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Domingo 15 de setiembre de 2002 | |
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La semana en Bariloche: La gran disyuntiva |
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| La suerte del actual gobierno municipal de Bariloche adquirió en las últimas semanas un rumbo preocupante, ya no por la crisis económica y las dificultades para corregir las cuentas públicas sino por la fragilidad y la falta de claridad en las decisiones de los dos estamentos que lo componen. Aliviado por la ausencia temporal de conflictos sociales, la gestión de Alberto Icare debería capitalizar la oportunidad que ofrece esta "tregua" para articular correctivos de fondo y comenzar a exhibir un proyecto de gobierno tangible. La única iniciativa sustancial puesta en marcha -la reforma de la Carta Orgánica- despertó una nueva polémica y reavivó el reclamo de soluciones a la crisis manifestado, en este caso, por el arco político local, que se opone a elegir convencionales constituyentes en medio del proceso electoral nacional. En este nuevo round de disensos, el intendente no es el único responsable. El Concejo que aprobó con presteza inusual la ordenanza que declaró necesaria la reforma -pero con condicionantes de difícil cumplimiento- comparte responsabilidades. La insistencia de Icare en el tratamiento del proyecto de reforma en el fondo resulta funcional a la confusa postura del Deliberante, tanto en éste como en otros temas. Las voces en los pasillos, cargadas de una convicción crítica, raramente se reflejan en las normas que sanciona el Concejo. La aplicación de las ordenanzas demanda cada vez con mayor asiduidad, una interpretación normativa. Una de las más recientes fue la clarificación del "organigrama de emergencia vigente", en la que se apeló al "espíritu del legislador a la hora de votar" para subsanar un error que comprometía el puesto de un funcionario. La reiteración de ambigüedades, textos opacos, superposición de ordenanzas e incumplimientos permitidos, plantea incluso la duda sobre la seguridad jurídica que ofrece a la comunidad la producción legislativa del Deliberante. También es cierto que esta pobreza normativa junto a la demora en el tratamiento de temas gravitantes obedece en gran medida al desempeño de funciones ejecutivas para gestionar soluciones a la proliferación de urgencias de todo orden. Misión que los ediles asumen para subsanar otras ausencias. Esta mezcla de roles y funciones alimenta la gran disyuntiva: legislación versus formas de hacer política. Y es en este lugar donde se enclava la percepción de que el problema en la conducción de la crisis comunal no responde a una cuestión normativa, sino a la idoneidad y la audacia que faltan a la hora de imaginar soluciones. A partir de ese argumento, la urgencia de reformar la Carta Orgánica, presentada como eje para una modificación fundamental en la forma de gobernar, se diluye ante la falta de garantías de que ese cambio llegará con la sanción de la nueva "ordenanza madre". Marcela Berdún |
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