Sábado 12 de octubre de 2002
		Conflicto costosísimo
		Si bien la idoneidad de los distintos integrantes de la Corte Suprema de Justicia que fue formada por el entonces presidente Carlos Menem a comienzos de su gestión siempre ha sido un tema discutible, no cabe duda alguna de que los esfuerzos de un conjunto heterogéneo de políticos por barrer con los nueve ministros han tenido consecuencias gravísimas para el país, razón por la que la decisión de la Cámara de Diputados de poner fin al proceso rechazando el dictamen de la Comisión de Juicio Político habrá motivado mucho alivio incluso en sectores que entienden muy bien que la Corte actual deja mucho que desear. De haberse limitado los adversarios de la Corte Suprema a pedir el juicio a miembros determinados por cargos puntuales sin connotaciones políticas manifiestas, es posible que algunas causas hubieran prosperado, pero el que los más comprometidos con el asunto hayan querido reemplazarla por completo, sustituyendo a los nueve jueces actuales por otros que, es de suponer, les parecerían políticamente más afines, significó que el país se viera obligado a asistir a una prolongada lucha ocasionada por lo que en el fondo era una maniobra emprendida por motivos proselitistas. Asimismo, parecería que la mentalidad de la mayoría de los resueltos a enjuiciar a la Corte no difería en absoluto de aquella de los menemistas: lo mismo que ellos, pensaban que la Justicia debería estar en manos de quienes compartan sus propios puntos de vista, no de personas presuntamente vinculadas con corrientes ya minoritarias. Por cierto, era razonable suponer que la actitud de los protagonistas más activos de la ofensiva contra la Corte ha tenido más que ver con sus cálculos políticos que con los principios éticos y jurídicos a los que aludían. La embestida fue organizada por la diputada Elisa Carrió cuando según las encuestas era el personaje político más popular del país, lo que le garantizó el respaldo de quienes aspiraban a aprovechar su "carisma", pero al multiplicarse las señales de que sólo se había tratado de otra estrella fugaz, se redujo el entusiasmo por la causa del presidente Eduardo Duhalde y de otros dirigentes que se sentían legítimamente preocupados por los perjuicios que provocaba un conflicto de poderes en la que los partícipes de ambos bandos no se dejaban cohibir por los efectos concretos de sus golpes y contragolpes, lo que aseguraba que tarde o temprano el grueso de los parlamentarios optaría por cerrarla. Sin embargo, la causa podría reabrirse si en las próximas elecciones presidenciales triunfa el puntano Adolfo Rodríguez Saá, aunque pocos creerían que en tal caso su conducta se debería a su respeto por la independencia del Poder Judicial, principio éste que nunca ha figurado en un lugar destacado en su lista de prioridades. Ya que como gobernador de San Luis "el Adolfo" se hizo nacionalmente notorio por su voluntad de presionar a la Justicia local para que lo acompañara sin chistar, no extraña en absoluto que se haya propuesto reanudar en cuanto pueda la campaña contra la "Corte menemista" que fue iniciada por Carrió, de ahí su afirmación de que fue "lamentable" el voto de Diputados que atribuyó al "pacto de Olivos" peronista-radical. Así las cosas, no es inconcebible que el año que viene el país se vea agitado una vez más por una suerte de guerra entre políticos ambiciosos por un lado y los ministros de una Corte Suprema de reputación nada envidiable por el otro. En tal caso, cualquier desenlace sería malo: si la Corte es reemplazada por otra hecha a la medida del régimen político que surja de las elecciones, se habrá confirmado que en nuestro país la Justicia suele verse subordinada a los políticos dominantes de turno; si la Corte logra resistir los ataques, seguirá sospechándose que los fallos que molesten al gobierno se han inspirado menos en el rigor jurídico que en el deseo de conseguir alguno que otro beneficio. Sería mejor, pues, que los políticos se abstuvieran de soñar con cambiar todo de golpe, conformándose con pedir el juicio a aquellos ministros de la Corte cuyas presuntas ofensivas no se presten a interpretaciones partidarias o ideológicas, aunque a juzgar por la evolución del episodio que acaba de cerrarse, son pocos los legisladores que sean capaces de entender la necesidad de respetar las distinciones así planteadas.
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