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Domingo 29 de setiembre de 2002 | |
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Límites y alcances de la cámara oculta |
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Jueces y periodistas debatieron acerca de esta herramienta de investigación cada vez más usada |
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| BUENOS AIRES (ABA).- ¿Es una cámara oculta violatoria de la vida privada? ¿Avasalla esta modalidad periodística el Derecho de Imagen de las personas? ¿Tiene este tipo de grabaciones validez para la Justicia? Los interrogantes, de inmensa relevancia en la Argentina actual, fueron abordados por un destacado grupo de juristas y periodistas en la última Conferencia Judicial sobre Libertad de Prensa organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el Marriot Plaza Hotel de Buenos Aires. Y, a pesar de que las posiciones al respecto fueron divergentes, los especialistas de ambas disciplinas confluyeron en una definición: sólo utilizado con profesionalismo y reflexionando sobre los valores éticos en juego, este recurso de importante peso en los formatos periodísticos actuales contribuye a mejorar la participación ciudadana en los procesos democráticos sin vulnerar, al mismo tiempo, los derechos individuales. Así lo entendió el panel integrado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Gustavo Bossert, el juez de la Corte Federal de los Estados Unidos, Peter Messitte y el ex coordinador del ciclo Telenoche Investiga y conocido periodista de Canal 13, Sergio Elguezábal; todos ellos coordinados por la co-directora de "Río Negro", Nélida Rajneri. "A través de las investigaciones con la cámara oculta en la Argentina, la sociedad ha tenido la posibilidad de ver en sus narices la corrupción y los actos inmorales que caracterizan nuestra democracia imperfecta e insuficiente. Y la Justicia ha tomado todos esos trabajos para investigar y condenar", afirmó al comienzo de su disertación Elguezábal. El periodista destacó que en Telenoche Investiga se respeta la intimidad de las personas como premisa fundamental. "Pero también decimos que ningún funcionario público que more en cualquier despacho del país tiene derecho a la intimidad de una extorsión", dijo. Elguezábal resaltó el valor de los materiales resultantes de esta metodología. "Obtener una prueba contundente fortalece la posición del periodista frente a su nota. Ya no será la palabra de uno contra otro: el periodista seguirá siendo testigo de los hechos, pero contará con una prueba para que la opinión pública considere la veracidad de sus dichos", sostuvo. Sin embargo, destacó que la utilización de la Cámara Oculta no se justifica en todos los casos y requiere de determinados criterios a tener en cuenta. Según explicó, corresponde su uso cuando la información obtenida es de gran importancia y de interés público, "como el descubrimiento de una gran falla en el sistema o la pretensión de ocasionar graves daños a las personas". Es necesario, sostuvo, "completar un trabajo de campo previo y hacer un profundo análisis ético y jurídico de lo que se filmará". Y destacó que el recurso no se justifica para "obtener la información con menos gasto de tiempo y dinero", ni tampoco para utilizarlo en "cuestiones menores, invadiendo la privacidad de las personas", con lo que marcó una diferencia tajante con los programas de infoentretenimiento. Por su parte, Bossert trazó un panorama del Derecho a la vida privada en la doctrina judicial actual. Resaltó el artículo 19 de la Constitución, que establece la llamada zona de reserva, un vallado las intrusiones indebidas sobre los actos privados de las personas que no afecten intereses de terceros. También trajo a colación el artículo 1071 bis del Código Civil, que dispone que nadie se puede entrometer arbitrariamente en la privacidad de las personas y que da herramientas para cesar la intrusión y para reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Con respecto a la cámara oculta, aseguró que quienes se oponen desde el análisis doctrinario a que se invoquen los materiales resultantes de su uso para los procesos judiciales se basan en los artículos 18 (Derecho a no autoincriminarse) y 19 de la Carta Magna, a lo que agregan el Derecho del individuo a que no se viole su domicilio. Sin embargo, sostuvo que es necesario estudiar caso por caso, ya que existen muchos argumentos que permiten rebatir esas posiciones y darle así valor jurídico a la cámara oculta. "Existen fallos que dan una respuesta positiva. En lo que refiere al Derecho a la Privacidad, el artículo 19 prohíbe la difusión de los actos privados que no afecten a terceros, y no se puede negar que la cámara oculta cumple con los requisitos. Con respecto al derecho a no autoincriminarse, es posible afirmar que nadie obligó al sujeto que delinquió a decir lo que dice en la cámara; y finalmente, no se puede decir que en las cámaras ocultas se produzca una violación de domicilio cuando el periodista ingresa allí por propia voluntad el entrevistado", explicó Bossert. Por su parte, el jurista Messitte afirmó que en los Estados Unidos no hay una ley individual que proteja el derecho a la privacidad, sino que éste se encuentra "en la penumbra de una multiplicidad de enmiendas" y que cada estado lo aplica de acuerdo a sus criterios legales. A pesar de esto, dijo que en su país las reglas de juego para la prensa son claras en términos generales: los periodistas no pueden cometer delitos para acceder a la información. "No pueden, por ejemplo, escuchar una conversación telefónica privada entre dos personas sin su consentimiento previo o consignar una información obtenida espiando por la ventana de un domicilio privado. Tampoco están habilitados para falsificar su identidad para obtener la información, aunque distinto es cuando la situación transcurre en un espacio público", aseveró. |
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