Sábado 28 de setiembre de 2002
 

Arbos: el juez se declaró incompetente

 

García Berro entendió que se trata de una estafa al Estado Nacional. La fiscal debe definir si apela.

  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez penal Juan Manuel García Berro se declaró incompetente para investigar las acusaciones abiertas contra los ex-directivos del policlínico Arbos, sospechados de desviar subsidios por dos millones de pesos otorgado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
El magistrado entendió que el hecho que se investiga excede el ámbito de la justicia provincial porque es "una estafa al estado nacional", ya que se detectaron maniobras irregulares para engrosar el patrimonio del policlínico que afectaron en forma directa a las arcas nacionales.
Las acciones penales fueron promovidas por la fiscal Mirta Siedlecky en respuesta al pedido de investigación penal formulado en julio pasado por Emilio Riat, el juez civil que entiende en la quiebra del Arbos.
La acusación alcanza al sindicalista y diputado nacional Ovidio Zúñiga, el titular de la UOCRA Víctor Carcar y el legislador y secretario general de Comercio, Wálter Cortés. Los delitos investigados giraban en torno al desvío o malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y la posible defraudación a los acreedores del Arbos.
En los próximos días la fiscal deberá definir si apela la resolución del juez o si consiente la decisión y da paso del expediente al juzgado federal que conduce Leónidas Moldes, donde se sustancia otra causa de similar tenor bajo un cerrado hermetismo.
El presunto fraude cometido por los ex-directivos del Arbos se destapó el pasado 8 de julio a raíz de la investigación periodística puesta en el aire por el programa "Zona de Investigación", que se emitía por Canal 9 y cuyo ciclo concluyó tras el cambio de autoridades de esa emisora de TV abierta.
En el informe periodístico se acusó a los tres gremialistas de no haber rendido en la convocatoria de acreedores los casi dos millones de pesos recibidos de la SSS para el "fortalecimiento institucional" y "la ampliación e incorporación de tecnología".
Los periodistas documentaron que el grueso del dinero fue depositado por la Superintendencia de Salud en la cuenta corriente 0122537/6 y en una cuenta de ahorro, ambas del banco Ciudad, y que fue retirado en efectivo por Zúñiga, Cortés y Carcar.
La denuncia periodística se condice con el informe de la síndico Ana Bessone quien certificó que los entonces directivos del policlínico no denunciaron en la quiebra los dos millones de pesos otorgados por la dependencia nacional en 1999.
La síndico tomó conocimiento de la existencia del subsidio a través de una denuncia formulada por la Asociación Bancaria que integró uno de los primeros directorios del policlínico.
Las explicaciones y justificaciones brindadas por los sindicalistas con posterioridad a la denuncia pública tendieron a confirmar la aplicación discrecional de los fondos para "salvar el Arbos que estaba en el fondo del abismo".
El 17 de julio, en un comunicado oficial de prensa, el gremialista Wálter Cortés reconoció que parte de los fondos se usaron para cerrar el concordato de acreedores y "así se logró la aprobación de un acuerdo que reducía las acreencias al 40 por ciento de los montos originales".
   
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