al cabo, sería mejor para los jóvenes mismos y para la sociedad que una proporción de los muchos que no estudian ni trabajan encontrara la posibilidad de mejorar su situación personal en un contexto organizado, el mero hecho de que pudiera calificarse de una forma de militarización ha sido más que suficiente como para reducir drásticamente la posibilidad de que sea instrumentada, lo que no sería el caso en la mayoría de los países desarrollados si se encontrara en una crisis comparable con la nuestra. Por supuesto que sería mucho mejor que los jóvenes aludidos pudieran estudiar en colegios estatales en los que aprenderían a ser buenos ciudadanos, pero sucede que tal y como está el país se trata de una opción utópica sin relación alguna con la realidad. Sin embargo, con el principismo un tanto fatuo que siempre ha sido una de sus características, muchos especialistas han "denunciado" la propuesta de Solá como si la escolarización universal inmediata fuera una alternativa auténtica, no una aspiración a largo plazo. En vista de la historia del país, los prejuicios antimilitares de amplios sectores son perfectamente comprensibles, pero significan que al país le es muy difícil aprovechar lo que en una emergencia podría constituir un recurso clave: organizaciones grandes, disciplinadas y dueñas de sistemas eficaces de comunicaciones que están en condiciones de prestar muchos servicios valiosos, tanto en zonas remotas de escaso interés económico como en lugares, entre ellos el conurbano bonaerense, que se han visto devastados por una crisis económica que está provocando estragos sociales irremediables. Aunque andando el tiempo el antimilitarismo ha comenzado a debilitarse, muchos grupos politizados están resueltos a asegurar que continúe siendo un factor muy importante en la vida del país, ya porque les conviene mantener vigente la vieja antinomia militar-civil, ya porque sospechan que el empleo apolítico de las fuerzas armadas en tareas no relacionadas directamente con la defensa contra un eventual enemigo externo podría privarlos de clientelas en potencia. Huelga decir que la reputación de las fuerzas armadas se ha visto afectada por la muerte del cadete Segundo Cazanave horas después de ser dado de baja de una escuela de suboficiales del ejército. Aunque el general Ricardo Brinzoni ha podido informar que según una autopsia el fallecimiento del joven fue consecuencia de un edema pulmonar y que no hubo evidencia de que le hubieran provocado golpes imputables a malos tratos, con la versión de los familiares de Cazanave, conforme a la cual fue víctima de "la aplicación sistemática de la tortura" y de "vejámenes" indecibles a manos de compañeros sádicos que lo habían hecho perder 20 kilos -según el jefe del ejército, "ingresó con 64 kilos y cuando egresó pesaba 64 kilos"-, la mayoría ya se ha convencido de estar ante otro caso comparable con aquél de Omar Carrasco en Zapala en 1994 que brindó al entonces presidente Carlos Menem un pretexto para suprimir el servicio militar obligatorio. Aquella medida fue muy popular pero, en vista del aumento vertiginoso de la desocupación desde mediados de los años noventa, puede que su incidencia en la evolución de la sociedad argentina haya sido mayormente negativa al significar el abandono por parte del Estado de una función que no sería remplazada por la educación o por el trabajo sino por un vacío total.
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